BIBLIOTECA DIGITAL "VLRD"

ESCUELA DEL MINISTERIO PUBLICO HACE APORTES A LA DOCTRINA JURIDICA PENAL EN EL 2011

2011-12-20T09:33:00.000-08:00

La Escuela Nacional del Ministerio Público(ENMP), que como entidad adscrita a la Procuraduría General de la República que tiene a su cargo, entre otras funciones, la capacitación de los miembros del Ministerio Público en servicio así como la formación de los aspirantes a ingresar a la Carrera, dentro de sus valiosas acciones institucionales del 2011, hizo la publicación de varias obras jurídicas en materia penal cuyo contenido amplían el catalogo doctrinal y por ende, la cultura Jurídical nacional.

Es importante destacar que varios juristas jovenes presentaron sus obras, llenando espacios de nuestra bibliografía jurídica, que hasta ese momento estaban casi vacios y poco difundidos gratuitamente.

Entre las obras públicadas por la ENMP, en el 2011, estan dos revistas con temas especializados, la nueva ley ogánica, varios ensayos sobre criminología, Derecho Penal y Procesal Penal, que han han sido puesto a la disposición del público en su sitio web, cuyos links directos son los siguientes:

1.- Juicio y Estrategia Probatoria del Ministerio Público
2.-Teoría del Delito (Libro)
3.-Revista ENMP Investigación y Análisis.Año 1 Número 2
4.- Ley Orgánica del Ministerio Público
5. Revista ENMP Investigación y Análisis. Año 1 Número 1
6.- El Principio De Oportunidad (Libro)
7.- Estudios Sobre Criminología (Libro)

Se espera que para el año 2012, esta Escuela siga ampliando la tematíca de sus publicaciones y las siga poniendo gratuitamente a dispoción a toda la Comunidad Jurídica Nacional en su sitio web www.enmp.gov.do .

Desde este espacio web de acción social, aprovecho para desearles de todo corazón, que tengan una feliz navidad y un prospero año 2012!!

Hasta nuestra proxima temporada 3-2012.

Cierre de publicaciones.

VISION LEGAL-RD 2011

SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: SANCION DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL O LEY 76-02

2011-12-12T16:09:00.000-08:00

Proyecto de ley sobre reforma al Codigo Procesal Penal Dominicano

2011-12-12T15:41:00.000-08:00

Tengo a bien presentar en el marco del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, de la seccional del Colegio de Abogados de la Prov. Santo Domingo y la Fundacion Justicia y Transparencia(Octubre-Diciembre 2011), el proyecto de ley que busca reformar 75 articulos de la ley 76-02 que instituye el Codigo Procesal Penal de la Republica Dominicana; el proyecto de ley pero para fines didacticos publicado por el Comisionado de Reforma y Modernizacion de la Justicia(CARMJ) y las imagenes de la sesion donde se conocio dicho proyecto legislativo por la Camara de Diputados, a saber:

1. -Proyecto de Ley sobre reforma a varios articulos al Codigo Procesal Penal de la Camara de Diputados, en formato PDF, hacer clic: Proyecto de Ley sobre reforma a la ley 76-02.

2. Proyecto de ley sobre Reforma al CPP para fines didacticos del CARMJ, en formato PDF(hacer clic).

3. SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: SANCION DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL O LEY 76-02

Cortesia de los sitios web de la Camara de Diputados, el CARMJ y www.Queesnoticias.com.do.

VISION LEGAL-RD 2011

DERECHO DOMINICANO: apuntes y guia de estudio 2011

2011-11-15T13:18:00.000-08:00

La biblioteca digital VISION LEGAL, con el proposito de apoyar a los abogados aspirantes a ingresar a los cursos de fomación de juez de paz del Poder Judicial, los aspirantes a fiscalizadores y defensores públicos, así como a estudiantes de la carrera Derecho y cursos de posgrados, diplomados y maestrias, tiene a bien a presentar la serie Derecho Dominicano: apuntes y guia de estudio correspondientes.

En esta primera entrega presentamos la teoría general del Derecho con los temas siguientes:

1. El ordenamiento jurídico.

2. La Norma.

3. Límites temporales de la eficacia de la norma.

4. Analisis de las Fuentes del Derecho.

5. La Ley.

6. La teoria de la interpretación.

7. Escuelas del Pensamiento Jurídico.

TEORIA GENERAL DEL DERECHO

TEMA I. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

1.1 Diferentes concepciones:

La evolución constante de la sociedad en busca de su bienestar, el desarrollo mental del hombre como consecuencia de su necesidad de progreso, la potencia de renovación humana y todos los factores conducentes a la supervivencia, dan origen a normas de moral, de política, de justicia y de seguridad, dirigidas a la regulación de la conducta recíproca de las personas.

Todo encuentra su fundamento en la característica principal del Ser Humano, ser un ente social, su propia naturaleza lo impulsa a buscar la compañía de seres humanos, y para poder convivir en sociedad es necesario establecer reglamentaciones, de lo contrario, la anarquía y el desorden aniquilarían el desarrollo de la sociedad, de ahí que sea tan necesario crear un orden y que el cumplimiento de ese orden sea obligatorio.

Tales normas dan origen a la ciencia del Derecho y el Ordenamiento Jurídico así logrado, se mantiene mediante instrumentos que hacen posible su cumplimiento y estabilidad aplicando reglas de seguridad social, sancionadas por la autoridad pública que es el elemento de coacción (Betegón).

El Derecho puede ser descrito con el término ORDENAMIENTO, su principal característica es la de formar un conjunto de normas, lo que no tiene porque llevar a identificar el Derecho como sistema Normativo.

El Sistema Normativo es pues: “El conjunto de normas jurídicas, creadas por instituciones y creadores de instituciones y sus derivaciones lógicas, existentes en un determinado momento, susceptibles de ser descompuestas en subsistemas”. (Rafael De Asis Roig)

Nos sigue diciendo De Asis Roig, que ciertamente el Derecho no se compone sólo de normas, sino también de instituciones, órganos, centros de poder, etc., que el Derecho es un sistema normativo y en ese tenor los juristas suelen decir que el Derecho es un conjunto de normas y no sólo normas aisladas, decir que el derecho es una norma, es una afirmación débil, porque no implica que también constituya un sistema o un orden.

Partiendo de la definición de Tarsky: Los sistemas normativos son aquellos sistemas deductivos de enunciados entre cuyas consecuencias lógicas hay al menos una norma. Bien sea la permisión, la prohibición o la obligatoriedad de cierta acción.

En conclusión el ordenamiento jurídico es el sistema jurídico. Es el conjunto de normas generales de las cuales proceden todos los demás elementos del orden jurídico, ejemplo, el Derecho Penal, el Derecho Civil y todas sus divisiones, las leyes. Es la regla de derecho destinada a organizar el funcionamiento de la sociedad.

Este ordenamiento jurídico es que el garantiza el mantenimiento de la unidad de interpretación y de aplicación de las leyes.

Ordenamientos simples y ordenamientos complejos:

Existen dos grandes tipos de sistemas jurídicos:

Ø El Sistema Europeo: En el cual el Juez está subordinado a la ley, su constitucionalidad sólo puede provenir de una Corte especializada;

Ø El Sistema Americano: En el cual el Juez goza de amplios poderes de la interpretación de las leyes.

1. 3 Características del Ordenamiento Jurídico:

En la concepción del derecho como sistema de normas están contenidas una serie de notas, unidad, coherencia y plenitud de presupuestos. No obstante, puede afirmarse que esta concepción opera como idea regulativa que orienta la labor del interprete y propicia por esta vía la reconstrucción de una nacionalidad jurídica, es decir, la concepción del Derecho como ordenamiento funciona como un presupuesto conceptual que condiciona el actuar jurídico, veamos pues:

1.3.1 La Unidad en el Ordenamiento.

El Derecho está compuesto por normas que provienen de órganos y sujetos distintos, sin embargo, esto no excluye su unidad, siempre y cuando sea posible un criterio que permita identificar las normas que pertenecen al Estado.

Para Kelsen, las normas jurídicas no se encuentran en el mismo plano, sino que cabe hablar de normas superiores y de normas inferiores. Desde este punto de vista, las normas formarían parte del ordenamiento por su forma de producción y se relacionarían entre ellas a través del denominado principio de jerarquía formal. Una norma sería válida y, por lo tanto, pertenecería al ordenamiento, si hubiese sido creada por un órgano competente y siguiendo el procedimiento establecido.

Cuanto más arriba se estuviese de la pirámide, más fuerte sería la nota de poder, mientras que cuanto más abajo estuviese más fuerte sería la nota de obligación.

El nivel inferior los constituyen las normas individuales creadas por los órganos aplicadores del Derecho, y que dependen de las leyes, que son las normas generales creadas por el legislador y las normas consuetudinarias, que constituyen el nivel superior siguiente dentro del orden jurídico. A su vez, estas leyes y normas consuetudinarias dependen de la Constitución, que forma el nivel superior del orden legal, considerado como sistema de normas positivas. En el Ordenamiento Jurídico de la República Dominicana podríamos hablar de un nivel superior, compuesto por la Carta Magna y de un nivel inferior, compuesto por las leyes adjetivas.

Desde la perspectiva Kelseniana, la unidad del ordenamiento vendría determinada por una norma fundamental susceptible de ser identificada con la Constitución, que a su vez se apoyaría en otra norma ficticia. Kelsen habla de dos tipos de unidad, uno interno, representado por la Constitución y otro externo, representado por la norma fundante básica, ésta última sería más que nada un presupuesto o una ficción tendente a responder a la pregunta sobre la validez. No obstante, el criterio de la unidad del ordenamiento, puede tomarse haciendo alusión al criterio interno, esto es, a la Constitución.

1.3.2 La exigencia de coherencia:

Según Kelsen, cabe distinguir dos tipos diferentes de sistemas de normas, atendiendo a su fundamento de validez. Un primer tipo es el estático, en el que sus normas valen por el contenido, es decir, una norma es válida en este sistema sí su contenido es conforme al de una norma superior. El segundo tipo es el que denomina como sistema dinámico, contiene una regla que determina cómo deben producirse las normas generales e individuales del orden sustentado en esa norma fundante básica, y según Kelsen, una norma jurídica tiene validez, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuestada.

La exigencia de coherencia es esencial en el Derecho, hasta el punto de que debe constituirse como criterio de identificación e incluso como elemento legitimador. Implica la ausencia de normas contradictorias o incompatibles, o, al menos, la presencia de criterios para solucionar la posible presencia de normas contradictorias.

1.3.3 La Plenitud del Ordenamiento
De manera absoluta, la plenitud llevaría aparejada la existencia de normas que solucionasen, por decirlo de alguna manera, todos los problemas; desde un punto de vista relativo, la plenitud admitiría la existencia de normas especificas en la solución de determinados problemas y la existencia de mecanismos para integrar estos problemas dentro del ordenamiento.

Cuando hablamos de plenitud estamos haciendo referencia a un supuesto carácter del ordenamiento, por lo que su significado sólo podrá proyectarse en el ámbito de validez de este.

Se aclara que la nota de la plenitud se predica del ordenamiento y no de las normas o de las leyes. Se puede afirmar que existen lagunas normativas, pero que el ordenamiento las colma a través de diferentes mecanismos que tienen como resultado la producción o la aplicación de cierta norma. En nuestro ordenamiento, varias normas consagradas por el legislador, coactan al o los jueces para que den respuesta a los litigios que le son planteados, sin pretexto de alegar oscuridad de la ley ante el asunto.

TEMA II. LA NORMA JURÍDICA

2.1 Estructura y caracteres:
Podemos definir la norma como el conjunto de reglas o preceptos que se imponen en la conducta de los seres humanos que viven en sociedad y cuyo cumplimiento puede ser coactivamente (obligatoriamente) exigido en la mayor parte de los casos.

La norma jurídica es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico, es decir, es la regla o precepto que forma parte del Derecho Objetivo. La Norma ordena la conducta humana prescribiendo determinados comportamientos o señalados determinados efectos a los actos humanos.

Las Normas Jurídicas en cuanto son impuestas desde fuera del individuo sometido a ellas son heterónomas. Toda vez que las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta de una persona en relación con otra u otras personas, se dice que caracterizan por su bilateralidad. Y en tanto la aplicación de las normas está garantizada por la actuación del Estado, se dice que aquellas se caracterizan también por su colectividad.

En fin la norma jurídica es una manifestación soberana de la voluntad y entre sus caracteres, amen de los ya citados, podemos mencionar dos:

Ø Exterioridad: No importa la intención que provoca su comportamiento, sino que condena el comportamiento con respecto a sus resultados; y

Ø Bilateralidad: Establece obligaciones, deberes, prerrogativas, facultades y derechos.

Asimismo, hemos escuchado hablar de dos tipos de estructuras dentro del ordenamiento jurídico, a saber:

Ø Estructura Vertical: Según la Escuela Pura del Derecho, de Kelsen, el ordenamiento jurídico se concibe como una pirámide, que está presidida, claro está por la norma constitucional.

Ø Estructura Horizontal: La Escuela de Viena realizó mediciones acerca de la estructura horizontal, que es un orden consecutivo, partiendo de la naturaleza disyuntiva de la norma.

2.2 Clases de Normas Jurídicas:

En una primera clasificación de las normas, podemos presentar las siguientes:

1. Normas generales y normas individuales: Las primeras enlazan la consecuencia jurídica a un tipo penal, en cambio, las individuales se basan en un sector social real descrito;
2. Normas con antecedentes generales e individuales;
3. Normas con consecuencias generales e individuales;
4. Normas categóricas y normas hipotéticas; Las primeras enuncian algo, pura y simplemente, mientras que las segundas enuncian algo bajo condición de que algo ocurra;
5. Normas unilaterales y bilaterales; Las normas jurídicas son bilaterales, ya que configuran derechos y deberes con respecto a diferentes personas;
6. Normas coactivas, supletorias o dispositivas; Son coactivas las normas jurídicas cuando atañen al Orden Público.

Ya en una clasificación más exacta y genérica de las normas jurídicas encontramos aquella que las divide en el siguiente orden:

¨ Normas de Derecho Internacional y Normas de Derecho Interno;
¨ Normas de Derecho Público y Normas de Derecho Privado;
¨ Normas de Derechos Objetivos y Normas de Derecho Subjetivos.

Por otra parte encontramos, navegando en la web, la clasificación que ofrece el autor mexicano Trinidad García, que divide éstas en cuatro ramas:

a. Derecho Constitucional;
b. Derecho Administrativo;
c. Derecho Penal
d. Derecho Procesal;

Mientras que el mexicano García Maynez, las divide en dos grandes grupos, Derecho Público y Derecho Privado, y éste último en siete ramas: normas constitucionales, administrativas, penales, procésales, internacionales, industriales y agrarias.

En fin, como hemos visto, la Norma Jurídica se subdivide en diversas ramas, todas aquellas que integran los Derechos y Deberes de los ciudadanos y que regulan la actividad social.

2.3 Efectos esenciales de las Normas

El incumplimiento de la norma puede dar como resultado el constreñimiento para el cumplimiento de la obligación y la imposición de un castigo al infractor.

Todos tienen que cumplir con la sanción impuesta ante la violación de la norma. En caso contrario, existen los mecanismos para obligar a hacerlo en virtud del aspecto obligatorio del cumplimiento de la ley.

Por los motivos expuestos, es que se dice que el efecto esencial de la norma es el sancionador, derivándose de éste, los efectos de coerción y de coacción, el primero es el efecto que se ejerce sobre el libre albedrío para obligar a cada individuo a cumplir con el deber. Es la obligación de cumplir con lo pactado; mientras que la coacción es la imposición forzada ante el incumplimiento de un deber. Es la imposición del poder imperativo de la ley de cumplir obligatoriamente, ante una situación determinada previamente probada (Franklin García Fermín y Rosalía Sosa).

2.4 Inexcusabilidad de su cumplimiento y error de derecho

Tan pronto como una norma o ley es publicada se vuelve exigible a toda la sociedad, no pudiendo en ningún caso excusarse su incumplimiento.

Si no se cumple con la prestación debida, se le imponen sanciones diversas:

Ø La exigencia de la prestación equivalente a la convenida o en proporción al daño causado;
Ø La imposición de una pena al infractor, la cual puede ser pecuniaria,
Ø La ruptura del vínculo jurídico existente;
Ø La privación de la libertad;
Ø La inhabilitación para ejercer derechos políticos; etc.,

Tal como expone la máxima: “Ignoratia legis, non excusat”, la ignorancia nunca podrá ser alegada como razón justificativa del incumplimiento de la norma jurídica, pero sí podría ser tenida en cuenta para determinar la eficacia de dichos actos o no.

El error de derecho: Consiste en la interpretación equivocada de una regla jurídica: “Se le da un significado, un alcance, un fin, un contenido, un objeto distinto al que en sí entraña”.

Valdez Díaz, señala que el error de derecho es la ignorancia o el conocimiento imperfecto de la ley vigente, el falso conocimiento de una norma o regla jurídica en cuanto a su contenido, existencia, interpretación, aplicación al caso concreto, cuando el sujeto ha decidido realizar un negocio como consecuencia de dicha ignorancia o falso conocimiento.

El error de derecho ha aparecido en la doctrina moderna, en la interpretación extensiva de textos civiles, tomando como antecedentes la admisión del mismo en el Derecho Romano, al menos en algunos supuestos especiales, como el de la mujer, que podía alegar en algunas situaciones ignorancia del Derecho, debido a la situación social a que estaba relegada.

Autores españoles expresan que para que pueda establecerse el error de derecho, es necesario determinar los siguientes aspectos:
a. La espontaneidad, pues de lo contrario estaríamos en presencia de dolo o fraude.
b. El error debe ser esencial, por cuanto la ignorancia o el conocimiento defectuoso de una norma en su contenido, interpretación o existencia debe determinar el consentimiento de las partes;
c. El error debe ser excusable, o sea, que para ser invalidado puede haberse evitado con una diligencia regular.

2.5 Exclusión voluntaria de la ley

Es la posibilidad que tienen las partes a no obligarse conforme a los preceptos legales establecidos o a prescindir de los efectos de ciertas leyes porque le es más beneficioso, siempre y cuando no se trate de una ley de orden público, esto es en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.

Existen normas cuyo carácter es supletorio o interpretativo, en la que las partes pueden sustraerse expresando su voluntad.

Las leyes supletorias o interpretativas de la voluntad se caracterizan porque los particulares pueden excluir su aplicación en sus contratos o convenciones, por ejemplo, en la venta, el artículo 1651 del Código Civil Dominicano, dispone que el precio debe ser pagado en el momento y en el lugar donde la casa es entregada, las partes pueden convenir lo contrario a esta disposición.

2.6 Actos contrarios a la norma imperativa y prohibitiva
Las normas imperativas son aquellas que no pueden ser derogadas por las convenciones entre particulares. Esto así, en razón de que tienen su fundamento en el Orden Público, es decir, en el interés común o colectivo (Art. 6 del C. Civil). Las normas imperativas se encuentran sobre todo en la Constitución de la República y en el Derecho Penal y son obligatorias en virtud de su propia naturaleza.

De un modo explicito o implícito, todas las Constituciones democráticas declaran nulas las leyes, decretos, reglamentos y actos que sean contrarios a sus disposiciones.

La Constitución de la República en su artículo 46 consagra este principio al establecer que: “Son nulos de pleno derecho, toda ley, decreto, reglamentos o acto contrarios a esta Constitución.”

En el estudio y análisis de este tema nos hemos encontrado con dos tipos principales de sistemas para asegurar la Constitucionalidad de las medidas de los poderes públicos, a saber:

a) El Sistema Congresional o Parlamentario, también llamado sistema europeo, por ser el que prevalece en Europa, que niega autoridad a los tribunales para declarar la inconstitucionalidad de los actos legislativos y administrativos. Tal autoridad se reconoce o se reserva a los Congresos Parlamentarios y tiene explicación sobre todo en las naciones de Constituciones flexibles.

b) El Sistema Judicial, propio del Derecho Público Americano, la autoridad para impedir la aplicación de los actos legislativos o administrativos contrarios a la Constitución se confiere explícitamente o se reconoce a los órganos del Poder Judicial.

En nuestro país aplicamos el sistema judicial, es decir, el control de la constitucionalidad esta a cargo del Poder Judicial y se presenta en dos vertientes: el control difuso, a cargo de los tribunales inferiores y el control concentrado, a cargo de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional

2.7 El fraude a la ley
En sentido general la noción de fraude se traduce a la realización de un acto convencional, desconociendo un derecho ajeno o implicando perjuicio a un tercero.

El fraude a la ley consiste en burlar la ley que debe regir las situaciones jurídicas.

El fraude es la negación de derecho, disfrazando la realidad de una situación jurídica. Este tipo de actuación está inspirada en preservar un interés personal, obtener un beneficio ilícito o descargarse de una obligación que incumbe normalmente, a burlar una norma fiscal.

El Fraude puede llegar a ser un delito, como ocurre con la estafa en el Código Penal.

En el derecho internacional privado, la noción del fraude a la ley se considera como un acto que aún siendo válido es sí mismo, se otorga con el propósito de evadir la aplicación de una disposición legal.

La doctrina francesa, le ha dado gran importancia a esta tema, así podemos ver, como Martín Wolfs, nos dice que: “La ciencia francesa apoyándose en un antiguo aforismo: Fraus omnia corrumpit, ha sentado la tesis de toda exclusión fraudulenta de un precepto jurídico, sobre la base de una conexión con el derecho extranjero.

En síntesis se pude decir que los elementos fundamentales de fraude a la ley son:

a) El carácter ilícito del acto o de los actos que realizan para infringir las leyes imperativas:

b) Un resultado absolutamente prohibido por el espíritu de la ley;

Sus requisitos son:

1.) La utilización voluntaria de las reglas de conflicto.

2.) La intención de evadir la norma jurídica material nacional que se traduce en que éste utiliza las reglas de conflictos con el único propósito de evadir las prohibiciones de la ley.

3.) Obtención de resultados ilícitos.

Sus efectos son:

1.) Frustrar la ley:

2.) Es inoponible a los terceros que pudieran ser perjudicados con la virtualidad jurídica que se le atribuye al acto fraudulento.

TEMA III. LIMITES TEMPORALES A LA EFICACIA DE LA NORMA
3.1 Comienzo y fin de la vigencia:

La vigencia de una ley, su tiempo de vida, está comprendida en principio, entre las fechas de su publicación y su abrogación. Por la publicación y el paso del tiempo necesario, estipulado para que se repute conocida, la ley se vuelve obligatoria.

Este principio se encuentra consagrado en la Constitución de la República en su artículo 45, al expresar que las leyes entran en vigencia y son obligatorias para todo el que se encuentre en territorio nacional, o sea ciudadano o extranjero, domiciliados, residentes o transeúntes, una vez hayan transcurridos los plazos indicados por la ley para que se reputen conocidas en cada parte del territorio.

El fin de la vigencia de una ley: Existen textos legales que tienen un término fijado, tal como ocurre con algunas leyes fiscales, vencido el plazo, de pleno derecho la disposición legal queda sin efecto. Comúnmente las normas jurídicas son por tiempo indefinido. El fin de la vigencia de una ley viene dado o resulta de la derogación o abrogación ya sea tácita o expresa y por el término fijado por la misma.

Según Cabanellas: “Abrogación es la derogación total de una ley.” Antiguamente se distinguía la abrogación de la derogación, la primera anulaba o abolía totalmente la ley; la segunda, sólo parcialmente.

3.2 La derogación tácita y la derogación expresa

Tanto la abrogación como la derogación pueden ser expresa, por explicita manifestación de la posterior, o tacita, por incompatibilidad entre dos textos legales, que se resuelve con el principio de que “lex posteriur derogat prioris.” Así que una ley sólo puede ser abrogada o derogada por otra ley.

La derogación constituye en un sentido estricto, la modificación parcial de una ley o costumbre anterior y no la supresión o anulación total de una u otra, más propiamente de la abrogación.

Existen dos clases de derogación:

Ø La expresa, cuando el legislador determina de manera concreta que la nueva norma reemplaza a la anterior o la deja simplemente sin efecto; y
Ø La tácita, resultante de la incompatibilidad entre el precepto nuevo y el antiguo, por disponer ambas sobre la misma materia y en términos contrapuestos.

También constituye una derogación tacita la desaparición de los motivos que han justificado la norma legal; así, una ley de presupuestos queda derogada al vencer el periodo para el cual se había establecido.

Es claro que un texto jurídico, únicamente podrá ser abrogado por otro texto, de igual jerarquía o superior.

La derogación tacita proviene de la incompatibilidad entre los nuevos preceptos y los anteriores, o de la declaración que dispone la derogación de todas las disposiciones que le sean contrarias a la nueva ley.

Cuando el legislador usa una terminología implícita en que expresa su voluntad de abrogar, como por ejemplo: “La presente ley deroga cualquier otra disposición que le sean contraria, Este tipo de abrogación impone una tarea de investigación y en ese tenor es bueno señalar que una ley especial deroga una ley general, pero una ley general no deroga la ley especial.

Es bueno señalar, que la ley derogada, ya sea tácita o expresa, no resucita por la derogación que a su vez se haga de la ley que la derogó. Esto en virtud del principio de que la abrogación de un texto no hace revivir el texto más antiguo salvo disposición del texto.

Por ultimo compartimos la opinión dada por Eduardo Jorge Prats, en su obra de Derecho Constitucional, en la que expresa que la derogación tácita fomenta la confusión legislativa y sume al ciudadano en el desconcierto, al impedirle saber cuál es la norma vigente en determinada materia o asunto.

3.2 La irretroactividad de la ley:
En virtud de lo dispuesto por la Carta Magna(2010), en su artículo 110, señalando que la ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo. Sino cuando sea favorable al que esté subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley, ni poder público alguno, podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación.

Del mismo modo, dispone el artículo 2 del Código Civil Dominicano, que la ley no dispone, sino para el porvenir; no tiene efecto retroactivo.

El principio de la irretroactividad es un principio reconocido antiguamente, y en la mayoría de las naciones que lo poseen, al igual que en la nuestra, en un precepto constitucional, lo que implica el respeto, no sólo en los tribunales, sino igualmente, en el Congreso, por parte de los legisladores.

Este principio se encuentra dispuesto, igualmente, el Código Penal Dominicano, en su artículo 4, que expresa lo siguiente: “Las contravenciones, los delitos y los crímenes que se cometan, no podrán penarse, sino en virtud de una disposición de la ley promulgada con anterioridad a su comisión.”

En nuestro ordenamiento jurídico, tal y como hemos visto, existe una excepción a este principio, que es la situación en la que la ley nueva, no afecta, ni lesiona al que está siendo procesado por una norma, específicamente, a aquellos que se encuentran subjudices, o ya estén cumpliendo condena penal; no importando el tribunal o grado jurisdiccional en que se encuentre el que esté subjudice, pudiendo solicitar en su favor la dulcificación de la acción judicial en su contra, cuando una nueva ley, así lo establezca.

En general, puede decirse que el objeto del principio de la irretroactividad de las leyes es no causar perjuicios, pero no el de no poder conceder beneficios a las situaciones creadas, cuando esto puede obtenerse sin el sacrificio de derechos adquiridos que tengan verdaderamente y no sólo en apariencia, este último carácter.

Por último, sintetizamos afirmando, que la razón de ser de la regla de la no retroactividad se deduce de la autoridad misma de la ley, para que la ley inspire confianza a quienes han de obedecerla, de no ser así la vida jurídica carecería de seguridad.

TEMA IV. LAS FUENTES DE DERECHO:

4.1 Criterios clásicos y planteamientos actuales:

La palabra fuente es usada preferentemente para designar el origen directo y generador de una norma con relación a su procedencia, contemplada desde el punto de vista de la ley o la costumbre.

Los modos de creación del derecho, es decir, sus fuentes, son muy diversas. Históricamente en los modos de creación del derecho se distinguieron dos grandes tipos: El derecho escrito y el derecho no escrito, que es el derecho consuetudinario.

Tradicionalmente para el estudio de las fuentes se estudia su causa productora, es decir su causa material, y su medio de producción, es decir, su causa formal, en ese tenor, las fuentes se dividen en:

Fuentes materiales: Que son los factores y elementos que provocan la aparición y determinan el contenido de las normas jurídicas. Las fuentes materiales están constituidas por este conjunto amplio y complejo de factores morales. Sociales e ideológicos.

Fuentes formales: Son las manifestaciones exteriores de una voluntad dispuesta a crear derecho, a dar nacimiento a una nueva norma jurídica, que proviene de un acto individual o colectivo humano, que la moldea y la hace surgir a la realidad. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina son formas en la que se manifiesta la fuente formal, que es el medio de exteriorización de la voluntad de los creadores del orden jurídico.

Metodológicamente para la investigación de las fuentes del derecho se deben contemplar dos aspectos: Las fuentes directas o primarias y las fuentes indirectas o secundarias.

Tradicionalmente ha existido el criterio de que en las fuentes directas se proporciona, plenamente al sujeto cognoscente, por intermedio de sus sentidos, los datos concretos, sobre el objeto de su conocimiento.

Es en cambio, fuente indirecta, aquella fuente de saber cuyo centro de interés o extensión no coincide con lo que se ha propuesto el investigador.

Las fuentes del Derecho en sentido general se deben contemplar en sus aspectos histórico, social, económico y político, calificables más bien, como fuentes indirectas.

Para el estudio de los criterios clásicos y planteamientos actuales de las fuentes del derecho, debemos estudiar el derecho francés en todo su conjunto, que es una fuente por su repercusión y trascendencia, es por eso que nos remontaremos a las fuentes del derecho francés:

a) El Derecho Romano (derecho escrito). En Francia el derecho romano fue una fuente de importancia, porque este país estuvo dividido en dos regiones, la del derecho escrito y la del derecho consuetudinario. Si bien es cierto que el derecho romano no es fuente de nuestro derecho, porque aquí jamás se han aplicado principios del derecho romano, tal como acontecía en Francia, no menos cierto es, que esto no le resta importancia al conocimiento y estudio del derecho romano, por la influencia que este tuvo en el derecho positivo francés, y la influencia de éste último en la derecho dominicano.

b) El Derecho Consuetudinario: La costumbre era de origen germánico y predominó en el norte de Francia. Era muy variada. Su inconveniente mayor fue la incertidumbre porque dependía de la prueba por parte de quien la abogaba.

c) El Derecho Canónico: Son las normas de derecho que rigen en la iglesia católica. En Francia fue una fuente que valía por sí misma y se aplicaba en los países católicos de derecho consuetudinario y escrito. Este derecho canónico, comprendía varias materias, entre ellas, el matrimonio, los testamentos y algunos contratos sometidos a la formalidad del juramento. Los procesos sometidos al derecho canónico eran juzgados por la jurisdicción eclesiástica. En nuestro país, de acuerdo al Concordato, los dominicanos que contraían matrimonio bajo este régimen se sometían a la ley católica para todo lo relativo a la indisolubilidad, pero a raíz de las fricciones de la iglesia con Trujillo, nuestra Suprema Corte de Justicia decidió que la ley dominicana, tenía primacía sobre el tratado, especialmente cuando descansaba en consideraciones de orden público.

d) Los códigos napoleónicos o códigos de Napoleón Bonaparte, es la obra legislativa más trascendental en la historia moderna y abarca la totalidad del derecho. Este Código es un conjunto de disposiciones que se refieren a una misma materia, dividida en títulos, libros, capítulos, artículos, incisos y párrafos: Este Código Civil Napoleónico, es el más célebre y fue promulgado en el año 1804, derogó todas las costumbres generales locales, los estatutos y los reglamentos, las leyes generales y las ordenanzas.

(Ampliar sobre la actualidad de las fuentes del Derecho Dominicano).

4.2 Los principios informadores del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano:

La adopción de los Códigos franceses es el principal informador del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano.

En cuanto a la adopción de los Códigos franceses en la República Dominicana, el autor Gustavo Adolfo Mejía, divide el proceso de adopción en cuatro etapas:

1.) 1ra. Etapa: Del 1845 al 1855, mediante decreto se dispuso, que todos los tribunales de la República agregaran a esa legislación sus actos y decisiones, siempre que no se opongan a la ley fundamental ni a las leyes dominicanas en vigor, sin que puedan valerse de otra disposición.

2.) 2da. Etapa: Del 1855 al 1861, mediante decreto se autoriza la traducción de los Códigos Franceses, pudiendo éstos hacer modificaciones para acomodarlos a las necesidades, usos y conveniencias del país, en armonía con nuestros principios institucionales.

3.) 3ra. Etapa: 1861 al 1865. Se inicia con los Reales Decretos, mediante los cuales se implanta de nuevo el sistema español, excepto la legislación civil.

4.) 4ta. Etapa: del 1865 al 1884. Se autoriza y ordena la traducción de todos los códigos franceses y que se hagan las enmiendas necesarias para su adaptación al medio dominicano.

Esta última etapa termina o cierra con los decretos del año 1884, en que se promulgan los llamados Códigos Dominicanos. Posteriormente en 1983, el Presidente de la República, con motivo del centenario de la adopción de los códigos franceses en nuestro país, dispuso la actualización de los referidos códigos.

4.3 La Jurisprudencia y las fuentes de derecho:
La jurisprudencia es una fuente apreciable del derecho que consiste en el hábito práctico de interpretar rectamente las leyes y hacer posible su aplicación oportuna a los casos que ocurren, por parte de la Suprema Corte de Justicia.

En la interpretación de las leyes, los tribunales antes de pegarse a métodos que estarían fijados de antemano prefieren inspirarse en conceptos morales, en la equidad, en las necesidades sociales y económicas.

Se define, igualmente, como el conjunto de decisiones de los tribunales y principalmente de nuestro más alto tribunal, la Suprema Corte de Justicia, y se dice que es una fuente indirecta o de interpretación del derecho.

Con motivo de cada juicio, los tribunales pronuncian, con ese fin, resoluciones motivadas, cuyo conjunto constituye la jurisprudencia. Es por esto que entendemos que la jurisprudencia es una fuente de derecho de importancia considerable.

Es conveniente señalar algunos aspectos que se refieren a este tópico:

-Lo establecido en el artículo 4 del Código Civil Dominicano, cuando dice: “Los jueces están en la obligación de juzgar, aún en caso de oscuridad o silencio de la ley”. Lo que obliga al juez a resolver un problema de derecho, debiendo acudir a los precedentes de la jurisprudencia. El Juez crea jurisprudencia desde el momento en que trata de adaptar el texto a un caso no previsto por el legislador.

-El recurso de apelación y el recurso de casación: La apelación y el recurso de casación es la segunda razón por la cual la jurisprudencia constituye una fuente de derecho. Al tener los litigantes la posibilidad de interponer dichos recursos, y siendo el papel de nuestra Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación el asegurar una interpretación uniforme de la ley, las demás jurisdicciones prefieren generalmente someterse a la jurisprudencia antes de ver casadas sus resoluciones o sentencias.

-La dimisión del legislador en materia de derecho privado: Como los legisladores no consagran sino escaso tiempo de estudio a los textos del derecho privado y no se detienen apenas más que en aquellos donde los influjos sociales y políticos llaman su atención; es por esta razón que los tribunales se encuentran obligados a adaptar a las necesidades actuales los textos que han envejecidos y no han sido reformados. Y es justamente en este punto, donde la disminución de las actividades del legislador se compensa necesariamente por la jurisprudencia.

-Consagración de la jurisprudencia por el legislador: Esta cuarta razón obedece a que frecuentemente el legislador se inspira en las jurisprudencias anteriores; y en ocasiones hasta las ha rebasado, al conceder o consagrar en su creación más que lo que dicha jurisprudencia sostenía.
-Métodos de interpretación de jurisprudencia: Debido a la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho, cuando un texto es oscuro, nos preguntamos qué métodos utilizan los tribunales para interpretar la ley. La respuesta es, que los tribunales investigan la voluntad del legislador; y para investigar la voluntad del legislador, el Juez examina primeramente con cuidado el texto mismo de la ley, no solamente la disposición que debe aplicarse, el artículo, sino el capitulo y toda ley, con frecuencia, una disposición no es oscura mas que separada de su contexto. En caso de que ese estudio resulte insuficiente, entonces estos recurren a los trabajos preparatorios, pasa así descubrir el pensamiento del legislador. Cuando la solución de un litigio no esta dada directamente por un texto, los jueces deben al menos partir de un texto legal para situar en él, en cierto modo, la regla a trazar.

4.4 Jurisprudencia ordinaria y constitucional:
Jurisprudencia Ordinaria: Son las decisiones de los tribunales relativas a conflictos jurídicos derivados de la interpretación de las leyes ordinarias, reglamentos y convenciones entre particulares.

Jurisprudencia Constitucional: Son las decisiones de los tribunales relativas a la interpretación de la norma constitucional y a las dificultades de su aplicación, sea por los tribunales apoderados por vía de excepción o por apoderamiento directo ante la Suprema Corte de Justicia.

4.5 La costumbre como fuente del Derecho:
La costumbre es una regla que emana directamente del pueblo, general y permanente, y que está reconocida como obligatoria por la autoridad. ( Josserand).
Se dice, del mismo modo, que la costumbre es un uso que se convierte en regla de derecho, generalizándose poco a poco, y porque el ambiente social, la conciencia popular, llegan a considerarla como obligatoria.

La costumbre es la práctica repetida de un precepto que ha adquirido fuerza de ley; o en el derecho no escrito se ha introducido por el uso. El uso es la causa y la costumbre es el efecto.

El derecho consuetudinario nace de los hechos, de la conducta seguida por el legado que se transmite con el paso de las generaciones y con el convencimiento de que el modo de proceder es libre y no arbitrario sino más bien impuesto espontáneamente por la comunidad en el transcurso del tiempo.

Nos dice Petit, que al lado del derecho escrito, se desarrolla el derecho no escrito, el cual toma su autoridad en el consentimiento tácito del pueblo, que puede hacer la ley, no solamente manifestando en las asambleas su voluntad expresa, sino también, consagrando por un largo uso una institución o una regla de derecho. La costumbre supone además, antigüedad de prácticas, de usos determinados, la creencia, en los regidos por ella, de una fuerza coercitiva.

La costumbre está compuesta por dos elementos: Uno material y otro psicológico:
-El elemento material radica en que la Norma consuetudinaria tiene cierto tiempo y también espacio. Un hecho aislado es impotente para crear una norma obligatoria que también debe abarcar un grupo de personas sin que tenga que abarcar la generalidad de la población.

-El elemento psicológico reside en la creencia del carácter obligatorio de la regla consuetudinaria. Es el aval proveniente de la autoridad que los hombres le atribuyen a la tradición que se revela como una especie de consentimiento tácito a su carácter obligatorio.

Asimismo, se expresa que los caracteres de la costumbre son: La informalidad y la notoriedad. Es informal porque es obra del instinto, y es notoria, pues, se percibe como una generalidad en el accionar de una nación.

Amén de los caracteres ya mencionados, se dice que las características de la costumbre son:

·Es de uso general;
·Posee vigencia continua en determinado periodo de tiempo; y
·Es conocida, al menos por la mayoría;

Siempre que la costumbre se observe en toda la nación, se dice que es general, si sólo es observada en una región o pueblo, se entiende que especial.

4.6 Los principios generales del Derecho:
Son axiomas que se invocan y se pronuncian con valor jurídico al margen de su reconocimiento en un texto legal especifico. Además, están avalados en la conciencia colectiva porque tienen un origen en una parte del derecho natural. No son normas sino ideas capaces de inspirar un conjunto normativo, Su función es completamente distinta a la de las normas. Estas ideas deben ser tomadas en cuenta por el Juez cuando pretenda llenar la insuficiencia o la oscuridad de un texto legal y cuando desarrolla una labor interpretativa, en razón de que las normas concretas solamente son capaces de expresar el real sentido de la ley, tomando como base los principios generales que les han servido de inspiración.

Estas ideas o principios generales inspiran soluciones ante situaciones que no están reglamentadas o resueltas por el derecho positivo. Algunos de estos principios son:

La irretroactividad de las leyes;
La igualdad de todos ante la ley;
Nadie puede ser juzgado sin haber sido oído o citado;
No se puede ser Juez y parte en el mismo proceso;
El error común hace derecho;
La ley del lugar rige las formalidades del acto;
No hay delito o pena sí una ley previa;

Corresponde al derecho internacional haber iniciado la gran apertura de la existencia de los principios generales del derecho, ya que en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38, proclama: Los principios generales del derecho son reconocidos por las naciones civilizadas.

4.7 La doctrina:
Se denomina doctrina a las opiniones emitidas por los juristas, en sus respectivos trabajos u obras. La doctrina, a diferencia del código, de las leyes, de la costumbre y de la jurisprudencia, no es una fuente directa del Derecho, pero puede ser una fuente indirecta (Carlos Romero Butén).

Entre las fuentes indirectas del derecho está la doctrina, y su condición de generadora y vigorizadora del derecho, está fundamentada sin duda, en la intención de los autores jurídicos de exponer el derecho tal como es. Pero muy pocos limitan su intención a eso. Apelando a la conciencia jurídica y a consideraciones prácticas los autores tratan de establecer una cierta interpretación del derecho en la esperanza de que sus pronunciamientos influirán sobre las decisiones jurídicas futuras.

Desde el punto de vista jurídico, la doctrina es en gran medida, medio creador del derecho. Ella orienta, guía, pues recoge el fruto del material de experiencia y la investigación, para ofrecer una serie de ideas tendentes a darle dirección formal.

En fin, podemos denominar doctrina, a la obra de investigación, estudio, y observación, en la que forman criterio sobre determinada materia de derecho, los conocedores de éste, quienes emiten sus opiniones a través de libros, folletos, revistas y periódicos, cuyos criterios tienden a trazar pautas y difundir conocimientos sobre cada particularidad jurídica.

Por eso también, obras doctrinales de derecho, podrían definirse como aquellas en las cuales, los autores ofrecen el fruto de la investigación científicas y sus opiniones sobre la materia, principalmente con el propósito de sentar criterio en relación con determinado aspecto de las ciencias jurídicas. (José Silié Gatón).

Hoy día la doctrina no representa sino un papel indirecto en la creación de las reglas jurídicas. Esto así, porque jamás la opinión de un autor se impone a los tribunales.

TEMA V. LA LEY

5.1 La Ley:

En sentido amplio, significa toda regla social obligatoria establecida por una autoridad competente que se impone al libre albedrío de los hombres, indicándoles lo que debe ser en que forma deben obrar para conseguir una conducta recta.-

Para Louis Joserand la ley es toda regla social obligatoria, formulada por una autoridad competente y que forma parte, tanto por su origen, como por su forma, del jus scriptum.

Sillie Gaton señala que la ley es la norma de conducta dada por una autoridad competente para regular nuestras acciones, igualmente para todos, en el terreno de lo justo.

En sentido lato, es un conjunto de normas jurídicas dictadas por el legislador.

La ley se caracteriza por:

Es obligatoria y sancionadora, su inobservancia lleva envuelta sanciones civiles, penales o administrativas, según fuere el caso
Debe emanar de una autoridad pública. Por su carácter obligatorio, la ley debe emanar de una autoridad que tenga el poder de hacerla respetar.
Es una regla general en su aplicación. Nadie puede alegar desconocimiento de ésta, es igual para todos, sin privilegios.
Es permanente, subsiste indefinidamente sin que termine por su aplicación o ejercicio, es obligatoria desde el día de su nacimiento, hasta el día de su desaparición.
Debe ser oportuna, es decir, satisfacer necesidades efectivas.
Debe ser precisa, enunciar lo que prohíbe y lo que permite
No puede apartarse de los principios de la ley sustantiva, la Constitución
No puede ser modificada ni sustituida sino por otra ley.
No puede ser objeto de renuncia real o absoluta.

5.2 Las manifestaciones de la potestad legislativa:

Según el artículo 38 de la Constitución: tienen Derecho a iniciativa en la formación de las leyes:

a) Los Senadores y los Diputados
b) El Presidente de la República
c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales, es decir, los que conciernen a la organización de los tribunales, su competencia y el procedimiento que debe seguirse ante ellos.
d) La Junta Central Electoral en asuntos electorales.

Prevé nuestra Constitución, que quien ejerza ese derecho, podrá sostener su moción en otra cámara cuando se trate de los senadores y diputados, y en ambas cámaras mediante representantes en caso del Presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral.

Tiene potestad para legislar el poder legislativo, que se ejerce por el Congreso de la República, compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, cuya función es legislar.

La ley, y la ratificación convenios internacionales son manifestaciones de la potestad legislativa.

Cabe resaltar que todo ciudadano tiene derecho a iniciativa, haciendo uso de su derecho de petición ordinaria, lo que no implica que la petición deba ser obligatoriamente sometida o discutida, solo se le da al ciudadano, acuse de recibo.

5.3 El principio de reserva de ley:

El principio de reserva de la ley establece que existen materias las cuales, sólo el órgano legislativo esta facultado a regular, creándose así el orden jurídico respectivo. Por lo tanto, la reserva de la ley aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal.

El principio de reserva de la ley manifiesta exclusividad de competencia del Poder Legislativo para que intervenga sobre determinadas materias, en virtud del mandato de la misma ley, no pudiendo renunciar a ella, pues la potestad legislativa en irrenunciable en materia reservada.

Este principio de reserva de la ley entraña, una garantía esencial de nuestro Estado de Derecho. Su significado último es el de asegurar que la regulación de los ámbitos que corresponden y afectan a los ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de sus representantes.

Según el principio de reserva de la ley, sólo pueden ser contenidos de las leyes los siguientes:

a) La regulación de una libertad;
b) La creación de delitos y sus penas;
c) El establecimiento de impuestos y contribuciones; y
d) La creación de una jurisdicción o de órganos jurisdiccionales

5.4 El Procedimiento Legislativo:

Todo proyecto de ley que pretenda aprobarse deberá iniciarse en una de las cámaras donde se someterá a dos discusiones distintas, con intervalo de un día por lo menos entre una u otra discusión; en caso que el proyecto de ley fuere declarado de urgencia deberá ser discutido en dos secciones consecutivas.

A lo interno de ambas cámaras el procedimiento es el siguiente:

Para el caso de procedimiento ordinario contemplado en los artículos 39 y 40 de la Constitución y 29 al 40 de los reglamentos internos del Senado y la Cámara de Diputados, en la cámara de origen:

1. El proyecto de ley es tomado en consideración por el pleno de la cámara, luego de haber sido incluido en la agenda del día.
2. Se determina si debe ser enviado a la comisión legislativa competente para ser sometida a estudio; si es sometida a estudio.
2.1 La comisión puede llamar a vistas públicas, esto es, invitar a las personas interesadas en el proyecto a emitir sus puntos de vista para edificarla.
2.2 La comisión elabora y presenta un informe al Presidente de la Cámara.
2.3 El presidente de la cámara fija la discusión del proyecto en el orden del día de una próxima sesión.
3. Se lleva a cabo la primera discusión, artículo por artículo, frase por frase y es votado.
4. Luego de aprobarse en una primera lectura dicho proyecto de ley, mediará un día para su segunda discusión.
5. La segunda discusión se lleva a cabo de igual manera que la anterior y es votado.

También tenemos el procedimiento de urgencia, aquel utilizado en los casos en que un interés publico o circunstancias especiales, demandan que un proyecto de ley sea conocido a la mayor prontitud.

En este caso, las dos discusiones se realizaran el mismo día, en la primera sesión el proyecto de ley deberá se declarado de urgencia y en la segunda sesión deberá ser aprobado por el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión, en cumplimiento de la disposición contenida en el artículo 30 de nuestra Constitución.

La declaratoria de urgencia de un proyecto de ley concierne a la cámara donde se originó, y esto en virtud de la independencia de cada una de ellas.

Una vez aprobado el proyecto de ley ya sea por procedimiento normal o por el procedimiento de urgencia, deberá ser remitido a la otra cámara, que se denominara cámara revisora.

El artículo 40 de la Constitución indica, que tan pronto un proyecto de ley es aprobado en cualquiera de las cámaras, pasará a la otra en donde se procederá de igual manera que en la cámara de origen. Si esta cámara le hiciera modificaciones, devolverá dicho proyecto con las observaciones a la cámara en que se introdujo el proyecto de ley. En caso de ser aceptadas tales modificaciones, la cámara enviará la ley al poder ejecutivo; pero si por el contrario la cámara que conoció originalmente del proyecto no aprueba las modificaciones formuladas en la cámara que conoció en segundo término y las rechaza, entonces lo remitirá nuevamente a la cámara de donde proceden las modificaciones, con sus observaciones, si allí son aprobadas las modificaciones, la ley queda aceptada y se enviará al ejecutivo para fines de promulgación y publicación. Si fueren rechazadas las observaciones, se considerara rechazado el proyecto de ley y no podrá ser sometido sino en una próxima legislatura.

El Senado de la República y la Cámara de Diputados adoptaran sus decisiones por mayoría de votos y será necesario un quórum de más de la mitad de sus miembros. Cuando se trate de asuntos declarados de urgencia se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras.

Promulgación: Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si éste no la observase, la promulgará dentro de los 8 días de recibirla. En caso de que la ley haya sido declarada de urgencia en la última cámara que la conoció, deberá ser promulgada en un plazo de tres días.

El Ejecutivo ejecuta la promulgación mediante la emisión de un decreto denominado “Decreto de Promulgación”

La promulgación es el acto del Presidente de la República que da fe de la existencia de la nueva ley y prepara la publicidad de la misma para fines de su ejecución.

La observación de las leyes. El Jefe de Estado esta facultado para observar las leyes que le son remitidas por el Congreso para fines de promulgación y publicación. El derecho de observación que posee el Ejecutivo debe ejercerse en los 8 días de recibida la ley de la cámara que la haya remitido, que es el mismo plazo que dispone para la promulgación, por lo que para las leyes declaradas de urgencia, el plazo se reduce a tres días.

Si el poder ejecutivo observase la ley, la devolverá a la cámara de donde procedió en el termino establecido. Si ambas cámaras respectivamente, la aprobaran nuevamente con el voto de las dos terceras partes del número del total de sus miembros, se considerará como definitiva y el Presidente de la República estará obligado a promulgar y a publicar la ley. Si por el contrario la primera cámara no reúne a favor de la ley, las dos terceras partes del voto, o si reuniéndolos, la segunda cámara no los reúne, la ley debe considerarse desechada por efecto de la observación del Presidente de la República.

La publicación: El artículo 45 de la Constitución manda que las leyes, después de promulgadas, sean publicadas en la forma que la ley determine. Y serán obligatorias, cumplido el tiempo legal para que se reputen conocidas en el territorio nacional.

El ejecutivo publicara las leyes dentro de los 15 días de su promulgación, en la gaceta oficial o en un periódico de circulación nacional, en este ultimo caso, si así lo establece la misma ley, debiendo indicarse que es una publicación oficial.

El plazo para que la ley se repute conocida no esta fijado en la misma constitución; sino en el artículo 1 del Código Civil, según el cual, las leyes son obligatorias al día siguiente de la publicación en el Distrito de Santo Domingo, y al segundo día para los residentes en interior del país.

5.5 Clases y alcance de las mismas:

La clasificación de las leyes se hace necesaria, pues no todas tienen el mismo alcance, naturaleza, importancia, fines o consecuencias.

a) Leyes materiales y leyes formales:

Las leyes materiales son aquellas que establecen normas abstractas y permanentes que regulan un número indefinido de casos; como lo es la ley que rige el transito terrestre en nuestro país; contrario a las leyes formales, que se limitan a medidas particulares, como cuando se otorga una pensión mediante la ley del congreso, se dispone un gasto especial, se otorga un subsidio, etc.

b) Leyes generales y leyes especiales:

Las leyes generales tienen por finalidad regir situaciones corrientes, aplicables a la generalidad de las personas y casos. Normalmente las leyes tienen este carácter, pues son hechas para regular y registrar situaciones generales dentro de la convivencia humana. Mientras que las leyes especiales son creadas para regular situaciones particulares, es decir, van dirigidas a resolver un hecho individual, tal es el caso de la ley que acuerda una pensión.

c) Leyes forzosas y leyes no forzosas:

Son numerosos los casos en que el Derecho señala con carácter obligatorio una determinada conducta que se impone a la voluntad humana, ordenando los actos que considera justos o prohibiendo toda actividad contraria.

Las leyes forzosas abarcan casi todo el campo del Derecho público, pueden ser imperativas y prohibitivas.

Las leyes imperativas son las que imponen una conducta positiva, la ley manda una acción, Ej. La ley relativa al pago de impuesto.

Las leyes prohibitivas, son las que ordenan una conducta negativa, la ley prohíbe una acción, Ej. La ley que regula el porte de armas.

Las leyes no forzosas pueden ser permisivas, supletorias y de interpretación.

Las leyes permisivas son aquellas que permiten a los individuos obrar a su entera libertad, como encontramos en la constitución las normas que permiten trabajar, ejercer toda empresa licita, usar y disponer de la propiedad, etc.

Las leyes supletorias son aquellas que suplen la voluntad no expresada por los contratantes; son dictadas para los casos en que los interesados no hayan regulado particularmente sus Derechos; es obligatoria en el sentido de que se imponen a los individuos que no la han descartado previamente, tal es el caso del régimen de la comunidad legal, el cual se aplica a los bienes de los cónyuges que no han concertado capitulaciones.

Las normas de interpretación tiene por objeto aclarar la voluntad de las partes cuando ella es oscura o deficiente. La voluntad existe, sólo hay que aclararle y asignarles los efectos debidos.

La constitución, los decretos y los reglamentos:

La constitución es un conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones entre los poderes públicos y fija los grandes principios del derecho público del Estado (Henry Capitant)

Es un estatuto jurídico-político que traza o establece los principios generales y fundamentales que norman y reglamentan las relaciones entre gobernantes y gobernados

Es la ley suprema, por tanto son nulos de pleno Derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrario a ella.

El decreto es el término genérico con el cual se designa todas las decisiones del Jefe del Estado y se clasifican en:
Ø Decretos ordinarios, relativos a asuntos administrativos, como el nombramiento de funcionarios y empleados públicos; y
Ø Decretos Leyes, consistentes en la delegación expresa y especial del Poder Legislativo, ante circunstancias excepcionales, a favor del Poder Ejecutivo

El reglamento tiene por objeto legislar sobre materia no prevista en la ley, o desarrollar las normas sentadas en una ley con el fin de facilitar su aplicación; emanan del Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en el artículo 55 inciso 2do de la Constitución, de los Secretarios de Estado y los Síndicos. Se clasifican en:

q Autónomos, cuando versan sobre materias consideradas nuevas;
q Delegados; y
q De Ejecución, cuando versan sobre aspectos relativos a la aplicación de las leyes
TEMA VI. TEORIA DE LA INTERPRETACIÓN

6.1 Teoría de la Interpretación:

Marcial Rubio Correa la define la Interpretación Jurídica como la parte de la Teoría General del Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas cuando su sentido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de la norma.

6.2 Aplicación e interpretación de las normas.

La aplicación de la norma consiste en la solución del caso en virtud de la norma. Se lleva a cabo encuadrando el caso real en el tipo legal y en la consecuencia jurídica de la norma y actualizando luego esta última.
La aplicación del Derecho debe consistir entonces, en la culminación de un proceso lógico mental que se da desde una regla general hasta la adopción de una decisión particular.
La aplicación de las normas jurídicas se presenta, de este modo, como manifestación de la vigencia del derecho, pero el supuesto de hecho de la norma es siempre de carácter general en relación a la descripción del hecho al cual habrá de ser aplicado, por lo que surge entonces, la necesidad de subsumir adecuadamente éste último dentro de aquél, lo que se consigue a través de la interpretación.
La interpretación de las normas siempre está presente al momento de aplicar el derecho, por más que la norma que va ser objeto de interpretación no revista mayor complicación para desentrañar su significación y sentido.
La ley esta destinada a ser aplicada, y por consiguiente a ser interpretada esto así, pues la aplicación implica la adaptación del instrumento legislativo a la práctica y a la realidad y esta adaptación se efectúa por medio de la interpretación.

La interpretación de la norma tiene por meta lograr la fidelidad de la norma ya formulada.

La interpretación de la norma puede ser pública y privada, es pública cuando tiene un carácter oficial, se produce por vía de autoridad y su resultado es obligatorio, y privada o doctrinal, cuando emana de particulares, técnicos y no posee más autoridad que la moral.

La interpretación pública comprende:
· La interpretación por vía o disposición general también denominada interpretación legislativa, que es la interpretación que realiza el legislador y son conocidas como leyes interpretativas.
· La interpretación por vía de decisión especial o interpretación judicial, la cual emana exclusivamente del poder judicial.

Los Tribunales tienen la misión de interpretar las leyes, además de aplicarlas. De la interpretación de los Tribunales den a las normas jurídicas depende la seguridad individual y la certeza de los resultados a los que cada uno puede aspirar.

6.2.1 La interpretación de la Ley en la República Dominicana

La Suprema Corte de Justicia, cuando actúa como Corte de Casación, es el instrumento y la garantía de la unidad de interpretación de la Ley en todo el país.

Nuestro Código Civil, dispone en su artículo 4, “El Juez que rehúsa juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la Ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”; en tal sentido, corresponde a nuestros Tribunales, el papel de interpretación de las Leyes.

Para controlar cualquier disparidad de criterios respecto a la interpretación de la ley, esta la Suprema Corte de Justicia, la cual aunque no tiene en principio facultad de imponer sus criterios a los Tribunales inferiores, mantiene sin embargo, la unidad de interpretación, mediante los fallos que producen en vista de los recursos de Casación que las partes interponen.

Debemos aclarar que en nuestro derecho existe en principio, independencia jurisdiccional, es decir, independencia de interpretar la Ley de parte de los demás Tribunales, ahora, cuando las partes interponen un recurso de casación, si la Suprema Corte de Justicia, entiende que la Ley ha sido mal aplicada, anula (casa) la sentencia recurrida y envía el asunto por ante otro Tribunal similar al que dictó la sentencia casada o anulada, el cual podrá fallar de un modo distinto al criterio de la Suprema Corte de Justicia, pudiéndose interponer de nuevo recurso de casación, ante el cual la Suprema Corte de Justicia, puede volver a casar la sentencia y remitir el caso nuevamente a otro Tribunal de igual naturaleza que aquel del cual procede la sentencia anulada, debiendo este último Tribunal ajustarse al criterio de la Suprema Corte de Justicia, imponiéndose de esta manera su criterio.

6.3 Aplicación analógica.

La analogía consiste en aplicar al supuesto carente de regulación la solución que el ordenamiento sí da para otro supuesto similar.

La analogía es un método de integración y de interpretación jurídicas válido para salvar un vacío legal o para precisar los alcances de una redacción confusa o equívoca de la ley.

El fundamento de la analogía descansa en el instinto profundo de nuestra naturaleza, por el cual experimentamos un deseo de igualdad jurídica y aspiramos a que las mismas situaciones de hecho se rijan por idénticos principios jurídicos.
Podemos distinguir dos clases:
Analogía legis: Cuando un vacío normativo concreto se rellena acudiendo a otra norma concreta y determinada que da una solución extensible al supuesto carente de regulación.
Analogía iuris: Cuando no existiendo norma legal específica que regule un supuesto tan similar al carente de regulación directa y se acude a los principios generales del Derecho.
La diferencia es importante:
· La iuris es técnica de aplicación de principios generales del Derecho (fuente subsidiaria) que solamente se aplican en defecto de la ley o costumbre.
· La legis es una técnica de aplicación de la ley (fuente primaria) y produce la extensión de la aplicación de las leyes antes de acudir a las fuentes subsidiarias.

Para que una norma determinada pueda sea aplicada analógicamente se precisa que haya identidad de razón entre el supuesto contemplado por la norma y el supuesto que se quiere solucionar; Más puede ocurrir, que aún dándose efectivamente estas condiciones, sin embargo el recurso a la analogía se encuentre vedado. Estas restricciones al uso de la analogía requieren de alguna precisión:

ü Por cuanto se refiere a las normas temporales, el problema que se resuelve es de vigencia de la norma, pues parece claro que si una norma se dicta para que afecte a los sucesos acaecidos en un período de tiempo concreto, pasado tan período la norma deja de mantener su vigencia.

ü En lo relativo a las leyes penales, la exclusión de la analogía encuentra su fundamento en la vigencia de los principios de tipicidad y legalidad en materia penal, que imponen que nadie puede ser sancionado por observar una conducta que la ley no ha tipificado como delito o falta.

ü La exclusión de la analogía para las normas excepcionales tiene que ver con que tales normas se caracterizan por suponer excepciones de los criterios generales del ordenamiento jurídico para la normalidad de los supuestos, de donde se inferiría que su contradicción con esos principios las priva de la fuerza expansiva que la analogía representa.

ü Se suele señalar, como campos donde la analogía tampoco debe jugar, las normas prohibitivas, las limitativas de la capacidad de las personas y las limitativas de los derechos subjetivos individuales

6.4 La equidad.

Los aplicadores del Derecho en nuestro sistema jurídico deben aplicar las normas que vienen dadas mediante el sistema de fuentes, sin embargo, en ocasiones, cabe que se resuelva un conflicto encomendando al juzgador de acuerdo con los criterios de justicia que a su entender produzcan la mejor solución.

Cuando se falla un conflicto sobre esta base de la concepción o intuición de lo justo y bueno que pueda tener el aplicador del Derecho se dice que se está fallando en equidad.

También se habla de equidad con otra finalidad, al señalar que “la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas”, es decir, la equidad se emplea como instrumento en la aplicación del ordenamiento, sirviendo para adaptar la generalidad y el rigor de las normas jurídicas a las circunstancias concretas del caso.

6.5 La Exégesis.
La Escuela de la Exégesis se basa en que la interpretación jurídica debe necesariamente consistir en la consulta de la ley como fuente única y exclusiva del Derecho.
Los exegetas sostienen que el Derecho es la ley, que la interpretación de la ley es la averiguación de la voluntad real del legislador y que toda interpretación que no sea tal, debe ser rechazada.
La Escuela Exegética se encierra en la norma legal, El salto a las fuentes materiales está vedado; e inclusive si ella habla de la "intención del legislador" no se refiere sino a la intención manifestada en la misma ley. También se cierra el conducto al Derecho Natural; sólo a través de la analogía se permite acudir a la justicia formal.
Los juristas de la Exégesis se consagraban a su tarea de tratar de limitar el papel del juez al establecimiento de los hechos y a la subsunción de los mismos bajo los términos de la ley. Aplicaban la ley lisa y llanamente: dura lex, sed lex
Para esta escuela, lo fundamental es proponer un método para conocer la voluntad del legislador, fundado en lo siguiente:
o Todo el derecho está contenido en la ley, que expresa la voluntad del legislador, de modo tal que nada quede librado al arbitrio del intérprete.
o El sistema jurídico es cerrado y completo, en el que no existen lagunas.
o Ningún principio jurídico que no esté en los códigos es válido ni aceptable para la interpretación de la norma.
o El legislador es el único creador del derecho, por lo tanto, sólo conociendo su voluntad y su intención al elaborar la ley, es posible interpretar el sentido de la misma. Si el intérprete hiciere algo distinto "usurparía las atribuciones del Poder Legislativo que han sido reservadas a éste por la Nación".
o La ley es el fiel reflejo de la intención del legislador, la cual permanece inalterable en el tiempo.
La tarea del jurista, siempre dentro, obviamente, de la Escuela Exegética, se centra en el análisis de los textos, que se lleva a cabo mediante una tarea de investigación metódica y a partir de tres puntos de vista: el sistemático, el lógico y el gramatical.

6.6 La dogmática.

La Teoría Dogmática no es reconocida por muchos autores que la tratan dentro y como la parte de la Teoría Exegética en la que predominó el racionalismo jurídico.

La Dogmática, si es que no fue una corriente de pensamiento independiente, vendría a ser algo así como la etapa de apogeo de la Exégesis, que adquirió relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XIX y que se caracterizó por su gran influencia racionalista.

Se ha sostenido así, que mientras los antiguos exegetas recurrieron a la investigación mediante un método empírico, es decir la recolección de datos empíricos para determinar las palabras de la ley y la voluntad del legislador como hechos, el dogmatismo rechazó esta tendencia y propuso entender la ley no empíricamente sino objetiva y sobretodo lógicamente, es decir como razón.

Se ha dicho así que mientras la Exégesis persigue encontrar la interpretación correcta a través de la búsqueda de la voluntad del legislador, la Dogmática persigue encontrar lo mismo en el propio texto de la ley.

La exégesis y la dogmática son algo así como una misma línea de pensamiento, en cuanto tienen como base varios principios en común, por nombrar alguno: el respeto ciego a la ley.

La dogmática jurídica cumple en su desarrollo un papel casi contradictorio, puesto que procura completar las lagunas del derecho, ajustar sus incoherencias, a través de ciertas premisas llamadas proposiciones o construcciones jurídicas.
Dichas construcciones jurídicas, son el resultado de un método particular, de operaciones de lógica formal, que comienza con el procedimiento de deducción por medio del cual del análisis de las distintas normas diseminadas en el código y de sus antecedentes se deduce los principios generales; a partir de allí se procede por medio de la inducción para extraer de esos principios generales nuevas aplicaciones para los distintos casos concretos no previstos por la ley.
6.7 La critica.

Es la teoría jurídica predominante en nuestro medio en materia de interpretación jurídica.

Es la aplicación del pluralismo de métodos de interpretación, se trata de un modelo integrado por parte de los postulados de diversas escuelas de interpretación entre las que se encuentran básicamente la escuela de la exégesis, la científica y la histórica

TEMA VII. ESCUELAS DEL PENSAMIENTO JURÍDICO
7.1 Concepciones y sentido del derecho.

Constituyen escuelas del pensamiento jurídico todas aquellas doctrinas que, aunque emitidas aisladamente, propugnan sobre un mismo enfoque el objeto de estudio de las ciencias jurídicas.

Debido a que el plano jurídico es la más de las veces sujeto de interpretación, diversas opiniones subsisten a la hora de abordar el tema de lo que se entiende debe ser el objeto y el método de las ciencias jurídicas.

Es por ello que dichas opiniones se han agrupado a través de Escuelas para poder presentar desde allí sus argumentos y defensas relacionados con el tema. En este sentido encontramos las Escuelas que detallaremos a continuación, esbozando el punto de vista de cada una en la definición del derecho.

7.2 El Formalismo Jurídico.
La tendencia formalista parte de una norma jurídica formulada que es casi siempre un texto legislativo, para cuya interpretación, de acuerdo a la voluntad del legislador, se crean una serie de procedimientos lógicos, un sistema cerrado de conceptos y principios, de lo que se desprende la solución de cada uno de los problemas jurídicos.

El formalismo jurídico llama a la interpretación rígida del texto a aplicar y no da ninguna alternativa a aplicar en caso de oscuridad o vaguedad de la ley.

El formalismo jurídico consiste pues en la aplicación de reglas preexistentes, fácilmente determinables por el buen juez, a través del examen de la letra de la constitución, las leyes y los precedentes establecidos.

El formalismo critica el poder discrecional del Juez en la aplicación de las normas y por el contrario plantea la visión del Juez como un aplicador mecánico del derecho.

El Juez de los Estados Unidos ANTONIN SCALIA representa la posición Formalista más extrema, descartando la discreción judicial, en virtud de que a su entender yendo a las letras de texto, se puede encontrar su sentido original. Para él lo que rige es lo que dice el texto y no la intención del legislador al momento de aprobarlo.

7.3 El Realismo Jurídico.
Esta doctrina surge en los años 30 del siglo XX, constituye una especie de positivismo, pero orientado en el derecho que es, no en el que debe ser. Los realistas distinguieron el derecho de los libros y el derecho de la acción, para ellos lo importante es lo que los jueces hacen y no lo que dicen.

Dentro de sus principales precursores podemos destacar a KAR LLEWELLYN, el cual consideró el derecho como aquello que los funcionarios de la justicia hacen sobre las disputas que surgen en la sociedad.

Es decir, que para este jurista el derecho era la pura decisión emanada no sólo de los jueces, sino también de todas aquellas personas que de una u otra forma inciden en las tomas de decisiones o solución de conflictos jurídicos.

Este filósofo sostenía que las personas no debían preocuparse por tener un sistema de normas coherentes, sino que deben preocuparse del estudio de las controversias y cómo las resuelven los funcionarios a su cargo.

Para él los derechos se miden por sus efectos y sólo existen en la medida que los tribunales los reconozcan. Sostenía que tanto el derecho sustantivo como el adjetivo no tienen existencia propia y que sólo la adquieren a partir de un reconocimiento judicial. Centraba el papel principal de derecho en la conservación del orden social.

Otro partidario de la teoría realista lo fue JEROME FRANK, este filósofo sostenía que el derecho era esencialmente incierto, indefinido y sujeto a cambios incalculables, en virtud de que no hay forma de alcanzar la exactitud con que sueña el público, los abogados y los jueces.

Rechaza este jurista que el derecho fuera estable y cierto, y entendía que los jueces debían legislar e ir más allá de las normas. Para él, el juez adulto, consciente de sus prejuicios y propensidades, y libre de mitos, es la mejor garantía de justicia. Criticando aquellos que sólo se limitan a describir y aplicar las reglas del caso que se le somete.

Este autor rechaza la codificación del derecho como medio de estabilidad y certeza de las normas, bajo el entendido de que éstas (las normas) deben estar sujetas siempre a adaptación, conforme a las alteraciones de la sociedad.

Otro realista fue THURMAN ARNOLD, quien consideró que el derecho debía estudiarse como muestra de pensamiento ya que hay que mirar el mundo como es y no como se quiere que sea. Consideró dicho autor que la función de observador objetivo no es la de crear un sistema de normas, sino producir a lo sumo una serie de observaciones sobre las instituciones que examine.

7.4 El Positivismo
Es la escuela del pensamiento jurídico que establece la necesidad de estudiar el derecho separado de cualquier otra disciplina, es decir sin vinculación con los fenómenos sociales. El positivismo supone que el derecho es lo que se ha promulgado sin tener en cuenta su contenido en concreto respecto a la bondad o maldad moral. Esta escuela ve el derecho como puro mandato y divorciado de la moral y la ética.

El positivismo planteaba que el objeto de estudio de las ciencias jurídicas debía ser el Derecho, pero entendiendo éste sólo como un sistema de normas emanadas de la autoridad con calidad para dictarla y nada más éstas debían ser consideradas como derecho. Esto no quiere decir que los positivistas no dediquen tiempo al estudio de las influencias de los factores morales y sociales en el campo del derecho, sino que trata de que éstos factores sean pocos influyentes en la creación o reformación de las normas.

Es decir pues, que cuando el positivista afirma que el derecho tal y como es, y nada más, constituye el objeto de sus afanes, entiende que el derecho puede ser realmente estudiado como algo separado de la consideración global de los fenómenos sociales.

7.5 El Positivo Metodológico
El positivismo metodológico encuentra su organización con JOHN AUSTIN, jurisconsulto que se encargó de organizar de manera metodológica las distintas teorías existentes sobre el positivismo; este filósofo consideró que el derecho positivo debía ser estudiado fuera de otro tipo de derecho, como lo son los usos sociales (costumbres) y entendía, al igual que los demás positivistas, que el derecho como norma reguladora emanada de la autoridad con competencia para realizarla, era el único derecho.

El positivismo que encabeza AUSTIN entendía que:

-Las ciencias jurídicas solo deben dedicarse al estudio de las leyes positivas con exclusión de cualquier otra disciplina sin preocuparse si son buenas o malas.

-La ciencia jurídica debe concentrarse en la elaboración y sistematización de conceptos.

-Ataca el derecho natural y separa de manera enfática el derecho de la moral o toda otra consideración metaempírica.

-El derecho debe de ocuparse de lo que es y no de lo que debe ser.

Austín consideraba que el Juez tenía que tomar en cuenta exclusivamente el derecho positivo y que éste debía crear derecho en aquellos lugares en que la ley no especificaba o era oscura, dando mayor importancia a éste derecho que al derecho emanado del legislador. Esta sustentación de Austin lo llevó a criticar el principio de la separación de los poderes entendiendo que cada poder ejercía sobre el otro facultades legítimas con exclusividad.

Austín consideró los sistemas jurídicos coherentes y gobernados por la lógica. Resaltó que el derecho o más bien las normas devenían del Estado por lo cual las denominó mandatos soberanos, definiendo así las leyes como mandatos del soberano respaldados por una sanción.

La influencia de los conceptos y métodos elaborados por AUSTIN fueron tan contundentes que hoy día muchos juristas ingleses y de otras naciones; analizan los conceptos jurídicos siguiendo las pautas trazadas por él.

7.6 El Escepticismo
Los jurisconsultos que propinaban esta doctrina consideraban la verdad como algo inalcanzable y el conocimiento como algo imposible. Consideraban las ideas como fantasías producidas por la sensibilidad del hombre, por lo que entendían éstas podían variar de un hombre a otro.

Entendían los escépticos que ni la justicia ni la virtud existían y sostenían además que no habían valores universales ni derecho natural, y que lo que existe son leyes dispersas, costumbres dispersas y algarabías de criterios. Los escépticos entendían que la razón no ayudaba en nada puesto que no daba con la esencia de las cosas.

Indicaban los escépticos que nada era susceptible de pruebas puesto que nunca se llegaría a comprender la naturaleza de las cosas.

Recomendaban la imperturbabilidad como norma de conducta a seguir, aconsejando el no establecimiento de normas y juicios tajantes y sugiriendo la convivencia práctica.

En cuanto al escepticismo de las normas consideraban, que el pensamiento sobre el derecho viene preso de un mito básico, la noción del derecho puede hacerse aproximadamente, estable y cierta, el derecho por el contrario es esencialmente incierto, indefinido y sujeto a cambios incalculables.

Este escepticismo sobre las normas se basa sobre si éstas, en caso de que existan, juegan el papel que les ha sido asignado tradicionalmente. En la medida en que las normas existen son proposiciones generales incapaces de ofrecer una respuesta determinada a la multitud infinita de posibles disputas que pueden aparecer en el curso de la existencia humana.

En cuanto al escepticismo manifestado sobre los hechos enfrentan el problema de la definición del derecho y su contestación es que el derecho es a fin de cuentas lo que los funcionarios de la justicia hacen sobre las disputas que surgen en la sociedad.

Criticaban aceleradamente, en este sentido, el criterio, de que las normas, y no las disputas, componen la parte principal del cuerpo jurídico y que en consecuencia la labor del jurista es ocuparse de ordenar estas reglas en un sistema coherente.

7.7 El Realismo Axiológico
Se ocupó de la valorización del derecho, de buscar una medida para procesar el buen derecho, el que debe ser.

Los realistas norteamericanos contribuyeron a la descripción de lo que verdaderamente ocurre en el curso del proceso decisorio, denunciaron con vigor muchos de los mitos que nublan la versión del proceso, combatieron el entendimiento del derecho como: “simple conjunto de normas”. Le dieron relevancia a la indagación axiológica.

Su teoría se basaba en los valores morales, entendían que las normas debían contener o estar basadas en la moral ya que ellas surgían de la misma sociedad que las votaba.

La Axiología jurídica trata el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuales sean los valores que harán correcto un modelo de derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. Así, en nuestros ordenamientos europeos no existe la pena de muerte, el valor consistente en que "el estado no mate" es fundamental, en los Estados Unidos de América ese valor no existe, allí el Estado puede ejecutar a sus ciudadanos sin que ello sea un disvalor para el conjunto de la sociedad. De todos los valores del Derecho el más importante es el de "justicia", tiene tanta importancia que algunos autores designan a la axiología jurídica como Teoría de la Justicia.

7.8 El Ius Naturalismo
El Ius Naturalismo constituye un conjunto de doctrinas variadas cuyos planteamientos se basan en establecer que el derecho positivo debe ampararse en un conjunto superior de normas o principios que los constituye el derecho natural.

Esta corriente tuvo sus primeros reflejos con ARISTÓTELES y PLATON, quienes se encargaron de fundamentar el derecho natural en la razón, seguidos éstos de SANTO TOMAS DE AQUINO.

Para Aristóteles el derecho natural es distinto de las cambiantes leyes humanas y puede ser descubierto por la razonabilidad de la vida en sociedad. La justicia universal o natural es fundada en la naturaleza humana y es observable en todo tiempo y lugar, o sea para Aristóteles el derecho natural era un derecho estático y cerrado, que no admitía cambios, pero que sin embargo podía ser descubierto por la razón humana.

Para ARISTÓTELES el derecho natural tiene condición de leyes morales, por cuanto pretende guiar la conducta humana en sociedad, es más bien un conjunto de normas no jurídicas.

Santo Tomas de Aquino fue otro precursor del ius naturalismo en la edad media, influenciado su pensamiento por el de ARISTÓTELES; Santo Tomás concebía la razón divina como la ley suprema que debía ser interpretada por la iglesia y el derecho natural como descubierto por la razón, derecho que no podía jamás contradecir la ley divina.

Consideraba Santo Tomás que una ley no sería válida si contradecía en su contenido su código moral superior, de lo cual se deduce que una ley que se pronuncie en contraposición con los principios morales de una sociedad determinada, no podría considerarse como válida.

El Ius Naturalismo en el Siglo XX
En el siglo XX surge una nueva corriente del ius naturalismo cuyo enfoque se centró en determinar que el derecho debía respetar una serie de principios morales, instituyéndose en ese sentido una serie de principios fundamentales, cuyo conjunto, para los partidarios de este ius naturalismo constituye el ideal o aspiración moral.

Esta teoría del derecho natural del siglo XX centra el derecho como de orden procedimental, sin entrar a considerar el derecho natural sustantivo. Definen el derecho como la empresa a sujetar la conducta humana al gobierno de reglas, y entienden los sistemas legales como el producto de esfuerzos sostenidos de lograr determinados propósitos. rechazan la coacción como rasgo característico al derecho, al igual que la estructura estatal.

Esta corriente establecía que para el derecho poseer una autoridad y pueda exigir fidelidad y obediencia, debía contener aunque sea mínimamente un contenido moral.

7.9 Otras Escuelas

7.9.1 El Neopositivismo
Si bien el momento culminante del positivismo se produjo en el siglo XIX, sus postulados siguen vigentes en el siglo XX, a través, por un lado, del neopositivismo y, por otro, de las corrientes sociológicas.

El neopositivismo no sólo admite únicamente la experiencia como fuente de conocimiento, sino que sostiene que las proposiciones científicas solamente son válidas cuando poseen verificabilidad, es decir, cuando se pueden comprobar o verificar experimentalmente.

7.9.2 Radbruch y la Doctrina de la Naturaleza de la Cosa.
Una de las más interesantes manifestaciones del objetivismo jurídico de los últimos decenios es, sin duda, la llamada "doctrina de la naturaleza de la cosa".

De modo primario, lo que se quiere decir, jurídicamente hablando, es que el derecho debe tener en cuenta la realidad ontológica sobre la que va a operar, adaptándose a los datos objetivos de la cosa y al orden metafísico de la naturaleza, de manera que la ley no puede desentenderse de estas constancias evidentes, so pena de conducir a un resultado absurdo o injusto y ser, por ello, inoperante.

En definitiva, la naturaleza de la cosa es, sin duda, una dirección doctrinal del objetivismo jurídico, y en este sentido cabe dentro de una amplia concepción del iusnaturalismo. No obstante, se diferencia del derecho natural en que, mientras éste enraíza el derecho en un principio absolutamente supremo, que está incluso por encima de las relaciones de vida, aquélla, en cambio, busca el fundamento jurídico en el seno de las relaciones, en un orden inherente a las mismas. Lo cual tiene por consecuencia el que, en tanto el derecho natural es concebido como un ordenamiento inmutable, la naturaleza de la cosa adopta necesariamente la forma histórica de esas relaciones de convivencia en cada momento.

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LAS RAZONES FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE LEY DE LAS ZONAS DE TOLERANCIAS O ZONAS ROSA PARA EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCION EN REPUBLICA DOMINICANA

2011-11-04T16:40:00.001-07:00

Desde que la Cámara de Diputados realizó la primera vista pública el 4 de noviembre del 2011 para conocer la opinión de la sociedad civil sobre la introducción del Proyecto de ley mediante el cual se establecen Zonas de tolerancia en la República Dominicana, varios sectores de la sociedad parece no estar de acuerdo sobre la propuesta normativa.

Los diputados responsables (los tres del Partido Revolucionario Dominicano, PRD) y propontentes de introducir el proyecto son Esther Mirelys Minyety, Juan José Morales Cisneros y Eugenio María Méndez, conforme a la misiva recibida el 7 de junio por la secretaria general de dicho organismo del poder legislativo.

Estos representantes del pueblo presentan las razones socio-historicas de tan controversial propuesta, a saber:

1. Definen la prostitución como una práctica o actividad en que una persona tiene relaciones sexuales con otra persona a cambio de dinero. Definición que a nuestro entender superficial, porque no especifico si es entre personas adultas.

2. Señala que este fenomeno tiene implicaciones psicologicos, moral, economico y social. Se les olvidó el caracter historico del "fenomeno socio-jurídico en nuestro país".

3. LAS JOVENES PROSTITUTAS HAN SIDO ABUSADAS SEXUALMENTE EN SU NIÑEZ, por lo general y por eso recurren a tal práctica. Es un factor que aunque investigable es casi imposible de establecer: ¿Que informe de Desarrollo Humano ha lo ha presentado? El factor de margnidad social y economica, aunque se puede tomar en cuenta es muy subjetivo, ya que existen mujeres de clase media, media alta y hasta ricas dedicadas a tal practica milenaria, pero nunca se habla de ellas en los diarios.

4. Se incluye otra generalización: "SON MUJERES QUE POR LO GENERAL TIENEN QUE MANTENER A SUS HIJOS".

5. INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA: EL CARACTER CIENTIFICO. Apesar de que se han hecho investigaciones sobre el tema de la prostitución al respecto en otros paises, oficialmente en nuestro país se desconoce algún informe o estudio, aúnque el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 31° período de sesiones (6 a 23 de julio de 2004), examinó el quinto informe periódico de la República Dominicana (CEDAW/C/DOM/5) y aprobó entre sus las recomendaciones lo siguiente: "El Comité pide al Estado Parte que preste la atención debida al problema de la explotación de la prostitución y a combatir sus causas y recomienda desalentar la demanda de la prostitución. El Comité recomienda que se fomenten medidas que proporcionen a la mujer prostituta alternativas económicas para vivir dignamente. El Comité pide al Estado Parte que tome medidas para proteger a las mujeres que están en riesgo de ser explotadas y que fortalezca las acciones orientadas al combate contra la trata y el tráfico de mujeres y niñas, incluyendo el enjuiciamiento y castigo a los infractores y la prestación de apoyo y protección a las víctimas. El Comité recomienda la introducción de medidas orientadas a eliminar la vulnerabilidad de estas mujeres, en particular de las jóvenes y las niñas, ante los traficantes y explotadores sexuales.". Ver informe completo: Promoción de la Igualdad de Género . Esto es solo parte de las obligaciones contraidas por el Estado en esta materia, que no fue tomado en cuenta en la motivación del anteproyecto de ley, pero que esta disponible para fortalecerla.

6. LOS LUGARES DE CARACTER HISTORICO Y CULTURAL. No se ha hecho el primer estudio serio que sustente esto y se vende la idea de que las prostitutas pobre son debiles morales, que atentan contra la buenas costumbres, ya que ofrecen sus servicios sin importarles el lugar y su significado socio-historico.

7. LAS PROSTITUTAS ATENTAN CONTRA LA FAMILIA Y LA NIÑEZ. Apesar de los exfuerzos de los estados por combatir la prostitución, solo con citar un ejemplo, en la tirania trujillista se penalizó dicha practica y se creó una crisis moral, que en una proxima entrega les voy a presentar.

Los demas conciderandos o razones de la presente propuesta se las dejo a los demas juristas pro-derechos humanos.

VER PROYECTO Y DESCARGAR PROYECTO sobre LEY ZONAS DE TOLERANCIA O ZONAS ROSAS.

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Presidente promulga Ley que modifica Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

2011-07-05T15:48:00.000-07:00

El Poder Ejecutivo promulgó el martes 5 de julio del 2011, la Ley número 145-11 que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales número 137-11, del trece de junio de 2011, previamente sancionada por el Congreso Nacional.

El presidente de la República, doctor Leonel Fernández, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la Constitución, dispuso la promulgación de la citada disposición legal y ordenó que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

En el primero de sus dos considerandos la medida legal plantea que “la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No.137-11, fue promulgada el día trece (13) de junio de 2011, previo acuerdo suscrito con el Partido Revolucionario Dominicano, que tuvo por finalidad, resolver la situación generada con la observación de dicha Ley”.

Asimismo la Ley promulgada por el Poder Ejecutivo, en su artículo uno, refiere que se modifica el Considerando Decimotercero de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, número 137-11, del 13 de junio de 2011, para que en lo adelante se lea como sigue:

“CONSIDERANDO DECIMOTERCERO: Que dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales”.

En otro orden, el artículo dos de la Ley promulgada por el presidente Fernández modifica igualmente los artículos números 12, 13 y 50, así como el 108, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, número 137-11, del 13 de junio de 2011, para que en lo adelante dispongan como sigue:

“Artículo 12.- Presidencia. Sin perjuicio de lo que dispone la Decimonovena Disposición Transitoria de la Constitución, al momento de la designación de los Jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura dispondrá cuál de ellos ocupará la presidencia del Tribunal y elegirá un primer y segundo sustituto, para reemplazar al Presidente, en caso de falta o impedimento”.

De su lado, el artículo 13 fija los requisitos establecidos para ser Juez del Tribunal Constitucional, entre ellos, destaca, ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen; hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; ser licenciado o doctor en derecho; haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público y tener más de treinta y cinco años de edad y menos de setenta y cinco.

Fuente: sitio web Presidencia de la República

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Escrito de Acción Constitucional de Amparo sobre derecho a elegir y ser elegidos

2011-07-04T17:36:00.000-07:00

AL:	Tribunal Superior Administrativo.

Asunto:	Acción Constitucional de Amparo (art. 72 de la Constitución dominicana).

Solicitantes:	Manuel Mateo Calderón, Esteban J. Cuevas Santana, Jonathan Baró Gutiérrez, Yorelbin Rivas Ferreras, Manuel Randolfo Acosta Castillo, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Wagner Vladimir Cubilete García, Pelagio Alcántara, Sourelys Jaquez, Agustín De La Cruz Santiago, Ricardo Pérez, Minerva Batista, Karina Concepción, José Manuel Polanco, Juan Cueto, Ramona Nova, Cariskeyla Peña, Dante Castillo, Hilda Santana, Sandra Castillo, Fiordaliza Recio, Francis Omar Soto, Wendy González, Iván Feliz Vargas, Isidro Vásquez, Gedeon Platón Bautista, Nancy Abreu, Guillermo Peña, Denny Silvestre, Isis De La Cruz Duarte, Héctor García, Aura Suriel Ruiz, Francisco Berroa, Dervio Heredia, Lorenzo Torres, Wilson Díaz, Máximo Rodríguez, Félix Maria Contreras, Aleyda Olmos Lorenzo, Martín Peguero Palacio, Laura Vargas, Félix Castillo Nolasco, Ramón Augusto Veras, Odalys Agramonte, Willquenia Aquino, Omar Álvarez, Felipe Cuevas Rivas, Jesus Manuel Nuñez, Juan Ramón Rodríguez, Nestali Santana, Zunilda Tavarez, Ramón Sención, Shirley Aurich, Francisco Javier Méndez, Paula Margarin, Dalma Díaz, Sonia Hernández, Osvaldo Bonilla Hiraldo, Pedro Frías Morillo, Elvin Ventura, Alba Corona Valerio, Pantaleon Mieses Reynoso, Martha González, Wilson Camacho, Ingrid Rijo Caraballo, Cesar Alcántara Santa, Guadalupe Dionisio, Florentina Carpio, Darío Rodríguez Morla, Pedro Núñez Jiménez, Iván Ariel Gómez, Jorgelin montero Batista, Manuel Edgardo Cuesta, Freddy Ismael García Melo, Ulises Guevara Feliz, Nazario A. Beltre, Carlos A. Piñeiro, Ismael Trinidad Ferreras, Yokasta Báez, Mario Dolores Feliz Acosta, Claudio E. Feliz, Juan Carlos Dotel, Pedro Nicolás Jiménez, Nafys Rivas Matos, Zuleica Marcelino, Esteban J. Cuevas Santana.


Agraviantes:	Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Comité Electoral para la Elección del Consejo Superior del Ministerio Público, Conformado por el Procurador General de la República, Dr. Radhames Jiménez Peña, la Secretaria General del Ministerio Público, Lic. Gladys Sánchez, el Director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Lic. Roberto Santana, y la Directora de Gestión Humana del Ministerio Público, Lic. Rosanna Dalmasi.
Abogados:	Miguel E. Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz y Valentín Medrano Peña.

Anexos:	Instancia depositada en fecha 06 de junio de 2011, ante la Procuraduría General de la República. Carta dirigida al Comité Electoral, depositada en fecha 21 de junio de 2011. Resolución de fecha 22 de junio de 2011 emitida por el Comité Electoral. Publicación de convocatoria de fecha 09 de junio de 2011 realizada por el Comité Electoral en el periódico Listín Diario. Oficios Nos. 0440 y 2510 de fecha 09 de junio de 2011, emitidos por el Procurador General de la República. Acto notarial de comprobación de fecha 29-06-2011. Dos formularios de recepción de de inscripciones de candidaturas para la elección del Consejo Superior del Ministerio Público.

Violaciones	Artículos 22, 39, 69, 74, 110 y 174 de la Constitución de la República.

Honorables Magistrados:

Los representantes del Ministerio Público que suscriben el presente documento, Manuel Mateo Calderón, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0888162-4, Jonathan Baró Gutiérrez, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1370306-0, Yorelbin Rivas Ferreras, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0934851-6, Manuel Randolfo Acosta Castillo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1482277-8, Pedro Inocencio Amador Espinosa, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1003577-1, Wagner Vladimir Cubilete García, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1279452-4, Pelagio Alcántara, Procurador Fiscal del Distrito Nacional adscrito a la Unidad de Antilavado de activos, cédula No. 068-0043026-3, Sourelys Jaquez, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional adscrito a la Unidad de Antilavado de activos, cédula No. 073-0014481-8, Héctor Romero Pérez, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1312781-5, Agustín De La Cruz Santiago, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-05226787-6, Ricardo Pérez, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1402578-6, Minerva Batista, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 053-0028756-1, Karina Concepción, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1391557-3, José Manuel Polanco, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0449312-7, Juan Cueto, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0449312-7, Ramona Nova, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0109847-3, Cariskeyla Peña, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1271629-5, Dante Castillo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1196984-6, Hilda Santana, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No.001-4282281-2, Sandra Castillo, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0081967-1, Fiordaliza Recio, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 047-0047418-4, Francis Omar Soto, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 013-0005464-8, Wendy González, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0988644-0, Nancy Abreu, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-0290960-4 Iván Feliz Vargas, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1229133-1, Isidro Vásquez, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 071-0025748-9, Gedeon Platón Bautista, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 071-0025748-9, Guillermo Peña, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No. 001-1381915-5, Denny Silvestre, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, cédula No.025-0026311-2, Isis De La Cruz Duarte, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1381133-5, Héctor García, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 058-0028195-7, Aura Suriel Ruiz, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0093361-3, Francisco Berroa, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0500123-1, Dervio Heredia, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 020-0012095-2, Lorenzo Torres, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0501286-8, Wilson Díaz, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0954861-0, Máximo Rodríguez, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0937124-5, Félix Maria Contreras, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0034342-5, Aleyda Olmos Lorenzo, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1200807-3, Martín Peguero Palacio, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0548767-2, Laura Vargas, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1320297-2, Félix Castillo Nolasco, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0641742-1, Ramón Augusto Veras, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1186873-3, Odalys Agramonte, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1236010-2, Willquenia Aquino, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0537350-0, Omar Álvarez, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0265285-6, Felipe Cuevas Rivas, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0429253-7, Jesus Manuel Nuñez, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-001-1527168-6, Juan Ramón Rodríguez, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0091035-5, Nestali Santana, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0054449-3, Zunilda Tavarez, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0739526-1, Ramón Sención, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 010-0014054-9, Shirley Aurich, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1631883-3, Francisco Javier Méndez, Procurador Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-0124963-9, Dalma Díaz, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1614106-0, Sonia Hernández, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No. 001-1493843-4, Paula Margarin, Procuradora Fiscal de Santo Domingo, cédula No.001-1074537-9, Osvaldo Bonilla Hiraldo, Procurador Fiscal de Santiago, cédula No. 039-0020514-1, Pedro Frías Morillo, Procurador Fiscal de Santiago, cédula No. 001-1292983-1, Elvin Ventura, Procurador Fiscal de Santiago, cédula No. 092-0012091-4, Alba Corona Valerio, Procuradora Fiscal de Santiago, cédula No. 073-0014186-3, Pantaleon Mieses Reynoso, Procurador Fiscal de Santiago, cédula No. 001-1275239-9, Martha González, Procuradora Fiscal de Santiago, cédula No. 031-0343084-3, Wilson Camacho, Procurador Fiscal de Moca, cédula No. 054-0073759-8, Ingrid Rijo Caraballo, Procuradora Fiscal de La Romana, cédula No.026-0115973-0, Cesar Alcántara Santa, Procurador Fiscal de La Altagracia, cédula No.017-00117704-9, Guadalupe Dionisio, Procuradora Fiscal de La Altagracia, cédula No.028-0008505-8, Florentina Carpio, Procuradora Fiscal de La Altagracia, cédula No.028-0016713-8, Darío Rodríguez Morla, Procurador Fiscal de La Altagracia, cédula No.028-0015499-5, Pedro Núñez Jiménez, Procurador Fiscal de La Altagracia, cédula No.028-0036398-4, Iván Ariel Gómez, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 018-0059619-7, Jorgelin montero Batista, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 018-0035722-8, Manuel Edgardo Cuesta, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 021-0001826-2, Freddy Ismael García Melo, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 018-0022804-9, Ulises Guevara Feliz, Procurador de Corte de Barahona, cédula No. 018-0020214-3, Nazario A. Beltre, Fiscalizador de Barahona, cédula No. 076-0009207-1, Carlos A. Piñeiro, Fiscalizador de Barahona, cédula No. 018-0066513-3, Ismael Trinidad Ferreras, Procurador de Corte de Barahona, cédula No. 069-0003143-3, Yokasta Báez, Procuradora Fiscal de Barahona, cédula No. 019-0001520-5, Mario Dolores Feliz Acosta, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 018-0024173-7, Claudio E. Feliz, Fiscalizador de Barahona, cédula No. 001-0467842-0, Juan Carlos Dotel, Fiscalizador de Barahona, cédula No. 018-0054048-4, Pedro Nicolás Jiménez, Procurador Fiscal de Barahona, cédula No. 018-0041261-9, Nafys Rivas Matos, Fiscalizadora de Barahona, cédula No. 223-0010107-2, Zuleica Marcelino, Fiscalizadora de Barahona, cédula No. 001-1277205-8, Esteban J. Cuevas Santana, Procurador Fiscal de Bahoruco, cédula No.078-0000047-8, quienes tienen como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados Miguel Ernesto Valerio Jiminian, Yipsy Roa Díaz y Valentín Medrano Peña, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos.001-1180290-6, 002-0077888-2 y 001-0668840-1, respectivamente, con estudio profesional abierto en la oficina de abogados VALERIO JIMINIÁN ROA, sita en la Calle Presa de Taveras, no. 465, en el sector el Millón de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, teléfono número (809)537-5371 y fax (809)530-0649, donde hacen formal elección de domicilio los accionantes para todos los fines y consecuencias legales del presente escrito contentivo de acción en amparo de derechos constitucionales, tienen a bien exponer y solicitar, lo siguiente:

I. HECHOS.

Actos y omisiones del Comité Electoral que afectan derechos fundamentales

En fecha 9 de junio de 2011, el Procurador General de la República designo mediante Resolución 0040 a los miembros del Comité Electoral conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Número 133-11.

En fecha 9 de junio de 2011, el Comité Electoral para la elección del Consejo Superior del Ministerio Público convocó a elecciones para el día 6 de junio de 2011 mediante el oficio número 2510. Dicha convocatoria a elecciones fue publicada en esa misma fecha el periódico Listín Diario.

En fecha 15 de junio de 2011, los Procuradores Fiscales Yorelbin D. Rivas Ferreras y Manuel Acosta Castillo inscribieron su candidatura para ser elegidos como miembros del Consejo Superior del Ministerio Público.

En fecha 21 de junio de 2011, Los Procuradores Fiscales Yorelbin D. Rivas Ferreras y Manuel Randolfo Acosta Castillo solicitaron la lista de electores para dichos cargos a lo que no se le ha dado respuesta a la fecha, por lo que se hace imposible conocer quiénes son las personas que participaran en la elección del Consejo Superior del Ministerio Público, es decir, quienes el Comité entiende que son los asambleístas.

5. El Comité Electoral ha emitido una resolución de fecha 22 de junio de 2011, la cual se encuentra colgada en la página web oficial de la Procuraduría General de la República, donde emite criterios que ponen en riesgo el derecho constitucional de elegir y ser elegido de los miembros de carrera del Ministerio publico que ostentan el cargo de Procuradores Fiscales. Esta resolución establece que para la Asamblea del 6 de julio de 2011 sólo tendrán derecho a elegir y ser elegidos los Procuradores Fiscales Titulares y no sus pares que como veremos en el cuerpo de la presente instancia tendrían los mismos derechos.

6. Sin embargo, el Comité Electoral no ha procedido a publicar en la página Web las propuestas de candidaturas depositadas por parte de los Procuradores Fiscales, conforme a lo dispuesto por el artículo 49 combinado con el 114 de la ley No.133-11 orgánica del Ministerio Público.

7. El Comité Electoral ha convocado para la sede de la institución en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, para el día miércoles 06 de Junio de 2011, día laborable para todos los miembros del Ministerio Público, sin manifestar si va a permitir a los fiscales ausentarse de sus funciones o va a proporcionar transporte para los casos de las Fiscalías del interior del país, lo que pone en riesgo el ejercicio de este derecho.

Es en ese sentido, que los solicitantes ven vulneradas sus prerrogativas constitucionales del derecho al voto o a elegir entre sus pares convirtiéndose dicha actuación en una violación a la Constitución de la República.

II. ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

La presente acción constitucional de amparo cumple con los requisitos subjetivos y objetivos de admisibilidad en cuanto a la forma y el fondo. En cuanto a la forma por tratarse de una violación acaecida en fecha 22 de junio de 2011 por parte de la Procuraduría General de la República y el Comité Electoral para el Consejo Superior del Ministerio Público en perjuicio de los Procuradores Fiscales solicitantes por lo que estamos en tiempo hábil para realizar la presente reclamación.

En cuanto a los requisitos subjetivos por tratarse de personas que ostentan la calidad de Ministerios Públicos con el cargo de Procuradores Fiscales que tienen derecho a presentarse en la elección y a elegir entre sus pares por lo que de celebrarse dicha elección en los términos que pretenden la Procuraduría General de la República y el Comité Electoral se conculcarían varios derechos fundamentales.

La presente acción de amparo se interpone por ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Primera Instancia del Distrito Nacional por tratarse de actos administrativos emanados en un ente público “El Ministerio Público” a través de la Procuraduría General de la República y el Comité Electoral para la elección del Consejo Superior del Ministerio Público.

III. DERECHO.

9. El artículo 174 de la Constitución política de la República Dominicana y el artículo 3 de la Ley Orgánica No.30-11 sobre el Consejo Superior del Ministerio Público que entro en vigencia desde el 20 de enero de 2011, el Consejo estará integrado por:

“1) El Procurador General de la República, quien lo presidirá.

2) Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República elegido por sus pares.

3) Un Procurador General de Corte de Apelación o su equivalente elegido por sus pares.

4) Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares.

5) Un Fiscalizador elegido por sus pares.”

Ello significa, según el numeral 4 del texto constitucional y legal antes citado, que tanto el cargo de Procurador Fiscal se contempla para la elección del Consejo Superior como los cargos que le son equivalentes, es decir, que son iguales en estimación y valor en el ejercicio de la función que desempeñan.

10. La ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público establece en uno de sus considerandos, específicamente el segundo, el siguiente criterio: “Que con la creación de este órgano se plantea una profunda reforma de esta institución, desconcentrando la toma de decisiones administrativas de la figura del Procurador General de la República y reduciendo los niveles de verticalidad en la toma de decisiones, completando así el proceso de democratización e independencia interna del Ministerio Público”. Ello indica que el legislador al momento de promulga dicha legislación estimó que la esencia de la creación de un órgano de dirección colegiada y representativa por parte de la Constitución, tiene como razón de ser y fundamento el hecho de que los miembros que conforman la institución sean quienes elijan entre sus pares a los que entiendan deben ocupar una posición en dicho organismo. Tal como lo plantea de manera similar al Consejo del Poder Judicial.

11. El artículo 43 de la Ley No.30-11establece textualmente lo siguiente:

“Artículo 43.- Universo electoral. Salvo el caso de los Procuradores Generales Adjuntos del Procurador General de la República, el derecho a elegir y ser elegido es exclusivo de los miembros de la Carrera del Ministerio Público. A los fines de la integración del Consejo Superior se consideran equivalentes de los Procuradores Generales de Cortes de Apelación y de los Procuradores Fiscales, sus respectivos adjuntos.”

Conforme a esta disposición legal se confirma el criterio racional, lógico y ecuánime que se encuentra en el artículo 174 de la constitución. En el sentido de que, al tratarse de un órgano democrático y colegiado, sus miembros (a excepción del Procurador General) deberán ser electos por sus equivalentes de manera libre e inclusiva, sin ningún tipo de límites, restricciones o exclusiones.

12. Según las disposiciones derogatorias contenidas en la ley antes citada específicamente en su artículo 44, inmediatamente dicha ley entró en vigencia, es decir, luego de su publicación y transcurridos los plazos que establece la constitución, quedó derogada toda disposición legal o reglamentaria que le era contraria, lo que significa que a partir de ese momento fueron adquiridos los derechos de elegir y ser elegidos de manera total.

13. La ley de marras en su disposición Transitoria Sexta establece claramente que para la implementación de la ley sobre el Consejo Superior del Ministerio Público se deberán asegurar los derechos adquiridos de los funcionarios que fueron incorporados a la carrera del Ministerio Público en virtud de la ley 78-03 y los reglamentos.

14. No obstante lo antes señalado, la disposición Transitoria Séptima de la ley 30-11 todavía es más clara cuando realiza un Ajuste de Cargos con relación a los miembros del Ministerio Público y señala que “A partir de la entrada en vigencia de la presente ley se ajustarán los cargos de los miembros del Ministerio Público al desafío constitucional del siguiente modo:” posteriormente, en lo relativo a los cargos de Procurador Fiscal y los Fiscales Adjuntos, el mismo texto legal señala íntegramente lo siguiente:

“ Todo Procurador Fiscal que tenga a su cargo la dirección de una Procuraduría Fiscal o equivalente se considerará que está en el nivel superior del escalafón correspondiente a los Procuradores Fiscales y se mantendrá en sus actuales funciones hasta tanto el Consejo Superior del Ministerio Público lo ratifique, reasigne o ascienda conforme la presente ley.

Todo Fiscal Adjunto pasará a ocupar el cargo de Procurador Fiscal en el nivel del escalafón que determinen las correspondientes evaluaciones en atención a los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio. Las evaluaciones serán coordinadas por la Dirección General de Carrera y la Escuela Nacional del Ministerio Público.”

De acuerdo a esta disposición, a partir de la entrada en vigencia de esta ley sólo existe el cargo de Procurador Fiscal, y dentro de éstos hay titulares, los cuales deberán ser ratificados, reasignados o ascendidos por el Consejo Superior del Ministerio Público conforme a la ley. Y aquellos que no son titulares deberán ser evaluados conforme a las normas que se aprueben posteriormente por el mismo Consejo a los fines de determinar en cual nivel del escalafón le correspondería estar dentro de su cargo de Procurador Fiscal. Ambas situaciones, es decir, la de los Procuradores Fiscales y los Procuradores Fiscales Titulares se determinará mediante un procedimiento interno y administrativo de gestión de la carrera del Ministerio Público, lo cual es un asunto de naturaleza diferente al ajuste de cargos que dicta, dispone y ordena la ley de manera clara y precisa.

15. Además, el (1ro) de Junio de 2011, el Poder Ejecutivo promulgó la ley No.133-11 Orgánica del Ministerio Público, la cual establece en su último considerando “Que la Constitución crea el Consejo Superior del Ministerio Público, lo que exige una reforma que desconcentre la toma de decisiones administrativas del Procurador General de la República y reduzca los niveles de verticalidad en la toma de decisiones, completando así el proceso de democratización e independencia interna del Ministerio Público;” confirmando así el hecho de que, una de las razones que motivo al constituyente y al legislador a crear un órgano de dirección colegiada y representativa a lo interno del Ministerio Público, es hacer, que todos sus miembros tengan la oportunidad de elegir y ser elegidos para desempeñar esos cargos.

16. Esta misma ley No.133-11 que se encuentra vigente, en su artículo 4 establece que: “Estructura interna. El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la República, quien lo dirige, los Procuradores Adjuntos del Procurador General de la República, los Procuradores Generales de Corte de Apelación, los Procuradores Fiscales y los Fiscalizadores. Su órgano de gobierno es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus órganos operativos son la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, la Dirección General Administrativa del Ministerio Público y la Escuela Nacional del Ministerio Público.”, ratificando así la tesis de que al día de hoy sólo existe el cargo de Procurador Fiscal ya ajustado por la ley 30-11 en sus disposición Transitoria Séptima precitada, es decir, el cargo de Fiscal Adjunto no existe desde el 20 de enero de 2011 cuando entro en vigencia dicha ley.

17. La integración del Consejo Superior permanece en esta ley de manera idéntica al texto constitucional antes señalado, es decir, al artículo 174, por lo que en nada varía lo relativo al cargo de Procurador Fiscal. En cuanto éste cargo, la ley citada establece que las Fiscalías se encuentran integradas por un equipo de Procuradores Fiscales y Fiscalizadores que se encuentran bajo la dirección de un Procurador Fiscal Titular, según las disposiciones de los artículos 39 y siguientes, del capítulo III, del Título II, de este instrumento legal que versa sobre la Organización Interna del Ministerio Público.

18. Los artículos 110 (sobre derechos adquiridos) y 111 numeral 4 y 5 (sobre ajuste de cargos) de la ley No.133-11 Orgánica del Ministerio Público hoy vigente, establecen de manera idéntica, respectivamente, a las disposiciones Transitoria Sexta y Séptima de la ley No.30-11 Orgánica del Consejo Superior del Ministerio Público, en cuanto al ajuste de cargos de los Fiscales Adjuntos a Procuradores Fiscales, lo siguiente:

“Artículo 110. Derechos adquiridos. En la implementación de la presente ley se asegurarán los derechos adquiridos de los funcionarios del Ministerio Público que fueron incorporados como miembros de carrera al amparo de la Ley 78-03 y la reglamentación respectiva.

Artículo 111. Ajuste de cargos. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley se ajustarán los cargos de los miembros del Ministerio Público al diseño constitucional, del siguiente modo:

1. Todo Procurador Adjunto del Procurador General de la República que sea miembro de la carrera del Ministerio Público se entenderá que su cargo es el de Procurador General de Corte de Apelación en el nivel superior del correspondiente escalafón y que su actual función es provisional conforme las previsiones de la presente ley. Sus nuevas funciones serán asignadas por el Consejo Superior del Ministerio Público a propuesta del Procurador General de la República. Aquellos Procuradores Adjuntos que no formen parte de la carrera permanecerán en sus funciones hasta que el Presidente de la República proceda a la designación de su reemplazo.

2. Todo Procurador General de Corte de Apelación que tenga a su cargo la dirección de una Procuraduría General de Corte de Apelación o equivalente se considerará que está en el nivel superior del escalafón correspondiente a los Procuradores Generales de Corte de Apelación y se mantendrán en sus actuales funciones hasta tanto el Consejo Superior del Ministerio Público los ratifique o reasigne conforme la presente ley.

3. Todo Procurador General Adjunto de Corte de Apelación que sea miembro de la carrera del Ministerio Público pasará a ocupar el cargo de Procurador General de Corte de Apelación en el nivel inferior del escalafón y se mantendrán bajo la supervisión de su actual superior jerárquico hasta que el Consejo Superior del Ministerio Público autorice la distribución de tareas que corresponda.

4. Todo Procurador Fiscal que tenga a su cargo la dirección de una Procuraduría Fiscal o equivalente se considerará que está en el nivel superior del escalafón correspondiente a los Procuradores Fiscales y se mantendrán en sus actuales funciones hasta tanto el Consejo Superior del Ministerio Público los ratifique, reasigne o ascienda conforme la presente la ley.

5. Todo Fiscal Adjunto pasará a ocupar el cargo de Procurador Fiscal en el nivel del escalafón que determinen las correspondientes evaluaciones en atención los méritos, evaluación de desempeño, capacitación y tiempo en el servicio. Las evaluaciones serán coordinadas por la Dirección General de Carrera y la Escuela Nacional del Ministerio Público.”

19. El artículo 114 de la ley Orgánica del Ministerio Público, hoy vigente, establece:

“Artículo 114. Consejo Superior del Ministerio Público. El Consejo Superior del Ministerio Público, para su primera integración, además del Procurador General de la República, se conformará conforme a la Asamblea que reunirá a quienes al momento de la entrada en vigencia de la presente Ley ostenten los cargos de Fiscalizador, Procurador Fiscal, Procurador General de Corte de Apelación y Procurador General Adjunto del Procurador General de la República.”

Esto indica que, al producirse el ajuste de cargos por una ley anterior como lo es la No.30-11 en su disposición Transitoria Séptima, y habiéndose aclarado quienes son los que se considerarán equivalentes para los fines de la elección del Consejo Superior del Ministerio Público, y más aún, siendo estas disposiciones idénticas y no opuestas a la ley Orgánica del Ministerio Público hoy vigente, es claro, que todos los Procuradores Fiscales poseen el derecho de elegir y ser elegidos ante éste Consejo.

20. En virtud de lo antes dicho, si analizamos las disposiciones derogatorias de la ley No.133-11 Orgánica del Ministerio Público, las cuales textualmente dicen lo siguiente: “Artículo 108. Derogatorias. Esta ley deroga el Estatuto del Ministerio Público, establecido mediante Ley 78-03 y cualquier otra ley o reglamento que se le oponga expresa o tácitamente.”, según éste texto legal sólo serán derogadas las leyes que se le opongan de manera expresa o tácita a dicha ley, lo que en el caso de la especie indica que en todo lo relativo al ajuste de cargos de los Fiscales Adjuntos a Procuradores Fiscales no existe oposición, sino todo lo contrario, son descripciones y disposiciones iguales, equivalentes, que van en una misma dirección. De igual manera, lo planteado por el artículo 43 de la ley No.30-11, sobre quienes se consideran equivalentes para la elección del Consejo.

21. Es necesario señalar que la intención del constituyente y del legislador ha sido que prevalezca la democracia y la representatividad en el órgano de dirección del Ministerio Público, tal como lo hizo con el Consejo del Poder Judicial, donde el 98% de los jueces del país pudieron ejercer el sagrado derecho de elegir y ser elegido, en un ejercicio democrático ejemplar, transparente y abierto a todos los jueces.

22. El artículo 114 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, no entra en contradicción con la Ley 30-11, ya que esta última dispuso el ajuste de cargos de aquellos que se denominaban Fiscales Adjuntos y los asimilo a Procuradores Fiscales de igual manera que lo hace la Ley 133-11, esto con la finalidad de que se pudiera ejercer el derecho de elegir y ser elegido ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y para establecer como uno de los escalafones dentro de la Carrera del Ministerio Público, el de Procurador Fiscal.

23. El Ministerio Público tiene el reto futuro de establecer en cuales niveles dentro de los escalafones serán designados los que en la actualidad desempeñan las funciones de Procuradores Fiscales, proceso que puede durar hasta dos años, y que de ninguna manera pone en duda el cargo que ostentamos y desempeñamos. Esto implica, que en la actualidad tenemos Procuradores Fiscales y Procuradores Fiscales Titulares, por lo que tenemos las mismas prerrogativas dentro de la institución para ejercer el derecho de elegir y ser elegidos, conforme al principio democrático contenido por la Constitución dominicana, el Bloque de Constitucionalidad y las leyes que rigen al Ministerio Público.

Derechos constitucionales en riesgo de violación o amenazados

24. El artículo 174 de la Constitución política de la República Dominicana, establece claramente que el Consejo estará integrado por:

“1) El Procurador General de la República, quien lo presidirá.

2) Un Procurador Adjunto del Procurador General de la República elegido por sus pares.

3) Un Procurador General de Corte de Apelación o su equivalente elegido por sus pares.

4) Un Procurador Fiscal o su equivalente elegido por sus pares.

5) Un Fiscalizador elegido por sus pares.”

En el caso de que no se les permitiera a los Procuradores Fiscales ejercer el derecho de elegir y ser elegido ante este órgano colegiado, representativo y democrático, se estaría violando este mandato constitucional.

25. La Constitución dominicana en su artículo 22, el derecho de elegir y ser elegido para los cargos que establece ella misma, en principio es una prerrogativa que poseen todos los ciudadanos, y solamente se pierde o se suspende conforme a lo que establecen los artículos 23 y 24 del mismo texto, por lo que cualquier forma de limitación o interpretación adversa al ejercicio de éste derecho en perjuicio de las personas que lo poseen, sería contrario a la norma constitucional, y por ende absolutamente nulo, conforme al artículo 73 de nuestra carta magna.

26. En adición a esto, y más contundente aún lo es en el artículo 74 numeral 4 que indica que: “Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizarlos bienes e intereses protegidos por esta Constitución”, lo cual significa que en caso de ameritarse interpretación a las disposiciones legales y constitucionales envueltas en el caso de la especie, deberá hacerse aplicándolas en el sentido más favorable a los derechos adquiridos por parte de los miembros del Ministerio Público de elegir y ser elegidos para integrar legítimamente y legalmente su órgano colegiado, representativo y democrático de dirección.

27. Finalmente, la acción realizada por la Procuraduría General de la República y el Comité Electoral también contravienen los siguientes derechos constitucionales de los solicitantes:

(a) El Derecho a la Igualdad (art.39), “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad (…) condición o personal (…)”. En caso de continuar con el proceso, los Ministerios Públicos suscribientes no estarían siendo tratados de manera igualitaria para la conformación del Consejo tal cual lo establecen las legislaciones correspondientes y la Constitución de la República;

(b) El Derecho al debido proceso (art.69, numeral 10) el cual hace vinculante el debido proceso a las actuaciones administrativas, como la especie, que desconoce que la convocatoria del Consejo del Ministerio Público, al no convocar a todos sus miembros debidamente según lo estipulado en las legislaciones correspondientes;

(c) Violación al principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 110 de la Constitución, el cual establece: “Que la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este subjudice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán alterar o afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”. En la especie, se manifiesta con la vulneración de los derechos adquiridos por los fiscales una vez estos fueron nombrados, y luego ratificados en sus posiciones por las legislaciones correspondientes.

IV. MEDIDA PRECAUTORIA.

Suspensión del proceso electoral inmediata.

28. El artículo 86 de la Ley Sobre Procedimiento Constitucional establece que:

“El Juez apoderado de la acción de amparo puede ordenar en cualquier etapa del proceso a petición escrita o verbal del reclamante o de oficio la adopción de las medidas urgentes que, según las circunstancias se estimen más idóneas para asegurar provisionalmente la efectividad del derecho fundamental alegadamente lesionado, restringido, alterado o amenazado.

Párrafo I. Para la adopción de las medidas precautorias el Juez tomará en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable que acarrearía la demora.

Párrafo II. Las medidas precautorias adoptadas permanecerán vigentes hasta el dictado de las sentencias sobre la acción de amparo. Sin embargo, en cualquier estado de causa si sobrevienen circunstancias nuevas el Juez podrá modificar o revocar las medidas previamente adoptadas.

Párrafo III. Las sentencias dictadas sobre las medidas precautorias sólo pueden ser recurridas junto con las sentencias que sean rendidas sobre la acción de amparo.”

29. Honorable Magistrado, el día 6 de julio de 2011, el Comité Electoral intenta celebrar la asamblea eleccionaria en perjuicio de los fiscales que suscriben la presente instancia. En caso de dicha situación acaecer estarían vulnerados los derechos constitucionales de los Procuradores Fiscales a elegir y ser elegidos. Es en ese tenor, que solicitamos encarecidamente la suspensión provisional de las elecciones hasta tanto no sea conocido el fondo del presente recurso de amparo.

30. Esta suspensión evitaría la violación de los derechos constitucionales de los solicitantes y por ende la conculcación de los derechos fundamentales.

V. PRUEBAS

1. Instancia depositada en fecha 06 de junio de 2011, ante la Procuraduría General de la República con lo que probaremos que los fiscales suscribientes informaron al Comité Electoral y Procurador General de la República que conforme a la constitución y las leyes tenemos el derecho a elegir y ser elegidos ante el Consejo Superior del Ministerio Público.

2. . Oficios Nos. 0440 y 2510 de fecha 09 de junio de 2011, emitidos por el Procurador General de la República con lo que probaremos la constitución por parte del Procurador General de la República de los miembros del Comité Electoral y que este último emitió una convocatoria.

3. Publicación de convocatoria de fecha 09 de junio de 2011 realizada por el Comité Electoral en el periódico Listín Diario con lo que probaremos que la Asamblea del 6 de julio de 2011 fue convocada para dicha fecha y de manera pública.

4. Carta dirigida al Comité Electoral, depositada en fecha 21 de junio de 2011 con la que probaremos que los Procuradores Fiscales candidatos solicitaron el listado de votantes para la asamblea de electores del 6 de junio de 2011 y a la fecha no se la ha dado respuesta.

5. Resolución de fecha 22 de junio de 2011 emitida por el Comité Electoral con la que probaremos la posición adoptada por el Comité sobre quienes tienen derecho al voto en la asamblea del 6 de junio y que conculcan los derechos de los solicitantes.

6. Acto notarial de comprobación de fecha 29-06-2011, instrumentado por el Notario Público Lucas Odalis Ferreras con el que probaremos que en la página Web de la Procuraduría General de la República se encuentra colgada la Resolución de fecha 22 de junio sin número que limita el derecho a elegir y ser elegidos de los suscribientes.

7. Dos formularios de recepción de candidaturas a los Procuradores Fiscales Manuel R. Acosta Castillo y a Yorelbin Rivas Ferreras, con los cuales probaremos que la Procuraduría General de la República recibió las candidaturas.

VI. PETICIONES.

Por las razones y motivos antes expuestos, los representantes del Ministerio Público que accionan en el presente amparo, por conducto de sus abogados constituidos, una vez asignada una sala para el conocimiento del mismo, tienen a bien solicitar formalmente lo siguiente:

Primero: Declarar buena y valida en cuanto a la forma la presente acción constitucional de amparo, por haberse realizado conforme a las normas vigentes.

Segundo: Suspender de manera cautelar y preventiva la convocatoria realizada por el Comité Electoral para la elección Consejo Superior del Ministerio Público, de fecha 09 de junio de 2011, con el fin de elegir el Consejo Superior del Ministerio Público en asamblea para el 06 de Julio de 2011, hasta tanto sea decidido o fallado el fondo de la presente acción de amparo que pretende hacer valer el derecho de todos los miembros de carrera del Ministerio Público a elegir y ser elegidos, ante este órgano colegiado, democrático y representativo de dirección institucional.

Tercero: En cuanto al fondo Anular la resolución sin número fecha 22 de junio de 2011, emitida por el Comité Electoral conformado por el Procurador General de la Republica, Dr. Radhames Jiménez Peña, la Secretaria General del Ministerio Público, Lic. Gladys Sánchez, el Director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Lic. Roberto Santana, y la Directora de Gestión Humana del Ministerio Público, Lic. Rosanna Dalmasi, donde se desconoce el derecho de elegir y ser elegido de los Procuradores Fiscales de carrera ante el Consejo Superior del Ministerio Público.

Cuarto: Reconocer el derecho constitucional de todos los representantes del Ministerio Público de carrera a elegir y ser elegidos ante el Consejo Superior del Ministerio Publico, consecuentemente, Ordenar al Comité Electoral conformado por el Procurador General de la Republica, Dr. Radhames Jiménez Peña, la Secretaria General del Ministerio Público, Lic. Gladys Sánchez, el Director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Lic. Roberto Santana, y la Directora de Gestión Humana del Ministerio Público, Lic. Rosanna Dalmasi, que incluyan como miembros de la Asamblea de Electores a todos los representantes del Ministerio Público que ostentan el cargo de Procuradores Fiscales de carrera, conforme al ajuste de cargos operado mediante la ley No.30-11 en su disposición transitoria séptima y el artículo 43, la cual fue refrendada por la ley No.133-11 actualmente en vigencia, en sus artículos 4,110 y 111.

Quinto: Ordenar al Comité Electoral para la elección del Consejo Superior del Ministerio Público, que ponga a disposición de cualquier parte interesada en el proceso de elección, el padrón o listado de miembros que componen la Asamblea de Electores convocada en fecha 09 de junio de 2011 por dicho Comité, mediante comunicado publicado en el periódico Listín Diario de la misma fecha.

En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de Junio del año dos mil once (2011).

Fuente: http://jonathanbaro.blogspot.com/2011/06/accion-constitucional-de-amparo.html

VISION LEGAL-RD 2011

CASO GONZÁLEZ MEDINA Y FAMILIARES VS. REPÚBLICA DOMINICANA

2011-06-29T18:01:00.001-07:00

Tengo a bien multiplicar la Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictada el 3 de junio de 2011, la cual propongo a los estudiosos del Derecho Internacional Público. Hacer clic en Resolución CIDH 3-6-2011.

Fuente: www.corteidh.or.cr

VISION LEGAL-RD 2011

NOVEDAD LEGAL: JUNIO 2011

2011-06-28T19:30:00.000-07:00

En este mes el Poder Ejecutivo promulgó tres leyes de gran impacto social tanto para el sistema de justicia como el tributario; así como para servicio público de Educación.

Estas tres normativas son:

-Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público;

-Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; y

-Ley 139-11. Que busca aumentar los ingresos tributarios y destinar mayores recursos en Educación.

VISION LEGAL-RD 2011

ANALISIS INTRODUCTIVO AL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DOMINICANO

2011-05-13T17:30:00.000-07:00

A manera de introducción tengo a bien presentar este breve introito del proyecto de ley que descansa en la Cámara de Diputados(al momento de esta públicacion), y que nos fuera facilitada gracias a la solicitud de documentos públicos que le hizo a la Oficina de Acceso a la Informacion(OAI), de dicha institución pública, el 13 de mayo 2011 y respondida conforme por un servidor el 25-5-2011.

Con este analisis introductorio, solo pretendo abrir el debate nacional sobre el tema en cuestión, sin dejar de expresar nuestro criterio jurídico-doctrinal.

Analisis critico de una reforma

La modificación del Código Civil, uno de los más persistentes reclamos de la sociedad en los últimos 10 años, comenzó a hacerse realidad desde la noche del 12 de mayo, cuando la Cámara de Diputados aprobó la pieza en primera lectura y a unanimidad.

Se recuerda que la pieza necesita de una segunda lectura en la Cámara Baja. Se plantea que este nuevo proyecto, que busca modificar el Código Civil de la República Dominicana, para que sea actualizado para adaptarlo a los cambios que se han venido produciendo en las relaciones socioculturales de la nación.

Por un lado varias novedades como la unión marital de hecho, la incorporación de la violencia como causal de divorcios, la inclusión del ADN como prueba de filiación, el contrato de construcción de inmuebles, la incorporación de la Ley 306 Bis que rige el divorcio; pero por otro este proyecto de la ultraderecha dominicana, no contempla ni las uniones civiles de homosexuales y lesbianas, pero tampoco los prohibe de manera expresa, existiendo la posibilidad de que pueda incluirse en los siguientes debates de la Cámara a opinión de uno de los legisladores o legisladoras.

También la capacidad del cónyuge supérstite para heredar y muchos aspectos que van a hacer del Código Civil una herramienta moderna, que tendrá que fortalecer la seguridad jurídica como la disposición que viene a regular cuando la venta es simulada por un contrato de préstamo, que era una demanda de los sectores campesinos.

De acuerdo al informe presentado por la comisión especial, las modificaciones abordan temas como la clasificación de las personas, los actos del estado civil, los ausentes, el matrimonio, divorcio, la unión marital de hecho, la filiación, la minoría de edad, tutela y emancipación.

También la distinción de los bienes, las sucesiones, pago de las donaciones entre vivos, los testamentos, los contratos o las obligaciones convencionales, el pago, la cesión de bienes, el acto bajo firma privada, el juramento, los compromisos que se hacen sin convención y la responsabilidad por productos defectuosos.

Para concluir(por el momento), hago un llamado a la sociedad civil para que se mantenga en constante observación de este proceso historico, que despues de más diez años ha sido retomado por la Cámara de Diputados, para que se legisle con la debida participación ciudadana y así se obtenga un Código, legalmente consensuado y adaptado a nuestra realidad que mucho a cambiado desde 1884.

Nota: PROYECTO DE LEY "CODIGO CIVIL DOMINICANO" ., FAVOR DE HACER CLIC: INFORME DE COMISION

Fuente: Cámara de Diputados.

VISION LEGAL-RD 2011

Informe Ejecutivo Ley 31-11 Modifica La Ley Sociedades

2011-04-12T17:16:00.000-07:00

INFORME EJECUTIVO: Ley No. 31-11 que introduce nuevas modificaciones a la Ley No. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. G. O. No. 10605 del 10 de febrero de 2011.

Por Licdo. Iván Díaz

El pasado 9 de febrero del 2011 fue promulgada la ley 31-11 que introduce sustanciales modificaciones a la ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Tambien el pasado 13 de Febrero asistí al Panel sobre la presente ley en la sede de la FUNGLODE.

Tengo a bien presentarle a la comunidad juridica nacional un resumen de la normativa: especialmente sus novedades.

Entre los aspectos mas relevantes de tal modificación se encuentran: . 1) Incorporación de un nuevo tipo societario, Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). Estas sociedades se formaran por el acto de voluntad de dos o más personas. No podrán, las SAS emitir valores de oferta pública. Los estatutos de este tipo social determinaran libremente la estructura orgánica de la sociedad y las normas que rigen su funcionamiento sobre la base de la libertad contractual. Solamente podrán emitir acciones nominativas y su capital social autorizado mínimo se fija en la suma de RD$3,000,000.00.

2) Dispone que, en su operación y actividades locales, las sociedades extranjeras (off shore) estarán sujetas a las leyes dominicanas.

3) Elimina la disposición de que la distribución de dividendos dispuesta en asamblea general deba realizarse en un plazo máximo de nueve (9) meses. Vale decir que no es necesario, dentro de tal plazo, entregar los beneficios a los accionistas o aplicarlos a aumento del capital suscrito y pagado;

4) Permite que las sociedades realicen avances a dividendos, a condición de que la sociedad haya obtenido beneficios los dos últimos años;5) Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), amplía el derecho de utilizar, además del nombre de uno o varios socios, adjetivos de fantasía o, libremente, cualquier nombre o apelativo, sin restricción;

6) Establece la posibilidad de crear cuotas sociales preferidas al tiempo que simplifica el régimen de trasmisión de cuotas sociales;

7) Respecto a la facultad del Ministerio de Industria y Comercio de ajustar el monto mínimo del capital social, limita tal potestad a la condición de que el índice de precios al consumidor sufra una variación superior al 50% sobre la última revisión anual efectuada.

8) Para el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), establece la obligación de que en todas las convenciones, actas, facturas, membretes y documentos sujetos a registros públicos, aparezca señalada la denominación social, domicilio, número de registro mercantil (RM) y su Registro Nacional del Contribuyente (RNC). Anteriormente esta exigencia era únicamente para las Sociedades Anónimas. Tal previsión significa que toda la papelería impresa de la sociedad debe cumplir con tales requisitos;

9) Reconoce la figura de un Consejo de Gerentes para el caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada;

10) Modifica el mandato de los Comisarios de Cuentas para que sean elegidos por un periodo de dos (2) ejercicios sociales. Tales Comisarios podrán ser, además de Contadores, otros profesionales como Administradores de Empresas, Finanzas o Economía. Deroga la previsión de que los Comisarios de Cuentas deban asistir a las reuniones del Consejo que conozca sobre el informe de la gestión anual;

11) El tiempo de convocatorias a Asambleas Generales Ordinarias se redujeron de veinte (20) días a solo quince (15) días;

12) En el caso de las sociedades anónimas, la designación de los cargos en el Consejo de Administración (Presidente, Vicepresidente, Secretario, etc.) que correspondía a dicho Consejo, que, una vez elegido, distribuía los cargos entre ellos mismos, pertenece asignarlos en lo adelante a la propia Asamblea General Ordinaria;

13) La limitación de hasta cinco (5) mandatos de administración parauna sola persona física desparece, y por tanto, no hay restricción.

14) Cualquier reclamo sobre asambleas, nulidades, etc., prescribirán en dos (2) años, en lugar de los 3/5 anos preexistían, suprimiendo incertidumbres perjudiciales a las sociedades y sus accionistas;

15) Finalmente, la ley 31-11 otorga un plazo de ciento ochenta (180) días adicionales, a partir del 09 de febrero del 2011 para que todas las sociedades agoten su procedimiento de transformacion o adecuación.

Referencia: Ley 31-11, haz clic en Ver Documento Adjunto

BIBLIOTECA DIGITAL

VISION LEGAL-RD 2011

NUEVAS LEYES: PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO Y TRIBUNAL ELECTORAL

2011-01-28T13:47:00.000-08:00

RESUMEN EJECUTIVO
El presidente Leonel Fernández promulgó las Leyes Orgánicas del Tribunal Superior Electoral; del Consejo del Poder Judicial y la del Ministerio Público.

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, número 29-11, que tiene como objeto regular el funcionamiento del Tribunal Superior Electoral, definir su categoría institucional, establecer requisitos para sus miembros, su régimen de incompatibilidades, reglas de procedimiento contencioso electoral y consagrar las facultades contenciosas de las Juntas Electorales.

El Tribunal, estará integrado por cinco jueces electorales y sus suplentes, designados por el Consejo Nacional de la Magistratura, por un período de cuatro años.

Para su promulgación, el Poder Ejecutivo tomó en consideración lo establecido en la Constitución de la República sobre la figura del Tribunal Superior Electoral como órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y estatuir los diferendos que surjan a lo interno de los partidos.

El Tribunal Superior Electoral, tendrá autonomía al organismo comicial, personalidad jurídica e independencia funcional, administrativa, presupuestaria y financiera.

La ley señala que el Tribunal Superior Electoral es la máxima autoridad en materia contenciosa electoral y sus decisiones no son objeto de recurso alguno, y pueden solo ser revisadas por el Tribunal Constitucional.

La nueva ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, en su artículo 38 faculta a la Junta Central Electoral a crear mediante reglamento, distritos electorales en el exterior con categoría de municipio y nombrar las Juntas Electorales correspondientes a los mismos.

Con 38 artículos y siete capítulos, la nueva ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, número 29-11 del 2011, promulgada por el Poder Ejecutivo, regulará en lo adelante todas las actividades electorales de la República Dominicana.

Ley Consejo Poder Judicial

El Poder Ejecutivo promulgó la noche de este jueves, la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, que regulará el funcionamiento de ese poder del estado, establece las reglas para su integración, funciones de sus órganos de apoyo y garantiza una oportuna y efectiva transferencia de atribuciones administrativas y disciplinarias.

La nueva ley, marcada con el número 28-11, establece que el Consejo del Poder Judicial, es un órgano constitucional de administración y disciplina con atribuciones para dirigir y administrar el presupuesto, finanzas, gestión administrativa y el sistema de Carrera Judicial y Carrera Administrativa Judicial.

El órgano será el “responsable de determinar el nivel de responsabilidad y aplicar las sanciones correspondientes a los jueces del Poder Judicial, con excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones, así como de los funcionarios y empleados del Poder Judicial”.

El consejo estará compuesto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá y estará integrado también por un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno, un Juez de la Corte de Apelación electo por su pares, un Juez de Primera Instancia o su equivalente y un Juez de Paz o su equivalente.

La composición del Consejo tiene un párrafo donde detalla que a cada uno de los miembros se le elegirá un suplente con las mismas normas establecidas para los titulares.

Destaca que para permanecer en sus funciones, con excepción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, permanecerán en sus funciones por cinco años, cesarán en sus funciones jurisdiccionales y no podrán optar por otro período en el consejo.

Añade que la membresía del consejo puede perderse por la alguna de las causas establecidas en la Constitución y las leyes, el retiro obligatorio implica una pérdida automática de la condición de miembro.

“En caso de cesación anticipada, a causa de destitución por falta grave en el ejercicio de sus funciones, retiro de edad, muerte, incapacidad, renuncia como jueces y otra que diere lugar a la cesación temporal o definitiva ocupará su lugar el juez elegido de conformidad con la ley como sustituto” reza la ley.

En cuanto a las atribuciones administrativas, elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta de presupuesto, la memoria anual de gestión, presentar los candidatos a nombramientos, reglamenta el escalafón judicial, aprobar la evaluación de los jueces y presentar a la Escuela Nacional de la Judicatura un reporte cada dos años de las necesidades de capacitación, entre otras funciones.

Ley Ministerio Público

El presidente Fernández, promulgó la ley Orgánica del Consejo Superior del Ministerio Publico, con el número 30-11, que regulará el funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Publico.

Además esta nueva ley establece las reglas del Consejo Superior del Ministerio Público para su integración, presentación de candidaturas, el ejercicio de sus funciones administrativas y disciplinarias y asegurar un proceso transparente y objetivo de designación.

Así mismo, el acceso y jerarquización de los representantes del Ministerio Publico, conforme a los principios de la carrera, establece las funciones principales de los órganos de apoyo operativo de este consejo y los requisitos y procedimientos para la designación de sus titulares.

En el artículo 2 establece que el Consejo Superior del Ministerio Público es el órgano constitucional de gobierno interno del Ministerio Público de la República Dominicana y estará integrado por el Procurador General de la República, un procurador adjunto del procurador General de la República, un procurador General de Corte de Apelación o su equivalente, un Procurador Fiscal y un Fiscalizador elegido por sus pares.

Dentro de sus atribuciones esta aprobar la propuesta del Procurador General de la República, los lineamientos de la política presupuestaria y de gestión de recursos humanos del Ministerio Público que servirán de base para el anteproyecto de su presupuesto anual.

Al procurador General de la República, en su calidad de presidente del Consejo Superior del Ministerio Público, le corresponde ser representante oficial y legal del consejo, convocar de forma ordinaria o extraordinaria, ser vocero oficial, presentar la propuesta de anual del Ministerio Público a la aprobación del Consejo, vigilar y garantizar la fiel ejecución y cumplimiento de las decisiones del Consejo.

En el orden administrativo, el consejo aprobará la propuesta del Procurador General de la Repúlica, la política presupuestaria, aprobará y remitirá al Poder Ejecutivo su presupuesto, la memoria anual de gestión, y ejercerá el control disciplinario de acuerdo a la Constitución de la ley.

También autorizará el traslado de sus miembros de manera provisional o definitiva de una jurisdicción a otra, aprobará las políticas de persecución penal, reglamentará el sistema de escalafón en atención a los méritos y evaluación de desempeño, reglamentara el sistema de carrera administrativa, aprobará los instrumento de evaluación de desempeño y autorizará la realización de concursos públicos para aspirantes a fiscalizadores y otros cargos internos.

La ley faculta al consejo además, a designar los fiscalizadores, ascenderlos, designar acusadores adjuntos para ejercer las funciones de Ministerio Público cuando un caso complejo así lo requiera y presentar a la Escuela Nacional del Ministerio Público un reporte anual de las necesidades estratégicas de capacitación.

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"Regular la custodia de administración de evidencias y efectos materiales vinculados al hecho punible, o que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación, así como respeto de los bienes incautados" expresa la ley.

También tendrá a su cargo por excepción la custodia, análisis y disposición de las drogas y sustancias controladas quedarán a cargo del instituto Nacional de Ciencias Forenses que solo conservará las muestras necesarias, emitirá la certificación correspondiente y dispondrá la incineración de las sustancias.

En relación al régimen disciplinario de la carrera, adoptará un reglamento disciplinario con sus procedimientos y en el caso de faltas leves se aplicará un procedimiento simplificado a cargo del superior jerárquico.

Establece además que el Consejo Disciplinario estará encargado de juzgar en primera instancia las faltas graves y muy graves imputadas a los miembros del Ministerio Público y sus integrantes podrán ser recusados en base a las mismas causas previstas para los casos penales.

La ley establece además que el consejo asegurará el respeto de los principios o garantías que como son la legalidad, única persecución, separación de funciones y debidos procesos.

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DESCARGA LAS NORMAS
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A continuación los enlaces de prensa de las tres leyes especiales promulgadas por el Poder Ejecutivo, gracias a la sección TOGA, del El Nuevo Diario digital.

1. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL:
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=228737 .

2. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO:
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=228731 .

3. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL:
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=228710
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Cortesía: El Nuevo Diario Digital.

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VISION LEGAL-RD 2011

TRES LEYES PROMULGADAS: ¿AL VAPOR?

2011-01-21T11:58:00.000-08:00

El Poder ejecutivo promulgó tres leyes que se estaban esperando con ansias. Estas normativas que crean el Tribunal Superior Electoral (TSE), la de los Consejos del Poder Judicial, y la del Consejo Superior del Ministerio Público, y dicho sea de paso, y dispuso su inmediata publicación en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

Las tres nuevas leyes promulgadas están establecidas en Constitución que da como plazo de vigencia para su inicio el 26 de enero.

La Ley del Tribunal Superior Electoral, número 29-11, había sido declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas, tal como lo hizo la Cámara de Diputados en su sesión del pasado martes.

La Ley 29-11. Tiene como objeto regular el funcionamiento electoral, definir su categoría institucional, establecer los requisitos para sus miembros y su régimen de incompatibilidades, entre otras normas, fijó en cinco el número de miembros del TSE, los cuales serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en su próxima reunión.

La nueva ley número 28-11. Establece que el Consejo del Poder Judicial, es un órgano constitucional de administración y disciplina con atribuciones para dirigir y administrar el presupuesto, finanzas, gestión administrativa y el sistema de Carrera Judicial y Carrera Administrativa Judicial.

El órgano será el “responsable de determinar el nivel de responsabilidad y aplicar las sanciones correspondientes a los jueces del Poder Judicial, con excepción de los jueces de la SCJ, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones, así como funcionarios y empleados del Poder Judicial”.

El consejo estará compuesto por el presidente de la SCJ, quien lo presidirá, un juez de la SCJ, elegido por el pleno, uno de la Corte de Apelación electo por su pares, uno de Primera Instancia y uno de Paz.

TRES LEYES AL VAPOR

Esperemos que podamos publicar en esta biblioteca virtual, estas leyes adjetivas. Parece que en la carrera por promulgar estas leyes, nuestros gobernantes se estan orvidando de la conformación del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Espero que no sea así.

VISION LEGAL-RD 2011

JURISPRUDENCIA SCJ: DISTINCION ENTRE EMBARGO RETENTIVO U OPOSICION Y LA OPOSICION PURA Y SIMPLE

2010-05-18T14:32:00.000-07:00

Resumen:

En sentencia del 21 de febrero de 2010 las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, estableció una diferencia entre el embargo retentivo u oposición y la oposición pura y simple, precisando que mientras el primero se encuentra sometido a las regulaciones establecidas por los artículos 557 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la oposición pura y simple no entra en el dominio de aplicación de la citada disposición legal, y no puede por tanto constituirse en un obstáculo o en una prohibición para que un tercero embargado, si no existe embargo retentivo regular y válido, retenga las sumas o valores retenidos a causa de una oposición pura y simple, salvo aquellos casos expresamente establecidos por la ley.

Ver sentencia completa: http://www.suprema.gov.do/novedades/2010/sentencias/inversiones_priive.pdf

PUNTO LEGAL-RD 2010

La Barrick Gold viola el Derecho del Consumidor, la ley de agua y la Nueva Constitución

2010-03-24T09:37:00.000-07:00

REPORTE EXTRA

Por DAVID LA HOZ

El autor es abogado

Uno de los aspectos relevantes de la Nueva Constitución es la creación de un bloque de la constitucionalidad donde caben de manera combinada y armónica los derechos ambientales y los derechos del consumidor. Resulta que el artículo 53 consagra la existencia plena del Derecho del Consumidor con pleno contenido, existiendo a la vez la ley 358-05 que viene a adjetivizar el contenido de la Constitución, igual ocurre con los derechos ambientales estos últimos los contiene la Constitución en sus artículos 14, 15 y 16.

La combinación de estos artículos confirma tanto a la ley 64-00 como a la ley 358-05. Resulta que la ley 358-05 consagra el derecho de los consumidores a un ambiente sano; mientras, de su lado, la ley 64-00 establece la defensa del medio ambiente como algo que concierne a funcionarios públicos como a los ciudadanos y a los consumidores individual y colectivamente.

Estos razonamientos legales se ven ahora coronados por los artículos de la Nueva Constitución antes citados. De manera que resulta curioso observar que ante el desastre ambiental que ocurrió en terrenos que ocupa la Barrick Gold ninguna autoridad pública del Ministerio público se apersonó al lugar, como tampoco lo hizo nadie de medio ambiente.

Pro Consumidor tiene la excusa de que todavía es un órgano en gestación, a pesar de lo dicho en la salutación que el Presidente de la república en fecha 15 de marzo con ocasión del día del consumidor hizo publico, en donde afirmó que estaba fortaleciendo a Pro Consumidor.

Nos obstante la existencias de hechos delictivos sino por demás notorios. Eso dice claramente que el Estado Derecho entre nosotros acusa una debilidad manifiesta en razón de que aun estando los funcionarios concernidos facultados por la letra no solo de la ley sino por la propia constitución de herramientas o habilitaciones legales más que suficientes para actuar para actuar frete al desastre, se abstuvieron y, se abstienen de hacerlo, por el temor a la represalia que en su contra podría tomar el jefe del Poder Ejecutivo. Es decir, todavía existen funcionarios que entiende que el Jefe del poder ejecutivo es un dictado omnímodo cuya voluntad no solo trasciende la letra de la ley sino el contenido de la propia Constitución de la república.

Algunos peones del Poder ejecutivo, como el Ministro de Industria y Comercio, indicaron que no hubo violación a la ley sino que la Barrick no ha contratado suficiente relaciones públicas, es decir, no ha comprado suficientes medios de comunicación, por tanto, estos han hecho mucho ruido. Declaración implica un irrespeto total por los comunicadores pues se infiere de lo dicho que todos tienen un precio.

El señor Ministro de Medio ambiente fue todavía más locuaz quiso distraerse del asunto ocupándose de los empleados y profesores de la UASD en los terrenos de Engombe. Su policía ambiental demostró que cuando se trata de los débiles, el poder represivo del Estado no anda con miramientos, a su juicio, lo de Engombe era de mayor envergadura y prioridad que lo de la Barrick Gold, por tanto, ocupó sus soldados en empleados y profesores de la UASD, y eso le impidió actuar frente a la Barrick.

Aprovechamos la ocasión para indicar que estamos total y absolutamente de acuerdo con que las Ruinas de Engombe pasan a Patrimonio cultural es decir al ministerio de Cultura, a menos de las autoridades de la UASD decidan hacer el uso histórico cultural que poseen dichas ruinas, también entendemos que la cuenta del Río Haina deben ser preservas, pero existen otros métodos, otras formas de actuar para el caso de la expropiación que no son los mecanismos empleados por el Ministro de Medio Ambiente, claro la fuerza mayor del provocada por el desastre de la Barrick Gold si obligaba y obliga a una actuación, no para tirar a matar sino para salvar vidas silvestre animal, vegetal y humana, como para preservar las fuentes de agua que está destruyendo y contaminando la Barrick Gold.

No voy a decir más, pero obviamente, el Estado Social de derecho de la nueva Constitución ha sido por estos días puesto en tela de juicio por aquellos que están llamados a preservarlo y a aplicarlo.

Bien hacen las voces del Congreso Nacional que ante la osadía de la Barrick de impedir el paso hablan ahora de dejar sin efecto las operaciones de dicha empresa, posición con la que estamos total y absolutamente de acuerdo, pues por sacar ciertos minerales que no hacen más que hacer honor a la codicia del Rey Midas, se están destruyendo importantes recursos renovables y toda la biodiversidad. El agua es prioridad, los próximos días serán testigos de acciones de los ciudadanos encaminadas a hacer valer su derecho a un medio ambiente sano.

Espero que las autoridades estén a la altura de los intereses que dicen representar y no al servicios de intereses mercuriales que dejan muy mal parado el concepto de civilización occidental, como el carácter de administración supuestamente iluminada y conceptualizada que anida al presente gobierno.

Claro, la oposición no queda exenta de responsabilidad, es más, la oposición todavía más culpable que el gobierno, pues un sistema democrático requiere que el poder limite al poder no que la oposición de confabule con el poder para lesionar los intereses del pueblo y del medio ambiente.

PUNTO LEGAL-RD 2010

SCJ, anuncia digitalización libros de registros de títulos; publican resolución 135-09

2010-03-11T15:29:00.000-08:00

NOVEDAD JUDICIAL PARA LA JURISDICCION INMOBILIARIA

El Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria realizó este miércoles 10 de marzo, un desayuno-presentación a la Comisión de Justicia del Senado de la República, acto que fue encabezado por el presidente del máximo tribunal, doctor Jorge A.

Subero Isa, a fin de dar a conocer los avances registrados en materia inmobiliaria tras la ejecución del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras (PMJT) y la implementación del Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI). El Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria (PCJI) completó un total de 8,681 libros y 5.3 millones de imágenes en el proceso de digitalización de todos los libros de Registros de Títulos del país relativos a inscripciones y anotaciones dentro del Sistema de Recuperación, Control y Explotación de Archivos (SIRCEA). El SIRCEA contiene todos los libros de certificados de títulos, constancias anotadas y registros complementarios del sistema registral de la propiedad inmobiliaria, representando la totalidad de las actuaciones registrales en la historia de la República Dominicana.

En el SIRCEA también se pueden encontrar cientos de miles de imágenes de expedientes vinculados a la materia inmobiliaria. El total de imágenes consultables actualmente asciende a 9.6 millones, lo que sin lugar a dudas lo convierte en uno de los archivos digitales del sector público más importantes de la región.

Este proceso de digitalización permite un acceso ágil y seguro a las informaciones del Registro gracias a las Salas de Consulta ubicadas en las 23 oficinas de Registro de Títulos del país, y especialmente la del Departamento Central que cuenta con 50 computadoras y personal de asistencia que cada día facilitan servicios de información a los más de 500 visitantes que recibe.

Cabe destacar, que en adición a los libros de registro, se encuentran disponibles 764,032 planos de mensuras de la Jurisdicción Inmobiliaria. Asimismo, el proceso de recuperación SIRCEA sigue adelante para terminar la digitalización de todas las sentencias y expedientes de tribunales.

Ver nueva resolución Resolución No. 135-09 que aprueba la norma complementaria a la ley sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, No. 126-02, para la integración de la Jurisdicción Inmobiliaria en la infraestructura de firma digital nacional.

Punto Legal-RD 2010

SCJ, da a conocer NUEVA RESOLUCION 116-2010

2010-03-04T10:32:00.000-08:00

NUEVO REGLAMENTO JUDICIAL

El Dr. Jorge A. Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, junto con la Comisión de Género y la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG) del Poder Judicial, dieron a conocer la Resolución Núm. 116-2010 junto al Reglamento que contiene el procedimiento para la obtención dedeclaraciones de personas en condición de vulnerabilidad, víctimas o testigos, en los centros de entrevistas.

Anexo:

Ver Resolución Núm. 116/2010

Ver Protocolo anexo, resolución 116-2010

Cortesía de la División de Prensa del Poder Judicial

PUNTO LEGAL-RD 2010

PUESTA EN CIRCULACION DEL LIBRO “"Trujillo, mi padre": ¿Es esto Legal?

2010-03-03T05:39:00.000-08:00

"UNA AÑEJA PRINCESA NO GRATA"
LA HISTORIA ES UNA SOLA, TUS CUENTOS NADIE LO CREERA

Sobre este hecho se ha comentado mucho, pero llegó el momento de presentar un estudio jurídico pluralista y objetivo sobre este controversial tema.

Punto Legal-RD, tiene a bien presentar a la sociedad dominicana y al mundo este valioso analisis, de nuestro jurista y activista social, Alejandro Alberto Paulino Vallejo.

En días pasados, en el Periódico El Caribe anunciaba lo siguiente: Circulará un libro de hija menor de Trujillo, en donde se indicaba la fecha de la puesta en circulación, hora y lugar del acto.

Desde que se anunció el mismo diversas personas que vivieron y sufrieron en carne viva las vejaciones y despojos de Trujillo se opusieron públicamente, a tal grado, que el día anunciado para la puesta en circulación, irrumpieron violentamente y hasta se ejerció algo de violencia contra familiares de Trujillo que asistieron al Hotel Santo Domingo a la puesta en circulación del controversial libro.

Después de la Dictadura del sátrapa Trujillo fue promulgada la Ley 5880-62 que instituye la ley “que Establece Penas contra las Alabanzas al Régimen tiránico de Trujillo” por el Presidente de aquel entonces Rafael Filiberto Bonelly en 1962. Esta ley que nunca ha sido derogada establece lo siguiente: “Articulo 1- Toda persona que alaba o exalte a los Trujillos o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas, se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigada con prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez.”

De aplicarse en la actualidad esta ley que aun está vigente, habría que procesar judicialmente a todos los familiares de Trujillo que estaban en el Hotel Santo Domingo organizando la puesta en circulación del libro, así como a Angelita Trujillo, ya que aunque no estaba en el país, sino en Estados Unidos, fue ella la autora del libro, y organizó desde el exterior la puesta en circulación del mismo. Esta ley es muy clara y drástica, sanciona con prisión a los que exaltaren a los Trujillos (lo cual incluye al Dictador) mediante escritos públicos e impresos, y se cumple con los elementos constitutivos de dicha ley para penalizar dicho acto ya que dicho libro es un impreso y escrito publico, se exalta a Trujillo, se defiende y exalta a su régimen cuando lo defiende de los asesinatos del régimen, razones por las cuales esta ley está en su mejor momento para aplicarse o se convertirá en otra ley muerta más.

Pese a lo establecido en esta ley, y como estamos viviendo en un clima de democracia, debo de admitir, que la nueva Constitución reconoce en sus artículos 49 y 64 acápite 2, el Derecho a la Libertad de Expresión y Pensamiento, derecho reconocido por Tratados Internacionales de Derechos Humanos y que a la vez implica libertad de tener una ideología política, decirla en publico y expresar la misma, pudiendo ser por libros, artículos periodísticos o portales de Internet, razón por la cual esta ley podría ser inconstitucional, todo esto independientemente de las mentiras sobre Trujillo y acusaciones difamatorias contra personas que sufrieron dicha dictadura, muchos de ellos aun vivos, y que tienen mucha razón en sentirse ofendidos por este controversial libro.

Los que se sientan insultados por este libro tienen una herramienta legal -previamente mencionada en este artículo- para hacer respetar la verdad histórica plasmada en libros y en la mente de todos los dominicanos que sufrieron la Tiranía de Trujillo.

Muchas Gracias!

PUNTO LEGAL-RD 2010

Resolución 58-2010: SOBRE CRITERIO DE APLICABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE COERCION

2010-02-16T10:14:00.000-08:00

INFORME ESPECIAL

Entre esos criterios, el alto tribunal detalla en su última resolución, que los jueces deben tomar en cuenta el hecho comprobado de que el imputado forma parte de manera asociada de un grupo criminal, o si en caso de recibir su libertad se pondría en juego la seguridad de la sociedad o la posible obstrucción a la investigación judicial, o si existe la presunción de que el imputado se reintegre, una vez puesto en libertad, a la organización delictiva a la cual se sospecha pertenece y utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso mediante resolución núm. 58-2010, de fecha 11 de febrero del corriente, criterios adicionales a los que establece el Código Procesal Penal, que el juez debe tener en consideración para evaluar el peligro de fuga al momento de imponer prisión preventiva como medida de coerción.

Deberá además, tomar en cuenta la posibilidad de que el imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba, o el hecho fundado de que el imputado podría atentar o ejecutar actos de represalia en contra del acusador o denunciante.En su resolución sobre criterios para imponer o variar medidas de coerción, la Suprema Corte de Justicia recomienda a los jueces no tomar estas condiciones de forma aislada o independiente, sino más bien de manera conjunta y armónica.

Las medidas tomadas por el Pleno de máximo tribunal, fueron dadas en adición a la Resolución Núm. 1731-2005 de fecha 15 de septiembre de 2005, Reglamento sobre Medidas de Coerción y celebración de Audiencias.

La Resolución la dio a conocer el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge A. Subero Isa, en el día de hoy en un encuentro con la prensa, en la Sala de Prensa de la institución.

Ver resolución 58-2010

PUNTO LEGAL-RD 2010

LIBERTAD BAJO FIANZA VS LA PRISION PREVENTIVA (06)

2010-02-09T04:50:00.000-08:00

CAPITULO 6

LAS MEDIDAS DE COERCION (II DE III)

Esta serie de analisis de los actos del proceso penal dominicano, en estos momentos tienen la particularidad de servir de guía práctica en el servicio legal que realizan los abogados y abogadas ante los departamentos y distritos judiciales del país.

Cuando iniciamos con nuestro primer capítulo, que trata sobre la Denuncia, nunca creí que iba recibir tanto apoyo de los usuarios/as, lectores/as del blog.

Este subcapítulo, tiene la especialidad de que despues de tener un concepto acabado de las medidas de coerción, vamos a conocer a fondo dos tipos de medidas, que representan el extremo la primera, la garantia o libertad bajo fianza(garantía o regla); y la prisión preventiva(la "excepción).

Estamos a dos caras de la misma moneda, por un lado tenemos una libertad controlada bajo ciertas reglas, por otro lado, una prisión que previene que el imputado se fuge o no cumpla con las directrices del debido proceso de ley.

I. REGIMEN PROCESAL DE LA GARANTIA ECONOMICA: TEORIA Y PRACTICA

1. La libertad bajo fianza como medida de coerción

Antes de iniciar con definiciones doctrinales, hay que recordar que el fin de las medidas cautelares se resumen en asegurar la celebración del juicio oral y asegurar la eficacia de la resolución judicial que recaiga.

Por otro lado, hay ciertas corrientes oficialistas del "Derecho" que dinfunden muy poco este tema o no lo hacen, ya sea porque el asunto de la prisión preventiva es más "interesante", que hacer analisis pro derechos humamos, ya sea porque el negocio judicial que hay detras de la medida de libertad bajo fianza, a las aseguradoras no les conviene que se divulgue. ¿Pero el monopolio del conocimiento de la "praxis" jurídica, se tendrá por mucho tiempo?

Como podemos ver es una garantía que pertenece al derecho común, en principio, pero su inclusión al Derecho Procesal Penal, viene dado por el hecho de que representa una seguridad para justicia penal, para el justiciable representa un derecho especial, una garantia constitucional

1.3 La libertad provisional bajo fianza

Su base legal se encuentra en los articulos 235 al 237 de la ley 76-02. (CPP.).

La libertad provisional es la situación de libertad condicionada en que se encuentra el encausado al que se le obliga a cumplir ciertos deberes accesorios que tienen por objeto asegurar su presencia en el proceso penal.

Entre tales deberes se encuentra la obligación de prestar fianza y la de comparecer ante el Juez en los días que se señale, o ante el fiscal investigador. En cualquiera de los casos, estos deben firmar el libro de firmas de visita periodica, libro es su garantia para que esta medida no sea modificada a pedimento del fiscal o la parte querellante en una revisión.

Su libertad también puede estar limitada prohibiéndosele acudir a determinados lugares, o residir en ellos, comunicarse o aproximarse a determinadas personas... etc.

1.4 ¿Cuándo se aplica? El articulo 235 del CPP, señala que "...La garantía es presentada por el imputado u otra persona mediante el depósito de dinero, valores, con el otorgamiento de prendas o hipotecas sobre bienes libres de gravámenes, con una póliza con cargo a una empresa de seguros dedicada a este tipo de actividades comerciales, con la entrega de bienes, o la fianza solidaria de una o más personas solventes.

Al decidir sobre la garantía, el juez fija el monto, la modalidad de la prestación y aprecia su idoneidad. En ningún caso fija una garantía excesiva ni de imposible cumplimiento en atención a los recursos económicos del imputado.

El juez hace la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones.

El imputado y el garante pueden sustituirla por otra equivalente, previa autorización del juez.
La libertad provisional puede acordarse en los siguientes casos: la practica ha demostrado que si la pena señalada para el delito imputado es, con carácter general, superior a 3 años, y se dan las circunstancias que permiten excluir la aplicación de la prisión provisional; en este caso, es obligatorio que el inculpado preste fianza.

Si la pena señalada es, con carácter general, inferior a 3 años, y no existen circunstancias que determinen el ingreso en prisión; la libertad provisional puede acordarse con o sin prestación de fianza. Esto es conforme a la praxis judicial, reflejada en las estadisticas.

1.5 Los efectos de la libertad provisional

El imputado al que se le conceda la libertad provisional está obligado a cumplir con una serie de medidas adjuntas:

1. La presentación Periodica ante la AutoridadComparecer ante el Juez, Tribunal o autoridad que se designe al efecto(Ministerio Público), de forma periódica.

2. Firma Obligatoria del Libro de Control. El régimen de presentación del encausado ante el Juez lo fija en Juez o el Tribunal, y generalmente se le impondrá la obligación de acudir al Juzgado del lugar de su residencia los días 15 y 30, o cada viernes de cada mes, conjuntamente .

3. Se impone el impedimento de Salida. Se le prohibe la salida del territorio nacional: Esta medida se considera necesaria en algunas situaciones, bien porque el imputado no puede prestar fianza (se le ha puesto en libertad sin fianza o con una fianza simbólica), bien porque aunque el encausado haya prestado fianza, el riesgo de fuga es muy alto.

En ciertas ocasiones puede permitirse que el encausado se ausente del territorio nacional (por ejemplo, cuando hubiese tenido con anterioridad domicilio o residencia habitual en el extranjero) siempre que se garanticen las responsabilidades económicas que pueden derivarse de su marcha y se designe a una persona con domicilio fijo en España para las citaciones.

1.6 La prestación de fianza: En principio, toda persona arrestada por la comisión de un delito tiene derecho a permanecer en libertad hasta que, tras la celebración del juicio, se dicte

sentencia.

La fianza consiste en el depósito de una suma de dinero o la garantía de su abono y tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la obligación que tiene el encausado de comparecer ante el juez.

La libertad provisional puede acordarse con el deber o no de prestar fianza aunque ésta se exigirá en todos aquellos casos en los que el delito imputado esté sancionado con pena superior a prisión menor.

Será la resolución judicial la que determine la forma y cuantía de la fianza debiendo tener en consideración para ello la naturaleza del delito, el estado social y los antecedentes del procesado, así como el resto de circunstancias que puedan influir en su deseo de evadir la actuación judicial.

El Juez en cualquier momento, puede determinar la puesta en libertad definitiva del detenido o preso, así como establecer o modificar las condiciones de la concesión de la libertad provisional para que ésta le sea más favorable.

1.7 ¿Quién puede solicitar la libertad provisional?

Para obtener la libertad provisional de una persona en libertad, o para agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada, es necesario que el Ministerio Fiscal o alguna de las partes acusadoras formulen la correspondiente solicitud.

El Juez de Instrucción o Tribunal, salvo que decrete la libertad provisional sin fianza del encausado, citará a todas las partes interesadas a una comparecencia en la declarará procedente o no la solicitud de libertad provisional. En esta audiencia puede practicarse prueba.

En general, no se decreta la libertad provisional si ninguna de las partes interesadas la solicita aunque el Juez o Tribunal podrán acordarla si existe riesgo de fuga del encausado, siempre y cuando se le cite para que asista acompañado de su abogado dentro de las 72 horas siguientes.

1.8 ¿Y si la persona sujeta a libertad provisional no comparece ante el Juez?

Si el encausado no comparece ante el Juez en el primer llamamiento, y no justifica su falta de asistencia, se concede un plazo de 45 días al fiador personal o al dueño de los bienes prestados en fianza para que presente al encausado rebelde. Este procedimiento especial que con anterioridad lo hemos estudiado, lo publicaremos más adelante.

1.9 Ejecución de la Garantía. (236 CPP) Nuestra ley procesal penal es muy clara y de cierta forma concisa al señalar que "...cuando se declare la rebeldía del imputado o cuando éste se sustraiga a la ejecución de la pena, el juez concede un plazo de entre quince a cuarenticinco días al garante para que lo presente. Le advertirá que si no lo hace o no justifica la incomparecencia, se procederá a la ejecución de la garantía.

Vencido el plazo otorgado, el juez dispone, según el caso, la ejecución en perjuicio del garante o la venta en pública subasta de los bienes dados en prenda o de los hipotecados, sin necesidad de embargo inmobiliario previo...".

1.10 Cancelación de la Garantía. La garantía debe ser cancelada y devueltos los bienes afectados a la garantía, más los intereses generados, siempre que no haya sido ejecutada con anterioridad, cuando:1)Se revoque la decisión que la acuerda; 2) Se dicte el archivo o la absolución; y 3) El imputado se someta a la ejecución de la pena o ella no deba ejecutarse.

2. PROCEDIMIENTO DE LA GARANTIA ECONOMICA ANTE LA SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO PUBLICO. SINOPSIS

En una entrevista realizada a la Licda. Lucesita del Carmen, secretaria general de la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, pudimos confirmar lo siguiente:

1. Que el procedimiento administrativo despues de obtenida la decisión de libertad bajo fianza, son las mas comunes: las garantias por medio de una aseguradora y la fianza en efectivo.

En este caso el abogado del imputado, que ha sido beneficiado con esta medida coercitiva benigna, debe agotar una serie de requisitos, como son: a)la resolución de la medida certificada por la secretaria del juzgado o tribunal; b) dos fotocopias de la misma; c) fotocopia de la cedula de identidad y electoral del procesado/a.

Si es una garantia bajo la modalidad "en efectivo", el dinero va a un fondo en el banco agricola y si el imputado obtiene un descargo ya sea por un auto de No ha Lugar o Sentencia de Absolución, o un archivo definitivo o criterio de oprtunidad, se le devuelve el monto. Para esta devolución hay un procedimiento especial.

2. Pudimos percibir que una compañia aseguradora es "lider" en los contratos bajo Fianza". Nos reservamos el nombre.

3. Que hay casos muy comunes donde en el auto/resolución que dispone la libertad bajo garantia, los nombres son digitados con errores, lo que impide que sean ejecutadas estas decisiones en un tiempo habil. Los abogados en este caso deben solicitar una enmienda al juez, para que se corrija la resolución, lo que produce un daño al justiciable, que los agentes del Estado muchas veces no observan para posibles reformas.

4. Que el procedimiento que se lleva nace de la costumbre administrativa, no existe un reglamento que ordene soluciones en estos casos.

La garantia económica conocida popularmente como "libertad bajo fianza", es un instituto jurídico procesal, que necesita ser reglamentado por las autoridades, porque el factor tiempo, sumandole los errores de digitación en las resoluciones crean efectos negativos, daños irreparables; es una forma especial de revictimización, que debe ser ampliada por la doctrina procesal penal.

En cuanto a los impuestos deben ser reducidos y el monto debe ser más razonable, el hijo de Machepa no puede pagar igual que el riquito o el jevito, el factor ingreso debe ser tomado en cuenta, de una vez y por todas.

II. LA PRISION PREVENTIVA: LA "REGLA"

1. Prisión Preventiva: (234 CPP) Según nuestra norma procesal penal es medida de coerción de carácter personal, que afecta el derecho de libertad personal, durante un lapso de tiempo más o menos prolongado, que no excederá de los doce meses, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento.

1.1 Procedencia: La prisión preventiva, procede bajo los mismos presupuestos para la imposición de las medidas de coerción de: 1) Existencia de elementos de prueba suficientes; 2) Peligro de fuga; y 3) Que la infracción esté reprimida
con pena privativa de libertad.

1.2 Exclusiones: No procede ordenarla: 1) Contra una persona mayor de 70 años, si se estima que, en caso de condena, no le es imponible una pena mayor de 5 años de privación de libertad; 2) En perjuicio de mujeres embarazadas o madres durante la lactancia; 3) Persona padeciendo de enfermedad grave y terminal.

1.3 Cese: La prisión preventiva, finaliza cuando: 1) Existen nuevos elementos demostrando que no concurren las razones que la motivaron, o tornen conveniente su sustitución por otra; 2) Su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible, considerándose las reglas del perdón judicial de la pena o la libertad condicional; 3) Su duración exceda los 12 meses; 4) Se agraven las condiciones carcelarias.

Está más que probado que la Justicia Penal dominicana tiene dos medidas de coerción que parecen ser dos caras de la misma moneda, que son las más usadas.

El negocio que existe antes, durante y despues de la imposición de una medida coercitiva, en los casos de la garantia y la prisión preventiva, en nuestros país es en muchos de los casos atropellante. Por un lado tenemos que se les impone la PP, a los menos socialmente beneficiados, mientras que a los más benefiados, la regla es la GE.

Las estadisticas de la dirección de prisiones demuestran cada mes, que los imputados bajo prisión preventiva van cada vez más en aumento, especialmente los provenientes de estratos bajos de la sociedad. Parece ser que la carcel esta destinada a ser una jaula para los pobres, para los "hijos de Machepa".

Los internos o presos preventivos bajo imputación de delitos de narcotrafico, son los numero uno, en las carceles del país, eso ya algo que no sorprende a nadie.

Hace falta mayor reglamentación del procedimiento especial de las medidas de coerción personales, especialmente la libertad bajo fianza y la prisión preventiva. Todo esto para que no paguen justos por pecadores. Nuestras garantias procesales, ese debido proceso, debe convertirse en una realidad legal.

Capitulo 7: Medidas de Coerción: Apelación y Revisión(III de III).

Continuará...!

Bibliografia:

1.Constitución Política Dominicana, 26 de enero 2010.

2. Ley 76-02, Código procesal Penal;

3. Reglamento 1731-2005;

4. Resolución 1920-2003;

5. ESTHER E. ANGELÁN CASASNOVAS Y SARAH VERAS A. “Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Iberoamericano”, (primera parte), CARMJ-CONAEJ, Santo Domingo. R.D. 2008.

6. DARIO GOMEZ HERRERA, “Vocablos y conceptos del Código procesal Penal” CARMJ-CONAEJ, Santo Domingo, R.D. 2008.

7. PEDRO BALBUENA, CPTS, “Los principios Fundamentales vistos por las Cortes de Apelación”. colección jurídica FINJUS-UNIBE Vol. 1. Santo Domingo, R.D. 2008.

8. Sentencia emanada de la Cámara Penal de la SCJ del 21 de Diciembre del año 2004.

PUNTO LEGAL-RD

DERECHOS DE LA FAMILIA CON RANGO CONSTITUCIONAL

2010-02-03T14:10:00.000-08:00

Por IVAN DIAZ

Aúnque ya el articulo 61 de la Ley 136-03, que crea el Código del Menor, existe la prerrogativa sobre la igualdad de los hijos e hijas, tambien en varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia había fallado al respecto.

El libro segundo del articulo 58, del nuevo código del menor dominicano, podría entrar en contradicción con la Carta Magna, ya que el mismo indica que existen cuatro tipos de familia en la República Dominicana, legalmente hablando, porque tambien esta el concubinato gay o lésbico, que nuestra tradicional "buenas costumbres", rechaza. Estos tipos de familias a nivel "legal", son los siguientes:

a) El padre y la madre, los hijos(as) biológicos(as), adoptados(as) o de crianza,
frutos de un matrimonio o de una unión consensual;

b) El padre o la madre y sus hijos e hijas;

c) Los cónyuges sin hijos e hijas;

d) Los descendientes, ascendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
(padres, hermanos y hermanas, abuelos, tíos, primos).

El modelo patriarcal de familia, sigue ampliandose y es virtualmente excluyente. Matrimonio tradional, entre un hombre y una mujer, es el fundamento de la familia dominicana. ¿y cuando los gays-lesbianas, o solteros/as, quieran adoptar un hijo, este concepto de familia garantizará sus derechos civiles? Afuera estan los no-heterosexuales, porque el fundamento familiar está en el matrimonio, no acepta la diversidad sexual, porque la moral cristiana-catolica, se impuso en la actual reforma.

Este hecho jurídico, es mas amplío que la prensa liberal o oficialista. Esto es parte del estudio del Derecho de Familia, ¿o no?

EL DERECHO DE FAMILIA CON RANGO CONSTITUCIONAL

Según el artículo 55, numeral nueve, "todos los hijos son iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico".

Además este numeral prohíbe toda mención sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad, pero más lejo llega el párrafo único del articulo 61, de la ley 136-03, CNNA, que sólo expresa que " No se admitirá el empleo de denominaciones discriminatorias relativas a la filiación de una persona".

Se otorga en este artículo en su numeral ocho, a todas las personas el derecho desde su nacimiento a ser inscritas gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley.

La nueva Constitución, además, dentro de los derechos de la familia establece que el bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley; y que el Estado garantizará la protección de la familia.

La protección de la organización de la familia por el Estado se hará sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer.

El texto constitucional promulgado consigna además en el numeral 10 que el Estado promueve la paternidad y maternidad responsables y que el padre y la madre, aún después de la separación y el divorcio, tienen el deber compartido e irrenunciable de alimentar, criar, formar, educar, mantener, dar seguridad y asistir a sus hijos e hijas.

Además, el Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación y ejecución de las políticas públicas y sociales.

A las uniones consensuales o de hecho (concubinato), también se les otorgó categoría constitucional y en el numeral cinco del artículo 55 sobre los derechos de la familia se estableció que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con ley.

Igualmente dentro de estos derechos, se instituyó que los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Maternidad y personalidad

Tal como estaba consignado en la Constitución de 1966, en el nuevo texto constitucional dentro de los derechos de la familia, se reitera que la maternidad, sea cual fuere la condición social o el estado civil de la mujer, gozará de la protección de los poderes públicos y genera derecho a la asistencia oficial en caso de desamparo.

Igualmente se establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos.

Hay que tener mucho cuidado con los articulos que ciertos "doctrinaros" muy bien pagados públican en los populares diarios, que profesan libertad de expresión, y lo que representan los más bajos intereses de los grupos conservadores de la nación.

Esperando haber aportado un granito de arena al debate doctrinal en esta area del conocimiento del Derecho dominicano.

El debate, pica y se extiende!

Bibligrafia:

1. Constutución Dominicana, 26 de enero 2010.

2. Ley 136-03, Codigo del Menor.(Código para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes). R.D. 2003.

4. LUIS GÓMEZ, "La nueva Constitución amplía los derechos de la familia" , Diario Libre. 2010.

PUNTO LEGAL-RD 2010

LOS ACTOS DEL PROCESO PENAL: LAS MEDIDAS DE COERCION(1 DE 3)

2010-02-02T05:35:00.000-08:00

“ANTECEDENTES, PRINCIPIOS Y VISIÓN PRACTICA”

Por IVÁN DÍAZ

1. Antecedentes y conceptos

Según las doctrinarias dominicanas Esther E. A. Casasnaovas y Sarah A. Veras A, nos declaran que “la noción de medidas cautelares, nacen en el ámbito del Derecho Procesal Civil, adoptado por la doctrina italiana de principios de siglo XX, que luego fue adaptada al proceso penal. Que la noción de medida de coerción, en cambio fue la adoptada por Alemania, quien las denomina “medias coercitivas” o “medios de coerción procesal”. (Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Latinoamericano, CARMJ, primera parte, 2008).

Nuestro legislador optó al igual que el Código Tipo para Iberoamérica, por la noción de medidas de coerción y las ha dividido en personales y reales según el objeto de la cautela.

Las medidas de coerción tienen como propósito asegurar el conocimiento con la presencia del imputado/a, así como para la ejecutabilidad de la decisión penal.

2. Principios rectores de las medidas cautelares

En lo relativo a las medidas de coerción, la Republica Dominicana, así como muchos países de Latinoamérica, reconoce como principios o garantías para la imposición de las medidas cautelares los siguientes:

A. Principio de Personalidad. Este principio de procedimiento tiene una base constitucional, ya que nuestra Carta Sustantiva, señala en su articulo 40, numeral 8, que “Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho”. Pero esto no limita el poder de investigación de las agencias de persecución, lo que habré la posibilidad de que estos organismos investiguen a un ciudadano sin la necesidad de solicitarle una medida coercitiva. Los abusos o arbitrariedades en la investigación criminal, pueden incrementarse, ya que no es lo mismo hablar de persecución, que de sometimiento judicial: cuando se persigue, se hace de manera “administrativa”, cuando se judicializa un caso, es porque se ha solicitado al juzgado de la Instrucción una medida y el mismo la a aceptado e impuesto. La ley 76-02, establece este principio en su artículo 17, ampliando su radio de acción.

B. Principio de Instrumentalidad. Establece que las medidas de coerción sirven como instrumento para asegurar la presencia del imputado/a, no tienen por si una finalidad, es decir, no pueden ser consideradas como una sanción anticipada. El fin de este instrumento es de carácter exclusivamente procesal.

C. Principio de Indispensabilidad. Este principio viene dado por la permanencia de los presupuestos que fundamentaron la imposición de la medida.

D. Principio de Legalidad. El mismo establece que la medida que límite o restringa algún derecho fundamental debe estar prevista en la ley. Exigencia de rango constitucional, que nuestra Carta Sustantiva, establece en su artículo 40, numerales 8 y 9, además de los tratados universales y regionales sobre derechos humanos.

E. Principio de Proporcionalidad. Este principio establece el equilibrio que debe existir entre el derecho lesionado con la intervención estatal y objeto del delito. En este sentido el Ministerio Público o la parte querellante no debe solicitar una medida de coerción que no sea proporcional con la necesidad de la cautela. Este tiene sub-principios que se derivan del mismo:

D.1- Principio de necesidad. Implica que la limitación a un derecho fundamental se produzca en la medida estrictamente necesaria para salvaguardia del superior interés común, de forma que no produzca un sacrificio excesivo o innecesario de aquel, es decir, que no exista otra medida análoga pero menos lesiva del derecho que se trate.

D.2- Principio de adecuación. Es también llamado de idoneidad, implica que la medida sea adecuada al fin u objetivo que con la misma se pretende lograr.

D.3- Proporcionalidad en sentido estricto. Con el mismo se precisa que el perjuicio vinculado a la medida, se encuentre en una relación razonable o proporcionada con la finalidad del bien jurídico protegido.

F. La temporalidad. Este principio estable que la duración de la restricción de derechos debe estar limitada por un tiempo establecido en la ley. En Republica Dominicana, el plazo máximo de la prisión preventiva es de doce meses, además el tiempo de duración máxima de la investigación esta regulado por un tiempo de tres o seis meses, dependiendo si la medida de coerción impuesta es la prisión preventiva o alguna otra diferente a la misma. Si no se presenta el acto de acusación dentro de este plazo, se genera una extinción de la acción penal por perentoriedad.

G. La Variabilidad. Las medidas pueden ser revisadas en cualquier face del proceso penal. Esto garantiza que sean acogidas por el tribunal o juez, ya que su admisibilidad depende de los presupuestos, tema del cual ampliaremos en el tercer sub-capitulo. La gran cantidad solicitudes de variación de medidas de coerción, en el 2004 y 2005, provocaron que los juzgados se saturaron a tal punto que la Suprema Corte de Justicia, tuvo que reglamentar estas solicitudes, exigiendo a los solicitantes, la presentación de nuevos fundamentos como requisito de admisibilidad para aperturas la revisión.

H. Principio de Subsidiaridad. Este principio estable que la prisión preventiva solo debe imponerse cuando no exista otra medida cautelar que sea suficiente para asegurar la comparecencia del imputado. Este principio tiene un rango constitucional, ya que nuestra nueva Carta Magna, señala en su artículo 40, numeral 9, que “Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar”;

3. Sobre la celebración de la vista sobre Medidas de Coerción

Como en toda audiencia o vista, las partes deben de aportar las pruebas que sustentan los hechos denunciados a la autoridad. Estas pruebas deben cumplir con la cadena de custodia, deben ser en principio capaz hacer una “cintilla” inicial, para convencer razonablemente al juez de la instrucción de que se esta frente a un hecho punible probable y se debe ser investigado. Esta primera vista o mini-audiencia, esta regida por los siguientes principios:

a).- La Contradictoriedad. Este principio implica el derecho que tiene cada una de las partes de presentar alegatos y pruebas a favor y en contra, así como oponerse a las de la parte contraria.

b).- La Publicidad. En este caso, la publicidad del proceso esta limitada a las partes, esto así para preservar el estado de inocencia que reviste al imputado o imputada, al encontrarse en una face donde no existe certeza en cuanto a las imputaciones que se le realizan.

c) La Oralidad. Es necesario que en las vistas prevalezca la oralidad y que los escritos constituyan la acepción. Así, en esta audiencia sumaria, las partes alegan oralmente, y de esta manera también se incorpora de forma oral la prueba, oralidad que prevalece aun en los recursos de apelación.

4. Visión práctica de las medidas cautelares

La dinámica de la vista sobre medida de coerción, dada su sencillez (depende el caso), se circunscriba a los siguientes elementos:

4.1 Discusión sobre la materialidad o existencia de unos hechos. Este es el primer punto de discusión de la existencia de los hechos típicos y antijuridicos; por ejemplo, una persona violada, un tráfico de drogas, una mujer agredida físicamente por su pareja, un atraco en vía publica, Etc. Es aquí donde se presenta una teoría del caso.

4.2 Presentación de elementos probatorios suficientes para vincular al imputado con la materialidad de los hechos. Las pruebas en este escenario son indiciarias, pero deben ser lo suficientemente sostenibles para vincular al señalado, hasta ese momento sospechoso, con la materialidad de los hechos que le son imputados.

4.3. La necesaria justificación del peligro de fuga o evasión de la justicia del imputado. Tomando en consideración la máxima jurídica de que “quien alega un hecho en justicia, debe probarlo” y, por otra parte, que “el imputado es inocente hasta que una sentencia irrevocable rompa con dicho estado”, es lógico que quien debe iniciar su discurso a los fines de solicitud de medida de coerción es la parte acusadora –Ministerio Público o parte querellante -, según el caso, luego tocara defenderse tanto técnica como materialmente al imputado o imputada, teniendo este/a la oportunidad de presentar evidencias que demuestren su arraigo y consecuentemente, desvirtúen el peligro de fuga.

El debate en esta vista se circunscribe, a los fines, a los fines de evitar tergiversación a la sumariedad, sencillez y al objetivo para el cual fueron creadas, a dos discusiones principales, además de los aspectos supraindicados:

a) debate sobre la vinculación que es capaz de realizar la prueba entre imputado y materialidad de los hechos, ya sea este imputado ubicado en la calidad de autor, coautor o cómplice; y

b) en segundo y último lugar deben debatirse la existencia de los elementos objetivos que hagan entender al juzgador de que en el caso en concreto existe con probabilidad peligro de fuga.

De parte de la defensa, su objetivo será primero tratar de desvincular o desconectar a su defendido con los hechos imputados, y si la prueba le impide esta desvinculación, pues utilizar o enfocar sus estrategias y pruebas, a los fines de evitar que se le imponga las medidas de coerción mas gravosas, es decir, aquellas que afecten directamente su libertad de transito o libertad ambulatoria, tal como la prisión preventiva.

Los derechos del imputado deben ser garantizados por el juez, específicamente el derecho de mantenerse en silencio, a no auto incriminarse o rendir una declaración efectiva en su defensa, pues tales prerrogativas rigen para las demás etapas del proceso penal.

En cuanto a los elementos probatorios, es preciso analizar el quantum probatorio requerido y el alcance del debate de las pruebas. De otra parte, la formalidad en cuanto a la presentación de las mismas. Así, la doctrina dominicana, aborda conceptos tales como indicios, cintilla, haciendo a alusión al mínimo de prueba requerido en esta fase.

En cuanto al indicio ha sido definido: “…fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido, esta acepción atribuye al indicio un carácter eminentemente objetivo, no subjetivo valorativo, en tanto fenómeno del que una conclusión o averiguación desconocida.

5. La base legal y jurisprudencia que rigen las vistas de coerción

Este instituto jurídico de persecución tiene su base en la Constitución, específicamente en el articulo 40, numerales 8 y 9; en los artículos 222, 226-228,243 hasta el artículo 245, de la ley 76-02, que instituye el código procesal penal dominicano; sumando también, las resoluciones No. 1731-2005, 1920-2003, entre otras, que tienen que ver con la tramitación de documentos.

En esta parte nos enfocaremos en el punto legal que el código procesal penal establece.

5.1 Clases de medidas de coerción

1) Personales: Entre ellas se señala: 1) El arresto; 2) La conducencia; 3) La presentación de una garantía económica suficiente; 3) La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez; 4) La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 5) La colocación de localizadores electrónicos; 6) El arresto domiciliario; 7) La prisión preventiva( las más usada).

Exclusión: En las infracciones de acción privada no se puede ordenar la prisión preventiva, el arresto domiciliario, o la colocación de localizadores electrónicos.

2) Reales: Entre ellas tenemos: 1) Embargos;

2) Inscripción hipotecaria;
3) Medidas conservatorias señaladas por la ley.

La resolución judicial que impone una medida de coerción o la rechace es revocable o reformable en cualquier estado del procedimiento, pudiendo el juez proceder de oficio cuando favorezca la libertad del imputado.

Contenido: Las resoluciones deben contener:

1) Los datos personales de la victima y del imputado o los que sirvan para identificarlos;

2) La enunciación de los hechos que se le atribuyen y su calificación jurídica;

3) La indicación de las medidas y las razones por las cuales el juez estima que los presupuestos que la motivan concurren en el caso;

4) La fecha en que vence el plazo máximo de vigencia de la medida.

5.2 Influencia de la Sentencia emanada de la Cámara Penal de la SCJ del 21 de Diciembre del año 2004.

Esta decisión judicial ha creado tal precedente que en todos los autos y/o resoluciones sobre medidas de coerción, los juzgados de la Instrucción en funciones de Jurisdicción de atención Permanente, injertan en las motivaciones del juez, dicha sentencia, de manera reiterada, sumándose al compendio práctico de las vistas sobre medidas coercitivas. La parte de dicha decisión que aparece es la siguiente:

“La SCJ, ha reconocido el carácter provisorio o tutelar de las medidas de coerción instituidas por el articulo 226 del C.P.P., constituyen un modernos mecanismo judicial cuyo objetivo es disponer un tiempo determinado un tratamiento de control preventivo adecuando a las diferentes personas investigadas en relación a su alegada participación en hechos punibles..." ...que, sobre todo, en los casos de crímenes y delitos flagrantes y en casos graves con elementos suficientes para sostener razonablemente, que la persona investigada es autor o cómplice de la infracción que se le imputa, la medida de coerción que le sea ordenada sea una que inequívocadamente garantice la no fuga, del procesado, y la debida defensa y protección de la sociedad, durante el tiempo ulterior al conocimiento del juicio de fondo; ...que aceptar que el Juez Interino, de la instrucción, puede, sin ningún tipo de límites ni reserva, imponer caprichosamente cualquier medida de coerción benigna ante un crimen o delitos sensiblemente grave y razonablemente imputable a una persona investigada, sería desconocer la obligación que siempre tiene el referido magistrado de tomar en consideración la debida protección y defensa de la población a la cual debe servir todo funcionario del orden judicial...".

Entendemos, que la independencia de los jueces que coordinan y deciden en esta fase no debe ser manipulada ni limitada por ninguna decisión judicial al menos que no cree derecho a la parte imputada. Cuidado con las tesis de defensa social, pueden poner en riesgo derechos fundamentales, sin perjuicio de las prerrogativas de la victima o querellante.

La comunidad debe de convertirse en centinela del debido proceso, especialmente en esta fase del proceso penal.

El debate doctrinal "seguridad ciudadana versus garantismo procesal penal", no debe omitirse ni olvidarse, aún más, debe de extenderse, ya que las constantes violaciones a los derechos civiles son frecuentes en investigaciones penales, aunque las estadísticas oficiales, no la registren.

PROXIMO CAPITULO: Medidas de Coerción: Prisión Preventiva Vs Libertad bajo Fianza. (2 de 3)

Bibliografía consultada:

1.Constitución Política Dominicana, 26 de enero 2010.
2. Ley 76-02, Código procesal Penal;
3. Reglamento 1731-2005;
4. Resolución 1920-2003;
5. ESTHER E. ANGELÁN CASASNOVAS Y SARAH VERAS A. “Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Iberoamericano”, (primera parte), CARMJ-CONAEJ, Santo Domingo. R.D. 2008.
6. DARIO GOMEZ HERRERA, “Vocablos y conceptos del Código procesal Penal” CARMJ-CONAEJ, Santo Domingo, R.D. 2008.
7. PEDRO BALBUENA, CPTS, “Los principios Fundamentales vistos por las Cortes de Apelación”. colección jurídica FINJUS-UNIBE Vol. 1. Santo Domingo, R.D. 2008.
8. Sentencia emanada de la Cámara Penal de la SCJ del 21 de Diciembre del año 2004.
9. IVÁN DÍAZ “Análisis Crítico del Acta sobre Medida de Coerción contra El Sujeto: ¿un descubrimiento doctrinal?”, Punto Legal-RD, sección Informe Jurídico del Mes, julio 2009. www.puntolegal.blogspot.com

PUNTO LEGAL-RD 2010

Análisis: Nuevas disposiciones en la Constitución

2010-01-28T06:48:00.000-08:00

Por Socorro Arias

Redactora Senior

Diario Libre R.D.

La nueva Constitución consagra la garantía a los derechos fundamentales del ciudadano, como el derecho a la vida, a la igualdad, la dignidad humana, la libertad y la seguridad y la integridad personal, pero también consigna nuevos derechos que la Constitución de 2002 no contenía.

Entre éstos, podemos citar el derecho a la iniciativa legislativa popular, mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas, no menor del dos por ciento de inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso. Tienen a partir de ayer categoría constitucional el habeas corpus y la acción de amparo.

Otra conquista es la consignación del referendo, el plebiscito, además del "referendo aprobatorio", para los casos en que las futuras reformas constitucionales versen sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución.

Además, se consagró la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita, como órgano del sistema de justicia para garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa.Nuevos organismosFueron creados el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, los tribunales administrativos, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público y se dio categoría constitucional al Defensor del Pueblo, que tiene una ley para su puesta el vigencia.Nueva terminología

A partir de la fecha, las Secretarías de Estado pasan a ser Ministerios y los secretarios y subsecretarios ministros o ministras y vice ministros o vice ministras, además de que los síndicos pasan a ser alcaldes o alcaldesas.

Prohibiciones

La nueva Constitución prohíbe la reintegración de militares y policías, el referendo revocatorio o aprobatorio de mandatos de ninguna autoridad electa o designada.

¿Cero redadas policiales?

Dentro del artículo 40 sobre el derecho a la libertad y seguridad personal, el numeral seis establece que "toda persona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona".

¿Prohibición del aborto?

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, el que se haya aprobado que "el derecho a la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte" no acarreará la muerte de mujeres con embarazos con problemas, ya que pudieran ser interrumpidos al amparo del numeral tres del artículo 42. Este numeral establece que "nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida".

El consumidor

El artículo 53 establece que "toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley".

Cortesía de Diario Libre

PUNTO LEGAL-RD 2010

Más allá de la Doctrina Vargas Llosa sobre legalización del consumo de Drogas: el caso dominicano

2010-01-11T08:09:00.000-08:00

Por Iván Díaz

La respuesta del Estado dominicano a la prevención y efectiva persecución del crimen del narcotrafico en sus diferentes modalidades a partir de 1988, ha destapado una serie de"cajas de Pandora", para muchos "nuevos ricos", que no sabian el sistema de justicia penal, iba a llegar tan lejos o mucho menos captar la ilicitud de su riqueza. Pero despues despues de 20 años en la aplicación de esta norma penal especial, la reforma a la misma es una necesidad irrenunciable, que aúnque a ciertos grupos de la sociedad no le agrade, tienen que aceptarlo.

En este artículo pretendemos resartar los puntos más relevantes de la doctrina Vargas Llosa sobre legalización del consumo de estupefaciantes para los estados de Latino Amèrica, el caso dominicano y la posición reflexiva de este centro de investigación y difusión jurídica.

I. Vargas Llosa y su propuesta doctrinal

El escritor peruano Mario Vargas Llosa sugirió retirar el carácter criminal al consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores para acabar con el narcotráfico.

Afirmó en su artículo dominical publicado en el diario El Comercio, que el tráfico de estupefacientes es “la mayor amenaza para la democracia en América Latina”.

Para el escritor, la legalización del consumo de las drogas “debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que ... se invierten en represión” para destinarlas a campañas educativas, de rehabilitación e información al igual que se hizo en la lucha contra el tabaco.

Opinó que “es absurdo” declarar una guerra a los “cárteles de la droga” pues estos “ya ganaron” y sostuvo que “esta verdad vale no solo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos”.

“En algunos como Colombia, Bolivia y el Perú (el narcotráfico) avanza a ojos vista y en otros de manera más lenta”, precisó.

Vargas Llosa afirmó que el problema de fondo “no es policial sino económico” pues el mercado para las drogas crece en todos los países, afecta a todas las clases sociales, y “los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando”.

Citando al premio Nobel de Economía Milton Friedman identificó a “intereses poderosos” como los principales opositores a la legalización del consumo de las drogas que influyen para que los gobiernos permanezcan en la actual actitud represiva contra las drogas.

Según el escritor, los intereses son “los organismos y personas que viven de la represión de las drogas” y quienes se oponen “por razones de principio”.

Vargas Llosa junto a los novelistas Tomás Eloy Martínez, Paulo Coelho y ex presidentes de Latinoamérica advirtieron en febrero que las políticas represivas contra la producción y tráfico de drogas fracasaron en la región, y consideraron que un error “seguir las políticas prohibicionistas.

II. El caso dominicano y necesidad de reforma a la ley 50-88

Despues que en días pasados ciertos sectores de la prensa local, fue publicada un comentario de un Pastor llamado Ezequiel Molina Rosario, que dicho sea de paso es presidente de la ONG, Ministerio La Batalla de la Fe, en donde el mismo sugiere “la legalización de los estupefacientes como medio de lucha contra el narcotráfico”. Los sectores "conserevadores" arremetieron contra el mismo, desaprobando y reprendiendo al lider religioso. La histeria de los intelectuales fue de tal magnitud que hasta muchos feligreses del susodicho centro religioso le han sorprendido la posición del funcionario de la fe.

Independientemente de la satanización de las opiniones a favor de una reforma a la ley 50-88, tenemos que crear un debate consciente sobre la aplicabilidad de esta norma especial. Hay que identificar con la "máxima de experiencia" si realmente estamos viviendo una útopia o no, al respecto.

La sociedad civil debe por medio a un curso o seminario taller, inicial un debate pluralista sobre el tema, sin intereses mesquinos ni interezados, para primero acabar con los prejuicios al respecto. Hay que resaltar los estudios jurídicos-sociales, más que las opiniones de "los intelectuales de mercado", como diría Ricardo Arjona, en su canción "Si el Norte fuera el Sur", para convertirnos en verdaderos juristas del cambio social y justo para todos.

III. Posición de PUNTO LEGAL-RD

No esta demas señalar que la prohibición del consumo de una droga x, es inconstitucional. ¿Como se le puede impedir a un suicida que se mate? ¿Cómo se le puede obligar a un adicto a renunciar al consumo de estupefacientes desde el primer día de su rehabilitación? ¿Es un acto extremista del Estado controlar el consumo de drogas s sus ciudadanos?

El debate tiene que extenderse para lograr un proyecto de ley de reforma de la ley antidrogas de manera concertada y ante todo humanista. Que no solo los sectores oficiales opinen, que la sociedad civil haga su rol, sin obstaculo alguno. Legalizar el consumo, en ciertas circunstancias es una solución salomonica que el sistema de justicia dominicano, tiene y debe tomar en cuenta, para progresar en su política de seguridad.

Recuerden que un 70% de los presos o internos de las carceles del país, estan recluidos por violar la ley 50-88. Muchos de ellos son adictos, personas enfermas que necesitan con urgencia ayuda medica y psicologica especializada, no necesariamente estar tras las rejas, donde las precariedades del sistema penitenciario, agravan su pena.

Hace falta más apoyo a las agencias sin fines de lucro de rehabilitación. ¿Quíen no ha visto en la calle un paciente de Hogar Crea, o Casa Abierta, vendiendo empanadas o estiker para solventar su tratatamiento? A más de 20 años de la puesta en vigencia de la ley 50-88, esto debería no suceder. Otro punto que se agrega al debate de la reforma legal.

No es legalizar el consumo de drogas en toda su expresión, es flexibilizar la norma. Haciendose un estudio comparado, en los paises que han flexibilizado sus leyes, han experimentado un cambio: se han dado cuenta que la "fiebre no estaba en la sabana", que la adicción es una pandemia, pero nadie se alarma por ella. Que apesar del proceso de rehabilitación, el problema no se resuelve, pero si se controla.

De nada vale una persecución ciega a los adictos-consumidores, que muchas veces son procesados, como imputados normales, convirtiendose en vicitimas del sistema de justicia, donde los jueces se ven obligados a fallar condenas, para justificar una estadistica mensual, en pro de asegurar su empleo, más que garantizar una justicia integral, que en muchos casos, sin saber, que tienen en frente una persona enferma, que ha iniciado un camino sin retorno.

La Doctrina Vargas Llosa, puede constituir más allá de una reflexión personal un ingrediente importantisimo para inicial un debate nacional que llevaría una propuesta colectiva y pluralista para una reforma humanista y realista de nuestra legislación antidroga.

PUNTO LEGAL-RD 2010

Memorias Punto Legal 2009: hacia la 6ta. temporada

2009-12-23T13:11:00.000-08:00

MEMORIAS DE LOS ARTICULOS MAS DESTACADOS2009: FAVOR DE HACER CLICK.

1. INFORME LEGAL MES DE ENERO 2009

2.Actualidad Legal: Ley 480-08

3. BREVE ANALISIS DE LA LEY 492-08: CREA MAYOR SEGURIDAD Y CONTROL DE TRASPASO DE VEHICULOS DE MOTOR

4. JUSTIFICACION LEGAL DE UNA CANCELACION INJUSTA

5. EJECUTIVO PROMULGA LEY SOBRE PROCEDIMIENTO DE CASACION

6. Informe Legal: febrero 2009

7. SENTENCIA SOBRE CASO PEPE GOICO, BELKIS UBRI Y CPTS: CREA JURISPRUDENCIA

8. 1RA. CONVENCION NACIONAL DE DERECHO EN LA UASD: UN EXITO SIN PRECEDENTES

9. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ACLARA SOBRE LA LEY DE CASACION

10. 2 AÑOS DE INVESTIGACION SOCIO-JURIDICA...!

11. EL ABORTO: ¿Cuando debe ser despenalizado?

12. INFORME LEGAL ABRIL 2009

13. La Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos en la ciudad Primada de América

14. INFORME LEGAL: MAYO 2009

15. II Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores

16. NUEVA LEY 157-09: EN DEFENSA DE LA INVERSION AGROPECUARIA

17. Los Poderes Exhorbitantes del Juez de la Instrucción

18. ACTUALIDAD LEGISLATIVA

19. NADIE PUEDE VIOLAR LA CONSTITUCION: ni el Presidente

20. FORO CIUDADANO REALIZA "PANEL SOBRE SEGURIDAD NACIONAL: PUNTO LEGAL RD, PRESENTE

21. INFORME ESPECIAL: NUEVA LEY 179-09

22. INFORME LEGAL DEL MES DE JUNIO:

23. DERECHOS DEL CONSUMIDOR

24. NOVEDAD LEGISLATIVA

25. ACTUALIDAD LEGISLATIVA

26. Seminario de Delitos Informaticos, organizado por CEDDAL RD y CED-PUCMM: Punto Legal RD, presente!!

27. ANALISIS JURISPRUDENCIAL
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 29 LEY 437-06, A FAVOR DEL DERECHO A LA APELACIÓN

28. INFORME LEGAL: AUTO. NO. 16-09 SCJ

29. BIBLIOTECA VIRTUAL PONE A DISPOSICION NUEVAS LEYES

30. NUEVA LEY 178-09 AMPLIA PLAZOS A EMPRESAS PRIVADAS

31. INFORME LEGAL DE JULIO 2009:

32. ANALISIS DEL CASO EL SUJETO ¿AGRESOR?: LA MEDIDA DE COERCION

33. SENTENCIA SCJ, FAVORECE TELEFONICAS

34. EL DELITO INFORMÁTICO: REALIDAD PROCESAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

35. SCJ ACLARA SOBRE PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL

36. LA DOBLE INSTANCIA O DOBLE GRADO DE JURISDICCIÓN: LA JURISPRUDENCIA Y SUS VOTOS DISIDENTES

37.LA PARTICIPACION CIUDADANA EN R.D.

38. ENCUESTA REVELA 85 % CONDENAN QUE SE COBREN CURSOS EN EL CARD

39. Resolución Judicial Núm. 2802-09: el Proceso Penal y ley 278-04

40. SCJ EMITE NUEVA RES. 2669 para la Jurisdicción Inmobiliaria

41. CULMINA EXITOSAMENTE VIII COLAD EN LA UASD

42. El Caracter absoluto de la Prueba de ADN, en Acción de reclamación de Paternidad

43. LOS MENORES: AL DERECHO Y AL REVES

44. INFORME ESPECIAL: PUBLICAN SENTENCIA DEROGA DECRETO EN HONDURAS

45.PNUD declara no viable a La Cementera

46. EL Derecho de autor en la Nueva Constitución: OPINION

47. ASPECTO HISTORICO DE LA NACIONALIDAD

48. Apunte Doctrinal: III Congreso Nacional de la Defensa Pública

49. EL PODER DEL MAL EJEMPLO Y LOS MARBETES

50. 1er. Congreso Nacional en Derecho Familiar en la UASD

51. SOBEIDA FELIX MOREL: CRONOLOGIA JUDICIAL DE UN CASO COMPLEJO y REACCION DE LA PRENSA ESCRITA

52. La portabilidad numérica en la Nueva Constitución

53. ANALISIS JURIDICO: LEY 181-09

54. Constitución Pólitica Dominicana: Hoy y siempre

55. "Mi Voto es por el CARD": una campaña por la participación y la transparencia en las elecciones del CARD, 2009

56. ACONTECER ELECTORAL CARD 2009: LAS VOTACIONES

57. ACONTECER ELECTORAL (CARD): José Diego Garcia posible ganador

58. CONSUMO CONSCIENTE, PRESUPUESTO PRUDENTE

59. ACLARACIONES A LA MAGISTRADA ESMURDOC

60. PROYECTO DE LEY DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES: ¿EN BUSCA DEL CORRUPTO PERDIDO?

61. Los Actos del Proceso Penal: La Etapa Preparatoria, vólumen 1

AGRADECIMIENTOS AL VOLUNTARIADO NACIONAL, CONFORMADO POR LOS CIUDADANOS:

ANYELA ACEVEDO, DENIL BAEZ, PAMELA MEDINA, TAIPEY JOA SAAD, SABRINA RIVAS, MAXIMO MORETA, SONIA NOVA, GERMAN DIAZ, YOLANDA SURIEL, MADELINE FULCAR, QUENLLY BRITO, CASTALIA CARABALLO, MONICA ANDINO, CLAUDIO A. MEJIA, MARCOS J. PAULINO, HANSBER DIAZ MENDEZ, SONIA MTA. DE LA CRUZ, FRANCISCO RODRIGUEZ, LEOCAR MATEO, JOSE DIAZ BURGOS, ROSSANA HOLGUIN, SONIA DE LA CRUZ, MARIA FILPO,.... y un sevidor.

Fín de la 5ta. Temporada.

PUNTO LEGAL 2007-2009.

El Arresto: “Una medida de coerción… con límites”

2009-12-21T12:04:00.000-08:00

serie:

Los Actos del Proceso Penal

Capítulo 4

(Volumen 1: "La Etapa Preparatoria")

Por Iván Díaz

Después de presentar los análisis de los actos procesales de apertura del procedimiento preparatorio común, que se interponen ante las diversos organismos que integran el sistema de justicia penal dominicano, como son la denuncia, la querella y constitución en actor civil, y la citación; tenemos un nuevo análisis doctrinario práctico, titulado: “El Arresto: una medida…con limites”.

El arresto, es uno de los actos procesales mas criticados por juristas, por los medios de comunicación y la sociedad civil y política, ya sea por la restricción de derecho que esta encierra, ya sea por muchas violaciones a derechos humanos que se han cometido en la ejecución del nombrado acto. Es hora de explorar en este importante tema jurídico-penal en cada una de sus modalidades, así como la jurisprudencia.

I. El Arresto desde la Doctrina y su base legal

Según la oficialista Escuela Nacional de la Judicatura, conceptualmente el arresto es la “Privación de libertad de una persona ante la eventualidad de quedar sometida a un procedimiento penal”. (MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; Medidas de Coerción. Escuela Nacional de la Judicatura. 05 13Ob. Cit.).

Siguiendo el mismo criterio, existen tres tipos de arresto: arresto por particulares, arresto policial y arresto judicial, cuya base legal, la encontramos en el capitulo I del titulo II, que abarcan los artículos 224 y 225 del Código Procesal Penal (ley 76-02).
El arresto como medida cautelar de carácter personal, es dirigido por los principios que buscan garantizar los derechos del procesado, estos son:

A) el estatuto de libertad (15 y 222 C.P.P.): Que señala que Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar.

B) Legalidad (7 CPP): esto incluye los supuestos fácticos habilitantes de la privación o limitación de libertad previstos en la ley.Respeto a cauces y garantías establecidos en la ley. Previsibilidad de la ley, que debe estar formulada con precisión y certeza.

II. Naturaleza:

El arresto es una medida cautelar de naturaleza personal, aunque para algunos se trata de una medida precautelar. Está sometida a los principios generales que presiden la adopción de las medidas de coerción según el artículo 222 del Código Procesal Penal, salvo el principio de jurisdiccionalidad.

III. Clases de arrestos y su debido procedimiento

Existen según nuestra normativa procesal penal, tres clases de arrestos: a) Judicial; b) Policial; y c) Por particulares.

a) Arresto Judicial: El juez a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar el arresto cuando concurra alguno de los supuestos establecidos en el artículo 225 del CPP:

1) Cuando sea necesaria su presencia y existan elementos suficientes para sostener, razonablemente, que es autor o cómplice de una infracción, que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar. Este supuesto entraña tres requisitos: a) La necesidad de la presencia de la persona arrestada; b) Existencia de indicios suficientes para presumir, razonablemente, su participación en la comisión de un hecho con apariencia delictiva; c) Que concurran razones suficientes para presumir que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.

2) Después de ser citada a comparecer no lo hace y es necesaria su presencia durante la investigación o conocimiento de una infracción. Este supuesto está fundado en el incumplimiento de la obligación de comparecer previa citación oportuna, con indicación expresa del hecho atribuido y del objeto del acto. Para que se pueda dar este segundo supuesto el juez debe de ponderar la necesidad de la presencia de la persona durante la investigación o conocimiento de la infracción penal.

No hay que olvidar que el Juez no puede acordar de oficio el arresto en ninguno de estos casos, sino que es necesaria la previa solicitud del Ministerio Público.

El arresto judicial puede ser ordenado en la audiencia preliminar a pedimento del Ministerio Público o del querellante ante la ausencia del imputado. (300 CPP).

Además puede ser autorizado en el conocimiento del juicio oral cuando fuere necesario para asegurar la realización de la audiencia o un acto particular
de la misma. (306 CPP).

La declaratoria de rebeldía autoriza, también, que el juez pueda dictar orden de arresto a petición del Ministerio Público. (100-101 CPP).

En caso de contravenciones, el arresto es la única medida de coerción susceptible de ser adoptada, con un límite de tiempo de doce horas. (358 CPP).

b) Arresto Policial: La policía procede al arresto de una persona, cuando una orden judicial así lo ordene; no necesitando orden judicial bajo los siguientes supuestos:

1) Flagrancia: Cuando el imputado es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción.

2) Evasión o fuga: Cuando el imputado se ha evadido de un establecimiento penal o centro de detención. En realidad podemos decir que estamos ante un supuesto particular de flagrancia delictiva, pues la evasión o fuga del establecimiento penal o centro de detención, supone la comisión de un delito de quebrantamiento de condena o evasión de presos. Según la doctrina de avance, el delito de evasión es un delito de carácter continuo y en ese sentido la flagrancia se mantendrá hasta el apresamiento del fugado.

3) Concurrencia de sospecha razonable: Cuando el imputado tenga en su poder objetos, armas, instrumentos, evidencias o papeles que hagan presumir razonablemente que es autor o cómplice de una infracción y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.

Este supuesto entraña dos requisitos:

a) Que el imputado se encuentre en posesión de objetos que permitan presumir razonablemente que ha participado en la comisión de un hecho delictivo;

b) La necesidad de que concurran razones para presumir que puede ocultarse, fugarse, o ausentarse del lugar, lo que frustraría la eficacia de la investigación.

c) Arresto Por Particulares: Cualquier persona puede practicar el arresto cuando se trate de supuestos de flagrancia previstos en el artículo 224, numeral 1 del Código Procesal Penal. El particular tiene la obligación de entregar inmediatamente a la persona arrestada a la autoridad más cercana.

Exclusión: En el artículo 224 el Código Procesal Penal, se plantean dos supuestos de exclusión: 1) En función de la naturaleza de la infracción, como es el caso de las infracciones de Acción Privada; y 2) En función de la pena que llevan aparejada; en la especie, en las infracciones que no aparejen pena privativas de libertad no puede practicarse arresto.

ENTRE PARÉNTESIS: (Si bien es cierto el artículo 224 del CPP, prohíbe la imposición de la medida de coerción de arresto en las infracciones de acción privada, no menos cierto es que en la práctica, ante la situación de incomparecencia del imputado durante el conocimiento del juicio de fondo y por la imposibilidad de sustanciar y decidir la litis en ausencia del acusado, se ha adoptado la medida de declarar la rebeldía y ordenar el arresto por un plazo breve, que solo servirá para presentar al imputado por ante el juez que conoce del caso, esa es la única medida viable para garantizar que el imputado asista al proceso en cuestión).

IV. El Plazo en las clases de arresto

En el arresto policial, debe ponerse a la persona arrestada a disposición del Ministerio Público sin demora innecesaria, quien podrá disponer la libertad de la persona o solicitar del juez, luego de realizar las diligencias indispensables, y dentro de las 24 horas contadas a partir del arresto, la imposición de una medida de coerción, pero una nueva decisión ha creado jurisprudencia al respecto, extiendo este plazo a 48 horas.

V. Jurisprudencia: plazo constitucional del arresto, 48 horas

Según sentencia de la Cámara Penal de la SCJ, del 4 del mes de marzo del año 2009(Boletín Judicial inédito). Publicada en la edición Núm. 21, el periódico El Judicial del Poder Judicial, del mes de noviembre 2009, el plazo para someter a la persona privada de su libertad ante la autoridad judicial competente, es el establecido en la Constitución de la Republica y no es susceptible de disminución ni de aumento, no el de 24 horas contenido en el articulo 224, del código Procesal Penal.

“Considerando, que tal como alega el Ministerio Publico recurrente, el articulo 8, numeral 2, literal d, de la Constitución de la Republica expresa: “toda persona sometida privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención o puesta en libertad”; que dicho texto prima, desde todo punto de vista, sobre el articulo 224 del CPP, que fija en veinticuatro horas el plazo para someter a un arrestado a la autoridad judicial, en razón de que la Constitución siempre predominará sobre cualquier ley adjetiva como lo es la ley 76-02(Código Procesal Penal), por lo que la Corte a-qua hizo una incorrecta aplicación del derecho;

Considerando, que el articulo 46 de la Constitución de la República expresa: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución”;

Considerando, que en ese orden de ideas, es preciso consignar que la Constitución y las leyes adjetivas siempre protegen tanto los derechos de los justiciables, como los de las victimas y de la sociedad en su rol de persecutor de las infracciones penales, que por ende, en todos los casos será ilegal extender o reducir el referido plazo constitucional de 48 horas; por consiguiente, quienes interpretan el articulo 224 del CPP, es el que prima sobre aquella norma sustantiva, cometen un error, como lo hizo la corte a-qua, por lo que procede acoger el medio propuesto;..”.

No hay que ser muy docto en la ciencia jurídica para darse cuenta de que esta decisión además de ser controversial, crea un debate entre la legalidad y lo justo del debido proceso.

El principio procesal de Interpretación, el arresto y las decisiones de alzada están íntimamente relacionados. El artículo 25 de la ley 76-02, señala que “Las normas procesales que coarten la libertad o establezcan sanciones procesales se interpretan restrictivamente…”. Además, que “La analogía y la interpretación extensiva se permiten para favorecer la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades…”.

El debate jurídico, pica y se extiende. Espero que este análisis sirva de motivación al mismo.

A manera de Conclusión

Dejo en manos de los demás críticos del Derecho Dominicano, la extensión de este análisis doctrinal.

El arresto, como herramienta del proceso penal, no ha sufrido cambios significativos, su estudio ha sido objeto de críticas por diversas tendencias o escuelas filosóficas. Tanto el oficialismo estatal, como los críticos liberales no alineados, comparten el criterio que el Estado debe garantizar tanto las facultades de las victimas como del imputado, sin perjuicio de la seguridad de ambos y la protección de la sociedad. Pero cabe preguntar, ¿una percepción razonable de peligro esta por encima de los derechos fundamentales de una persona humana? ¿Hasta donde llega el garantismo, en procura de preservar los derechos humanos?

No olvidemos, que para determinar el cómputo de la pena a aplicar, se toma como referencia inicial, la orden judicial de arresto, así como las actas levantadas por la policía o agentes de organismos de inteligencia.

Las propuestas de reforma procesal penal, deben alinear el tiempo de duración del arresto, según el tipo de acción para que salgamos del circo procesal penal, que en cierta medida estamos inmersos.

Hasta el proximo capítulo.

5. La Prisión Preventiva: ¿regla o excepción?

Continuará...!

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

1. MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; Medidas de Coerción. Escuela Nacional de la Judicatura. 05 13Ob. Cit. 2006, Republica Dominicana.
2. GÓMEZ HERRERA, Darío, Vocablos y Conceptos del Código Procesal Penal, Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la justicia, 2007, R.D.
3. Constitución Política de la Republica Dominicana, 2002.
4. Código Procesal Penal, 2002.-

PUNTO LEGAL-RD 2007-2009

Los Actos del Proceso Penal: La Etapa Preparatoria, vólumen 1

2009-12-09T08:12:00.000-08:00

Haga clíck en índice de capítulos:

1. Los Actos del Proceso Penal: La Denuncia

2. LA QUERELLA: su debida instrumentación ante la jurisdicción penal

3.LOS ACTOS DE CITACIÓN Y CONDUCENCIA .

4. El Arresto: “Una medida de coerción… con límites” . Incluye Doctrina actualizada y Jurisprudencia inedita de la SCJ.

5. LOS ACTOS DEL PROCESO PENAL 05: LAS MEDIDAS DE COERCION(1 DE 3)

6. LOS ACTOS DEL PROCESO PENAL: LIBERTAD BAJO FIANZA VS PRISION PREVENTIVA

PUNTO LEGAL-RD
Derechos Reservados
2007-2010

LOS ACTOS DE CITACIÓN Y CONDUCENCIA

2009-12-09T07:27:00.000-08:00

Serie: Los Actos del Proceso Penal
Capítulo 03
Vol. 01

Por IVAN DIAZ

Resumen:

Una citación es una resolución dictada por un juez o acto aministrativo ordenado por un fiscal a través de la cual se envía una comunicación a una persona determinada para que se persone en el juicio o ante una vista de la Fiscalía, en un día y a una hora determinada. La citación puede llevarse a cabo tanto a las partes del proceso, como a terceros cuya presencia pueda ser necesaria para la tramitación del juicio o la investigación penal (testigos, peritos, etc.).

La citación se realiza a través de algún medio (por medio de un alguacil) que deje constancia de que el destinatario ha recibido la comunicación, para de esa forma poder tomar las medidas que sean oportunas si el citado desobedece al órgano jurisdiccional. Si la persona citada se puede ordenar la conducencia, ante el tribunal penal o ante el despacho del fiscal.

1. Concepto y características

La citación es la comunicación que el fiscal o el juez realizan a una persona con el objeto de que comparezca ante ellos para ser notificado, declarar o practicar algún otro acto (reconocimiento, pericia, etc...).

La citación es una limitación leve al derecho de locomoción, por cuanto se le impone a una persona la obligación de estar en un lugar determinado a una hora fijada bajo apercibimiento. En la citación del imputado, rigen las mismas normas que para las citaciones de los testigos. La misma deberá ser realizada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 223 del Código Procesal Penal.

Al respecto, hay que indicar que la ley 76-02, obliga que en las citaciones a los imputados se indique claramente que son emplazados en calidad de tal así como el objeto de la misma. La doctrina local recomienda que asimismo, es necesario advertir en la citación que tienen derecho a presentarse con abogado o a exigir uno de oficio, cuando el caso lo amerite.

Es importante advertir que una citación penal, si no es cumplida por el imputado o imputada, puede original, que el mismo sea conducido ante el Despacho del fiscal investigador y ser detenido por un plazo de 6 y 24 horas.

2) La conducencia

En aquellos casos en los que la persona debidamente citada no compareciese sin existir motivo justificado, el Código faculta al fiscal o al Ministerio Público a ordenar la conducción (Art. 199 C.P.P.).

La conducción es el acto mediante el cual una persona es llevada por la fuerza pública ante el fiscal, debido a que su presencia es indispensable para practicar un acto o notificación. Es el caso del testigo reticente, dicho sea de paso, muy frecuente en nuestros tribunales.

La conducción es subsidiaria de la citación: para ordenar la conducción es requisito que previamente se haya realizado citación y que el citado no haya acudido sin causa justificada.

No obstante, de forma excepcional se puede conducir, sin citación previa, en aquellos casos en los que existiese peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer la averiguación de la verdad (Art.175). Si bien el Código faculta genéricamente al Ministerio Público para ordenar la conducción, no podrá ordenarla directamente cuando se trate del imputado. En esos casos deberá realizarla con orden del juez. El fiscal podrá ordenar directamente la conducción de las personas que haya citado, en calidad distinta a la de imputado, que no hayan comparecido. En los casos de conducción sin citación previa (Art.175), será necesaria la orden de juez competente.

3) La presentación espontánea

El Código Procesal otorga el derecho a cualquier persona que considere que puede estar sindicada en procedimiento penal a presentarse espontáneamente ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchada, sin necesidad de ser citada (Art.254). Concordante con ello, el artículo 87 CPP señala que el sindicado podrá informar espontáneamente ante el Ministerio Público durante la etapa preparatoria.

De acuerdo a esta normativa, una persona puede presentarse a declarar ante el Ministerio Público para ser escuchado y el fiscal así deberá hacerlo.

4) Aplicación y efectividad de la conducencia

Esta herramienta de persecución penal, se puede utilizar según nuestra legislación en los casos de testigos reticentes (Art. 199 C.P.P.), en peritos in-comparecientes (328 C.P.P.) y excepcionalmente en la practica, administrativamente es usada en casos donde el imputado una vez citado, no comparece ante la autoridad fiscal.

En la etapa preparatoria o fase de investigación, el fiscal de manera excepcional ordena la conducencia. Una vez conducido el investigado, en un plazo de 6 horas, el mismo se debe depurar, es decir tomar la decisión si se somete o no ante el Juzgado de la Instrucción correspondiente, solicitándosele en su contra una orden de arresto, si requiere mas tiempo.

5) La conducencia irregular

Es un tipo de arresto de hecho. En la etapa preparatoria del proceso penal, no existe la orden de conducencia.

El titulo II, el capitulo I, nuestro norma procesal penal, presenta el titulo “ARRESTO Y CONDUCENCIA”, pero no conceptualiza esta ultima, de forma inmediata.

Solo en casos de flagrancia puede un agente policial conducir a una persona ante la autoridad competente. No existe tiempo definido para este proceso, pero según la practica policial, el tiempo razonable es de seis horas, para acabar cualquier depuración, respecto a la investigación.

Una persona que ha sido detenida de forma arbitraria con una conducencia irregular, debe de hacerse representar de inmediato por un abogado, quien deberá solicitar información sobre la situación del proceso ante el fiscal del caso, y si la persona no es puesta en libertad, interponer la acción de habeas corpus, al tribunal unipersonal de la instrucción.

6) La Citación Judicial en la jurisdicción Penal

En la administración y el tramite de notificaciones de las citaciones en los tribunales penales de cada distrito o departamento judicial del país, esta reglamentada por la resolución 1732-2005, del pleno de la Suprema Corte de justicia, emitida en fecha 15 de septiembre 2005.

El Artículo 2, enuncia el Marco Legal y el Propósito. Al tenor con las disposiciones del artículo 142 del Código Procesal Penal, este reglamento se dicta con el propósito de delinear los procedimientos que regirán la práctica para la tramitación de notificaciones, citaciones y comunicaciones judiciales. Define la Citación o convocatoria, como el acto judicial que emana del Secretario a requerimiento de las partes o del juez del tribunal dirigido a las partes, testigos, peritos y demás interesados en un proceso con la finalidad de avisarles que deben comparecer ante el tribunal que requiera su presencia.

Este reglamento crea el protocolo a utilizar cuando el caso se procesa ante los tribunales que integran la jurisdicción penal, trae la novedad de las notificaciones telemáticas o vía el correo electrónico del usuario. Bajo esta modalidad el abogado o abogada tanto de la parte agraviada como del imputado, ya puede recibir tanto las citaciones o convocatorias a audiencias, como las resoluciones o sentencias emitidas por los jueces, siempre y cuando deje constar de que es titular de una cuenta de correo electrónica, especificando que desea recibir estos actos judiciales por esta vía.

La citación en materia penal es la regla y la conducencia es la excepción. Es un acto administrativo, cuando emana de una autoridad de investigación y persecución; y cuando emana de un secretario de los tribunales es un acto judicial. Este acto se puede hacer llegar por acto de alguacil, en cualquiera de sus modalidades.

Se citan las victimas, imputados, testigos, peritos y testigos. Si los mismos no comparecen, pueden ser objeto de ser conducidos sea ante el despacho del ministerio publico o ante el juez.

Bibliografía:

1. ALBERTINA LOPEZ, Curso Virtual de Derecho Penal, Guatemala, 2008.
2. Ley 72-02: Código Procesal Penal. R.D. 2002.
3. resolución 1732-2005, del pleno de la Suprema Corte de justicia, emitida en fecha 15 de septiembre 2005.

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