martes, 16 de junio de 2009

ELEVAN INSTANCIA DE NULIDAD CONTRA AUMENTO DE TARIFA ELECTRICA

La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom), respaldada por 34 organizaciones sociales y empresariales, solicitó ayer al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo revocar la resolución No. SIE-44-2009 de la Superintendencia de Electricidad que dispone un aumento de un 6.4% a la tarifa eléctrica.
Pide ordenar al organismo aplicar una reducción de una reducción de un 18%, que se compense a los usuarios de energía por las horas de apagones no justificadas y se aplique la fórmula matemática sugerida por la CDEEE y el Instituto de Energía de la UASD. La presidenta de Fundecom, Altagracia Paulino, depositó la petición en el tribunal en compañía de sus abogados Joaquín Luciano, Magino Corporán y David La Hoz.
Fuente: diariolibre.com/noticias
PUNTO LEGAL RD 2009

C.D. APRUEBA PROYECTOS DE LEYES

La Cámara de Diputados, declaró de urgencia y convirtió en ley, el proyecto que modifica el literal d, del párrafo I, del artículo 309 del Código Tributario, que reduce de 5% a 0.5% la retención sobre los pagos realizados por el Estado y sus dependencias, incluyendo las empresas estatales y los organismos descentralizados y autónomos, a personas físicas y jurídicas, por la adquisición de bienes y servicios en general.

Igual tratamiento recibió el proyecto que deduce del Impuesto Sobre la Renta los gastos educativos en que incurren los padres.

Ambos proyectos fueron consensuados en la Cumbre de las Fuerzas vivas que convocó el Gobierno hace varios meses.

Los diputados acogieron también las modificaciones que el Senado hizo al proyecto que concede una amnistía a los empleadores públicos y privados con atrasos con el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, por lo que si el Poder Ejecutivo no la observa, se convierte en ley.

El Estado acreditará a las empresas que han cumplido, para deducción futura, lo pagado por ese concepto.

Igualmente se declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas, con la enmienda hecha por el Senado, el proyecto que amplía a 18 meses el plazo para que las sociedades anónimas puedan adecuarse a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, cuya entrada en vigencia estaba pautada para el 19 este mes de junio.
También en dos lecturas fueron aprobados los proyectos que crean el Fondo Ecológico Compartido de Sostenibilidad Ambiental, de Víctor Bisonó; el que crea el Servicio Geológico Nacional, el de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, ambos de Pelegrín Castillo y José Ricardo Taveras y el que designa con el nombre de Ney Arias Lora el Hospital de Trauma y Mario Tolentino Dipp el Centro Clínico de la Ciudad de la Salud que se construye, a propuesta de Elpidio Báez.

Donación

Los diputados aprobaron la donación de 90,589.40 metros cuadrados, en la Ureña, Boca Chica, al Arzobispado, representado por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.

Enviaron a comisión tres contratos de préstamos por un monto de US$130.9 millones, recursos que serán destinados a la construcción del acueducto Higüey-Bávaro.


Fuente: Diario Libre d/f 16-6-2009


PUNTO LEGAL RD 2009

lunes, 8 de junio de 2009

Res. 3-2009, aprueba Convenio OIT

Resolución No. 3-09 del 18 de febrero de 2009, aprueba el Convenio sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, adoptado el 15 de junio de 2006, por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en su 95ta. Reunión celebrada en Ginebra, Suiza, el 31 de marzo de 2006. G.O. No. 10506 del 20 de febrero de 2009.-
Fuente: suprema.gov.do
Punto Legal-RD 2009

jueves, 4 de junio de 2009

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 29 LEY 437-06, A FAVOR DEL DERECHO A LA APELACIÓN


Analisis jurisprudencial


Por IVÁN DÍAZ


“…La constitución es clara en su articulo 46, en cuanto manda en cuanto al orden judicial es que todo tribunal o corte en presencia de una ley, resolución, reglamento o acto contrario a la Ley de Leyes invocado en ocasión de un proceso, en cualquiera de las materias de su competencia, puede y debe pronunciar su nulidad, aun no lo hyan promovido las partes, esto es, de oficio…”

El presente estudio pretende no solo reproducir parte de los datos relacionados a la sentencia casada en la Cámara Civil de nuestra Suprema Corte de Justicia, del caso MEEJ, S.A VS ESTADO DOMICANO, LOTERÍA NACIONAL, del pasado 5 de mayo del año en curso, más aún, expresar a grosso modo, el porqué debería desde antes declararse inconstitucional el articulo 29 de la ley 437-06, con relación a la prohibición expresa por parte de dicha ley adjetiva contra la facultad constitucional de recurrir las decisiones judiciales, conforme lo expresa nuestra Suprema Corte de Justicia en la no “muy popular” y promocionada resolución 1920, del año 2003: el bloque de la constitucionalidad.

Sin ahondar a asuntos de fondo del mencionado caso, compartimos el criterio de los altos magistrados, dirigidos por Rafael Luciano Pichardo, en cuanto a que la apelación, reconocida como derecho fundamental de los justiciables (persona física o moral) como la casación y los demás recursos ordinarios y extraordinarios, ya esta prerrogativa está consagrada tanto en el articulo 71 Numeral 2 de nuestra Carta magna, como por el bloque de la constitucionalidad (Res. 1920-2003), y los tratados sobre derechos humanos, específicamente el articulo 25.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José Costa Rica de fecha 22 de noviembre de 1969, aprobada por la resolución Núm. 739 del 25 de diciembre de 1977, debidamente publicada por la gaceta oficial Núm. 9470, del 11 de febrero de 1978, por la SCJ, deben su existencia a la ley, el legislador ordinario si puede limitar y reglamentar el ejercicio de esos recurso y, si lo estima conveniente para determinados asuntos suprimirlos o hacerlos desaparecer, no así al respecto de la apelación y la casación, a los que solo pueden reglamentar.

No está demas recordar que en el año 1999, la SCJ, reglamentó la acción en amparo, por lo que se le dio carta a la ciudadanía a este derecho, que como institución procesal ya había sido reconocido en la citada Convención internacional de 1969: nuestros tribunales tienen el deber constitucional de conocer las apelaciones, y cuando hay oscuridad de la ley, crear jurisprudencias en beneficio del usuario de justica, nunca en detrimento.

(...) “…La constitución es clara en su articulo 46, en cuanto manda en cuanto al orden judicial es que todo tribunal o corte en presencia de una ley, resolución, reglamento o acto contrario a la Ley de Leyes invocado en ocasión de un proceso, en cualquiera de las materias de su competencia, puede y debe pronunciar su nulidad, aun no lo hyan promovido las partes, esto es, de oficio…”. Expresa la Sentencia de fecha 6 de mayo 2009 y publicada en la pagina web oficial de la SCJ.-

En esta innovadora sentencia se puede apreciar que la Corte de Apelación al declarar inadmisible el recurso de apelación “…violó el principio de supremacía de la Constitución y los Tratados, los cuales deben prevalecer siempre sobre la ley…”.

La motivación en derecho sobre el bloque de la Constitucionalidad que nos trae la resolución 1920-2003, es muy importante ya que las violaciones a derechos fundamentales que la norma adjetiva puede traer en sus entrañas,.- muchas veces no son muy percibidas por el legislador- y sus costosas comisiones de estudio, cuando aun no han sido sancionadas.

El caso del articulo 29 de la ley 437-06, que creó por la vía legislativa el mal llamado “recurso de amparo y su procedimiento”, es un ejemplo no deseable, ya que el mismo se opone rotundamente a la prerrogativa constitucional y derechos humanos ratificados por nuestro Estado de Derecho, al ordenar a todos que “….La sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común…”.

Este nuevo fallo jurisprudencial podría catalogarse como una nueva conquista de la doctrina dominica, ya que recientemente se realizó la primera Convención Nacional de Derecho en la UASD, del 12 al 14 del mes de marzo de 2009, organizada por el CEDDAIL RD, donde tanto académicos, investigadores, analistas en línea (Punto Lega RD), jurisconsultos y estudiantes de Derecho de diversas universidades país, presentaron ponencias sobre “Derechos Fundamentales: Reconocimiento, Protección y Garantías”, por lo que en una de las edificantes conferencias realizadas en dicho conclave, fue sobre la violación del derecho sustantivo de apelar las sentencias emanadas por un tribunal de derecho común en materia de amparo, además que hay que tener claro que en cuanto al termino “recurso de Amparo”, el mismo está mal empleado en la ley 437-06, ya que el termino correcto en buena doctrina es “acción en amparo” o reclamación en amparo, ya que al igual que el habeas corpus, es una acción autónoma y conlleva un procedimiento especial, respectivamente.

Gracias a esta nueva sentencia “jurídicamente” ha muerto este abominable artículo 29 de la ley 437-06. Por lo menos eso se espera.

Se espera que la SCJ, siga reproduciendo esta esperada jurisprudencia emanada de su Cámara Civil, para que todos tanto de derecho como de hecho celebremos juntos esta loable decisión judicial.

Bienvenida sea esta tan esperada sentencia.


Bibliografía

1.-
Sentencia de la Cámara Civil SCJ, d/f 6/5/2009, caso MEEJ, S.A VS ESTADO DOMICANO, LOTERÍA NACIONAL; R.D;
2.- Constitución Política (reformada en 2002) R.D.
3.- Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José Costa Rica de fecha 22 de noviembre de 1969;
4.- Resolución 1920-2003 SCJ y Res. 1999 que establece el Procedimiento a seguir en Materia de Acción en Amparo;
5.- Ley 437-2006 sobre acción en amparo, R.D.;
6.- Boletín oficial de la primera Convención Nacional de Derecho: Derechos Fundamentales: Reconocimiento, Protección y Garantías, d/f 14 de marzo 2009, CEDDAL-RD.-



Punto Legal RD, 2009

viernes, 24 de abril de 2009

SERIE JURIDICA VIRTUAL: SIGUIENDO LA ASAMBLEA

TENEMOS A BIEN PRESENTAR UN "PASO A PASO" DE LOS ARTICULOS QUE SEAN APROBADOS EN PRIMERA LECTURA POR "LA ASAMBLEA REVISORA NACIONAL, DE NUESTRA CARTA MAGNA.

Listado no oficial de los artículos aprobados, sin sus numerales.

Artículo 1. El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

Artículo 2. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado. El pueblo ejerce la soberanía por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes.

Artículo 3. La Soberanía de la Nación dominicana, como Estado libre e independiente es inviolable.

La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución.

El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.

La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas.

Artículo 4. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 5. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación dominicana, patria común de todos los dominicanos.

Artículo 6. Todos los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
Artículo 7. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria descentralizada, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes e independiente.

El Gobierno de la Nación es civil, republicano, democrático y representativo. Cualquier decisión que subvierta el orden constitucional sin respetar el procedimiento de reforma establecido en el Título XII de la presente Constitución o que sea acordado por requisición de las Fuerzas Armadas, es nula de pleno derecho.

Artículo 8. El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.

Artículo 9. El Estado se funda en el respeto de la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y su respeto y protección constituyen una responsabilidad fundamental de los poderes públicos.

Artículo 10. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, discapacidad y edad. (Tiene 6 numerales).
Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 12. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. (Tiene 16 numerales).

Artículo 13. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata y tráfico de personas en todas sus formas.

Artículo 14. Toda persona tiene derecho, en todas circunstancias públicas y privadas, a que se respete su integridad física, psíquica y moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de las mismas. (Tres numerales).

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Artículo 16. Se reconoce el derecho a la intimidad y garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada y familiar, el domicilio y la correspondencia. Se reconoce a toda persona el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. (Cinco numerales).

Artículo 17. El Estado garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres.

Artículo 18. Toda persona que se encuentre legalmente en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo con sujeción a las disposiciones legales. (Dos numerales).

Artículo 19. Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley.

Artículo 20. Existe libertad de asociación y de reunión sin armas, con fines políticos, económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, siempre que por su naturaleza no sean contrarias ni atentatorias al orden público, la seguridad nacional y las buenas costumbres.

Artículo 22. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes. (Tres numerales).


SEMANA del 27 al 30 de abril:

Asamblea Nacional aprueba el derecho a la huelga:

numeral 6 fue aprobado y quedó de esta forma: "Se admite el derecho de los trabajadores y de los empleadores al paro o cierre de las empresas privadas siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente y pacíficos. La ley dispondrá las medidas para garantizar la observación de estas normas y establecerá las garantías necesarias para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sin perjuicio de la competencia del Presidente de la República".

La Asamblea Nacional Revisora aprobó el Artículo 50 que establece que "Todas las personas tienen derecho a la salud integral"

También el artículo 51, que dispone "El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado, y promover la concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado".De ese artículo, aunque consagra el derecho de los empleados a la huelga y de los empleadores al paro o al cierre; se rechazó una parte del numeral seis, que proponía prohibir toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional del rendimiento en las labores de las empresas privadas o del Estado. Queda prohibida toda interrupción, entorpecimiento, paralización de actividades o reducción intencional de rendimiento en las labores de las empresas privadas o del Estado que no se correspondan con el derecho enunciado.Quedó este numeral de la manera siguiente: "Se admite el derecho de los trabajadores a la huelga y de los empleadores al paro o cierre en las empresas privadas, siempre que se ejerzan con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales y pacíficos. La ley dispondrá las medidas para garantizar la observación de estas normas, y establecerá las garantías necesarias para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, sin perjuicio de las competencias del Presidente de la República".

El artículo 50 establece en su numeral primero que "El Estado velará por la protección de la salud de todas las personas, el mejoramiento de la alimentación, los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas y de saneamiento ambiental y procurará los medios para la prevención y el tratamiento de todas las enfermedades, dando asistencia gratuita médica y hospitalaria a quienes, por sus escasos recursos económicos, la requieran". Y en el dos, "mediante legislaciones y políticas públicas, el Estado garantizará el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos, y en consecuencia prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores más vulnerables; y así mismo combatirá los vicios sociales con medidas adecuadas y el auxilio de las convenciones de organizaciones internacionales".

EDUCACION.

El artículo 52 quedaría de la siguiente manera:"...Todas las personas tienen derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.1) La educación tiene por objeto el pleno desarrollo del ser humano, a lo largo de toda la vida. La educación busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura y debe orientarse hacia el desarrollo del potencial creativo de la persona. 2) La familia es la principal responsable de la educación de sus integrantes y subsidiariamente la sociedad y el Estado. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. 3) El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. La educación superior en el sistema público será financiada en forma descentralizada por el Estado, de conformidad con lo que establezca la ley. 4) El Estado velará por la calidad de la educación, el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 5) El Estado reconoce la profesión docente como fundamental para el pleno desarrollo de la Educación y de la Nación dominicana, y por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización y dignificación de los docentes. 6) Son obligaciones del Estado, la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales. 7) El Estado debe velar por la calidad de la enseñanza universitaria. Financiará la educación superior pública, de conformidad con lo que establezca la ley; garantizará la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Las universidades podrán escoger sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 8) El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, que favorezcan el desarrollo sostenible y el bienestar humano y la preservación del medio ambiente y apoyará a las empresas e instituciones privadas que inviertan a esos fines. 9) La inversión del Estado en educación, ciencia y tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos o recursos consignados a esta área. 10) Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. 11) El Estado garantiza la libertad de enseñanza y reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación, estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo a las normas y regulaciones que las leyes específicas establezcan. 12) Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos fundamentales y de sus deberes, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas será obligatorio la educación, la instrucción, formación social y cívica la enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos fundamentales.

La Cultura

Las bancadas de todos los partidos representados en el Congreso lograron ponerse de acuerdo y aprobar a unanimidad el artículo 53, con modificaciones sugeridas por el sector empresarial, artístico e industrial, propuestas que fueron presentadas por el asambleísta Manuel Jiménez.Establece que "Toda persona tiene derecho a participar y actuar libremente y sin censura en la vida cultural de la Nación; al pleno acceso disfrute de los bienes y servicios culturales de los avances científicos, la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de los autores e inventores".En uno de sus párrafos se expresa que "se reconoce y protege el derecho a la propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma en que determine la ley, de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes y signos distintivos del intelecto humano".El patrimonio cultural de la nación"El Patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial estará bajo la salvaguarda del Estado.

El Estado garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la nación, cuya propiedad sea estatal, o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables, y dicha titularidad imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio, la Ley regulará la adquisición de los mismos".

6 de mayo:

A continuación el artículo 63 aprobado por la Asamblea Nacional:

Capítulo IV de los deberes Artículo 63. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución presuponen la existencia de un orden correlativo de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. Se declaran como deberes fundamentales los siguientes:

1) Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas.

2) Todo ciudadano dominicano tiene el deber de votar, siempre que esté legalmente capacitado para hacerlo.

3) Toda dominicana y dominicano hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación. La ley reglamentará los Servicios para el Desarrollo exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los dieciséis y veintiún años. Este servicio podrá ser prestado voluntariamente por los mayores de veintiún años.

4) Los habitantes y ciudadanos de la República deben abstenerse de todo acto perjudicial a su estabilidad, independencia o soberanía.

5) Tributar en proporción a su capacidad contributiva o de acuerdo con la ley al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, siendo deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente.

6) Toda persona tiene el deber de dedicarse al trabajo de su elección con el fin de proveer dignamente a su sustento y al de su familia, alcanzar el más amplio perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad.

7) Es obligación de todas las personas que habitan el territorio de la República Dominicana, asistir a los establecimientos educativos de la Nación para adquirir la educación obligatoria en virtud de esta Constitución.

8) Toda persona está en el deber de cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades.

9) Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;

10) Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país garantizando la conservación de un ambiente sano.

11) Es deber de todo ciudadano velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

La Asamblea Nacional aprobó el artículo 61 que establece que "Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos".

Se aprobó además el epígrafe del capítulo III relativo a los principios de aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales.

En ese sentido, se sancionó con una modificación al numeral tres el artículo 62 sobre la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales.Este artículo quedó así:Artículo 62. La interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes:

1) La enumeración de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución no tiene carácter limitativo y, por consiguiente, no excluye otros derechos y garantías de igual naturaleza.

2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad.

3) Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Estado.

4) Los poderes públicos interpretarán y aplicarán las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución.

PUNTO LEGAL 2009

jueves, 19 de marzo de 2009

SCJ APRUEBA REGLAMENTACION PARA FACILITAR EL DESLINDE DE CONSTANCIAS ANOTADAS

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó en fecha 5 de marzo de 2009 el Reglamento para la Regularización Parcelaria y el Deslinde.

El nuevo Reglamento se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial, a través del Programa para la Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria, a los fines de eficientizar y asegurar los procedimientos tendentes al registro propicio de los derechos sobre bienes inmuebles. Procura que los tenedores de Constancias Anotadas puedan, a través de un procedimiento administrativo, sustituirlas por Certificados de Títulos, cuando exista acuerdo de voluntades respecto a la ubicación de los derechos de propiedad.
El control y reducción de las constancias anotadas, ha sido uno de los esfuerzos llevados a cabo en el proceso de reforma y modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria, garantizando con ello la seguridad jurídica y la inversión sobre bienes inmuebles en el país. Mediante la determinación de los derechos registrados se cumplen estos propósitos.

La disposición coadyuvará significativamente a la celeridad de la conversión de Constancias Anotadas a Certificados de Títulos, evitando que sea resuelta mediante el procedimiento judicial contradictorio.

A través del acto de Regularización Parcelaria, se efectúa el levantamiento parcelario por medio del cual, la totalidad de los titulares de Constancias Anotadas, de común acuerdo, determinan sus porciones de parcelas por la vía administrativa. El trabajo técnico debe ser aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, para luego ser remitido al Registro de Títulos competente.

Otro aspecto de la medida, radica en el procedimiento de deslinde, en el que se optimiza el régimen de publicidad del proceso, permitiendo el conocimiento por parte de terceros sobre la existencia del mismo, facilitando el acceso a la justicia y acortando la duración de éste.

Ver Resolución Núm 355-2009

Fuente: Noticias SCJ 2009
www.supremacorte.gov.do

Biblioteca Virtual Punto Legal-RD 2009

miércoles, 11 de febrero de 2009

ACTUALIDAD LEGAL: LEY QUE MODIFICA EL PROCESO DE CASACION, NO. 491-08

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la RepúblicaLey No. 491-08

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de casación consagrado en el numeral 2del Artículo 67 de la Constitución, tiene por objeto censurar las violaciones a la leyincurridas en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales en loscasos autorizados por la ley;
CONSIDERANDO SEGUNDO: Que el recurso de casación constituye un derecho paralos justiciables y una garantía fundamental del respeto a la ley, salvo si una restricción aeste derecho proviene de la misma ley, lo que implica que la supresión de su ejercicio debeser rigurosamente limitado a los casos particulares para los cuales ella ha sido dictada;
CONSIDERANDO TERCERO: Que, sin embargo, el recurso de casación ha venidosiendo utilizado por litigantes que no persiguen otro fin que el de retardar la solución de losasuntos en perjuicio de otros que demandan mayor atención por la cuantía envuelta en losmismos o por la importancia doctrinal del caso, que como la supresión o limitación delrecurso, en estos casos, tiene su fundamento en razones de interés público, en el deseo deimpedir que los procesos civiles que requieren la atención de la Suprema Corte de Justicia,se extiendan y demoren más del tiempo señalado por la ley para su solución.
CONSIDERANDO CUARTO: La iniciativa del diputado Julio César Valentín Jiminián,mediante la cual se modifican los Artículos 5, 12 y 20, de la Ley No.3726, del 29 dediciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifican los Artículos 5, 12 y 20 de la Ley No.3726, del 29 dediciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley No.845, del15 de julio de 1978, para que rijan en lo adelante del modo siguiente:“Art. 5.- En las materias civil, comercial, inmobiliaria, contenciosoadministrativoy contencioso-tributario, el recurso de casación seinterpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que contendrátodos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en laSecretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo detreinta (30) días a partir de la notificación de la sentencia. El memorialdeberá ir acompañado de una copia certificada de la sentencia que seimpugna, a pena de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que seapoya la casación solicitada. Con relación a las sentencias en defecto, elplazo es de treinta (30) días contados desde el día en que la oposición nofuere admisible.
Párrafo I.- Sin embargo, en materia inmobiliaria no será necesarioacompañar el memorial de casación con la copia de la sentencia recurrida,ni con los documentos justificativos del recurso, los cuales serán solamenteenunciados en dicho memorial, de modo que el Secretario General de laSuprema Corte de Justicia los solicite sin demora al secretario del despachojudicial de la jurisdicción inmobiliaria correspondiente, a fin de serincluidos en el expediente del caso. Fallado el recurso, deberá el Secretariode la Suprema Corte de Justicia devolver los documentos al despachojudicial correspondiente.
Párrafo II.- Cuando el Tribunal de Tierras haya ordenado el registro dederechos en forma innominada en favor de una sucesión, la parte quequiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiendo las reglas del derechocomún, pero la notificación del emplazamiento se considerará válidamentehecha en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierrasla representación de la sucesión gananciosa, y en manos de aquellosmiembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso, los cuales deberán obtener la parte interesada por medio de una certificación expedida por la secretaría del despacho judicial correspondiente. Además,el emplazamiento deberá ser notificado también al Abogado del Estado,para que éste, en la forma en que está autorizado hacer el Tribunal susnotificaciones, entere a las partes interesadas de la existencia del recurso decasación, y ésta a su vez, puedan proveer a su representación y defensaconforme a la Ley sobre Procedimiento de Casación.
“No podrá interponerse el recurso de casación, sin perjuicio de otrasdisposiciones legales que lo excluyen, contra:
a) Las sentencias preparatorias ni las que dispongan medidasconservatorias o cautelares, sino conjuntamente con la sentenciadefinitiva, pero la ejecución de aquéllas, aunque fuere voluntaria, noes oponible como medio de inadmisión;
b) Las sentencias a que se refiere el Artículo 730 (modificado por la LeyNo.764, del 20 de diciembre de 1944), del Código de ProcedimientoCivil;
c) Las sentencias que contengan condenaciones que no excedan lacuantía de doscientos (200) salarios mínimos del más alto establecidopara el sector privado, vigente al momento en que se interponga elrecurso. Si no se ha fijado en la demanda el monto de la misma, peroexisten elementos suficientes para determinarlo, se admitirá elrecurso si excediese el monto antes señalado”.
“Art. 12.- El recurso de casación es suspensivo de la ejecución de ladecisión impugnada. Sin embargo, las disposiciones del presente artículo,no son aplicables en materia de amparo y en materia laboral”.
“Art. 20.- La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo,enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquél dedonde proceda la sentencia que sea objeto del recurso.Si la segunda sentencia es casada por igual motivo que la primera, elsegundo tribunal al cual se reenvíe el asunto deberá conformarseestrictamente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el puntode derecho juzgado por ésta, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Cuando la casación se funde en que la sentencia contra la cual se interpusoapelación, no estaba sujeta a este recurso, como también cuando seapronunciada por contradicción de fallos, o en cualquier otro caso en que lacasación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto.
“En uno y otro caso, las partes interesadas podrán proceder a la ejecuciónde la sentencia, cuya validez haya sido reconocida por la Suprema Corte deJusticia.Si la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Suprema Cortede Justicia dispondrá el envío del asunto por ante el Tribunal que debeconocer del mismo, y lo designará igualmente”.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en SantoDomingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los catorce(14) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2008); años 165 de la Independencia y146 de la Restauración.
Cristina Altagracia Lizardo MézquitaVicepresidenta en FuncionesDionis Alfonso Sánchez Carrasco Amarilis Santana CedanoSecretario Secretaria Ad-Hoc.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional,en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, alos dieciséis (16) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008); años 165 de laIndependencia y 146 de la Restauración.
Lucía Medina SánchezVicepresidenta en FuncionesAlfonso Crisóstomo Vásquez Juana Mercedes Vicente MorontaSecretario Secretaria
LEONEL FERNANDEZ
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de laRepública.
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para suconocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la RepúblicaDominicana, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008);año 165 de la Independencia y 146 de la Restauración.
LEONEL FERNANDEZ